Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario y la emergencia en Garrahan: su aplicación fue postergada
El Gobierno oficializó la promulgación de dos normativas clave. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos específicos necesarios en el Presupuesto Nacional. La decisión se tomó tras los rechazos parlamentarios a los vetos presidenciales.
El Congreso rechazó los vetos de Milei y consolidó dos leyes clave.
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. No obstante, la aplicación de ambas normativas quedó en suspenso hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Esta situación replica lo ocurrido hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La decisión fue oficializada en la madrugada del martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones argumentando el impacto fiscal que, según su consideración, traerían a las cuentas del Estado.
En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó la fuente de financiamiento para las erogaciones, incumpliendo la Ley N° 24.156.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por insistencia del Congreso tras el veto presidencial previo, apunta a sostener el presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
Uno de sus puntos centrales es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Los detalles de la ley de financiamiento universitario
Según los decretos, la variación del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024 fue del 34,89%, lo que implica un costo adicional estimado de $123.358.213.085 para el ejercicio en curso. Para el año 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $2.008.377.852.000.
En materia salarial, la ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
El Gobierno argumenta que, en ese lapso, los salarios aumentaron un 128,49%, frente a una inflación acumulada del 220,45%. Por lo tanto, para equiparar los salarios con la inflación, se debería otorgar un incremento del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la norma dispone que todas las sumas no remunerativas y no bonificables sean incorporadas a los salarios básicos, lo que representa un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente de determinadas categorías, con un costo estimado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026. La ley también establece la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, ajustadas según el IPC.
Esto implicaría un costo estimado de $72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.
Qué pasa con la ley de Emergencia Pediátrica: los detalles de la normativa
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil y fortalecer los sistemas de residencias médicas, con el Hospital Garrahan como emblema.
Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica.
Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000. El Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30% del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
En septiembre, el Gobierno había vetado el proyecto de ley de emergencia pediátrica, argumentando que «el Poder Legislativo Nacional pretendía impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad».
Pese a estos argumentos, el Congreso rechazó ambos vetos, lo que llevó al Ejecutivo a esta decisión de postergar la aplicación de las legislaciones.
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. No obstante, la aplicación de ambas normativas quedó en suspenso hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Esta situación replica lo ocurrido hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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