Negligencia y culpa
Ya han transcurrido más de seis años desde que casi 200 personas, la mayoría de ellas adolescentes, murieron en el incendio que devastó el boliche Cromañón en la Capital Federal, pero la Justicia sigue sin dictaminar las penas correspondientes a los considerados responsables del desastre. La demora no se debe sólo a la lentitud extrema que es típica de los procedimientos legales, sino también a que no ha sido del todo fácil determinar el grado de culpabilidad de los inspectores municipales, los músicos de la banda Callejeros y los encargados de manejar el boliche, comenzando con el dueño Omar Chabán. Al fin y al cabo, ninguno tuvo la menor intención de perjudicar a nadie; es razonable suponer que, de haber podido prever lo que sucedería, todos hubieran hecho lo posible por evitarlo. A su modo, dependían del sentido de responsabilidad de los demás, pero sucedió que el 30 de diciembre del 2004 la confianza ciega en la buena voluntad ajena, y la convicción de que en última instancia las muchas infracciones cometidas carecieron de importancia, tuvieron consecuencias trágicas. El miércoles de la semana pasada, los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación decidieron modificar un fallo anterior al considerar que los integrantes de Callejeros compartieron la culpa de Chabán, el que, a diferencia de los inspectores municipales, se vio beneficiado luego de haber sido condenado a 20 años de reclusión como coautor de incendio doloso. En opinión de abogados penalistas consultados por los medios, los cambios pueden justificarse, ya que, para hacer más impresionante y económicamente más rentable el espectáculo que brindaban, los músicos habían estimulado el uso de bengalas como la que provocó la catástrofe, mientras que al iniciarse la función que terminaría tan mal Chabán le había pedido al público no arriesgarse jugando con fuegos artificiales. La decisión original de absolver a Callejeros, acaso por creerlos irresponsables congénitos, nunca pudo justificarse, pero así y todo hay que subrayar que, antes de producirse el desastre, pocos se habían dado el trabajo de advertirles que en cualquier momento podrían provocar un incendio. En cuanto al papel de los funcionarios municipales responsables de la seguridad de boliches como Cromañón, su conducta fue claramente imperdonable, puesto que se habían acostumbrado a pasar por alto las infracciones habitualmente cometidas por empresarios del espectáculo. Por supuesto que el máximo responsable de lo que ocurrió fue el sujeto no identificado que, con imprudencia apenas concebible, disparó una bengala en un lugar cerrado, aunque es forzoso reconocer que incluso miembros del público que presuntamente eran conscientes de los riesgos planteados parecían creer que sería “autoritario” y por lo tanto inadmisible tratar de impedirlo. Es sin duda natural que algunos deudos de los adolescentes que murieron quisieran que todos los involucrados recibieran sentencias lo bastante duras como para reflejar las dimensiones de la tragedia. También lo es que los condenados que todavía están esperando que por fin la Justicia dicte las penas que les corresponden se hayan sentido víctimas de la sed de venganza de los familiares de los muertos. Supondrán que es injusto que deban pagar por haberse comportado como harían tantos otros en circunstancias similares, ya que en nuestro país la negligencia y la noción de que la transgresión debiera aplaudirse y que de todos modos resulta antipático insistir en acatar todas las reglas, forman parte de la cultura nacional desde hace muchas décadas. Por desgracia, es poco probable que el fallo del Tribunal de Casación ponga fin a esta tradición según la cual pisotear las normas es propio de rebeldes y por lo tanto debería tolerarse. Para muchos, pues, los músicos, los funcionarios públicos y los empresarios que se combinaron para posibilitar un siniestro tan inenarrablemente luctuoso sólo tuvieron la pésima suerte de verse involucrados en un accidente que pudo haberse producido en cualquier lugar aun cuando hubieran tomado todas las medidas exigidas por la ley. Sin embargo, aunque desastres tan terribles como el que segó tantas vidas en Cromañón son, por fortuna, muy poco comunes, la desidia no sólo aumenta la posibilidad de que ocurran sino que también incide de manera sumamente negativa en virtualmente todas las actividades nacionales.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 24 de abril de 2011
Ya han transcurrido más de seis años desde que casi 200 personas, la mayoría de ellas adolescentes, murieron en el incendio que devastó el boliche Cromañón en la Capital Federal, pero la Justicia sigue sin dictaminar las penas correspondientes a los considerados responsables del desastre. La demora no se debe sólo a la lentitud extrema que es típica de los procedimientos legales, sino también a que no ha sido del todo fácil determinar el grado de culpabilidad de los inspectores municipales, los músicos de la banda Callejeros y los encargados de manejar el boliche, comenzando con el dueño Omar Chabán. Al fin y al cabo, ninguno tuvo la menor intención de perjudicar a nadie; es razonable suponer que, de haber podido prever lo que sucedería, todos hubieran hecho lo posible por evitarlo. A su modo, dependían del sentido de responsabilidad de los demás, pero sucedió que el 30 de diciembre del 2004 la confianza ciega en la buena voluntad ajena, y la convicción de que en última instancia las muchas infracciones cometidas carecieron de importancia, tuvieron consecuencias trágicas. El miércoles de la semana pasada, los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación decidieron modificar un fallo anterior al considerar que los integrantes de Callejeros compartieron la culpa de Chabán, el que, a diferencia de los inspectores municipales, se vio beneficiado luego de haber sido condenado a 20 años de reclusión como coautor de incendio doloso. En opinión de abogados penalistas consultados por los medios, los cambios pueden justificarse, ya que, para hacer más impresionante y económicamente más rentable el espectáculo que brindaban, los músicos habían estimulado el uso de bengalas como la que provocó la catástrofe, mientras que al iniciarse la función que terminaría tan mal Chabán le había pedido al público no arriesgarse jugando con fuegos artificiales. La decisión original de absolver a Callejeros, acaso por creerlos irresponsables congénitos, nunca pudo justificarse, pero así y todo hay que subrayar que, antes de producirse el desastre, pocos se habían dado el trabajo de advertirles que en cualquier momento podrían provocar un incendio. En cuanto al papel de los funcionarios municipales responsables de la seguridad de boliches como Cromañón, su conducta fue claramente imperdonable, puesto que se habían acostumbrado a pasar por alto las infracciones habitualmente cometidas por empresarios del espectáculo. Por supuesto que el máximo responsable de lo que ocurrió fue el sujeto no identificado que, con imprudencia apenas concebible, disparó una bengala en un lugar cerrado, aunque es forzoso reconocer que incluso miembros del público que presuntamente eran conscientes de los riesgos planteados parecían creer que sería “autoritario” y por lo tanto inadmisible tratar de impedirlo. Es sin duda natural que algunos deudos de los adolescentes que murieron quisieran que todos los involucrados recibieran sentencias lo bastante duras como para reflejar las dimensiones de la tragedia. También lo es que los condenados que todavía están esperando que por fin la Justicia dicte las penas que les corresponden se hayan sentido víctimas de la sed de venganza de los familiares de los muertos. Supondrán que es injusto que deban pagar por haberse comportado como harían tantos otros en circunstancias similares, ya que en nuestro país la negligencia y la noción de que la transgresión debiera aplaudirse y que de todos modos resulta antipático insistir en acatar todas las reglas, forman parte de la cultura nacional desde hace muchas décadas. Por desgracia, es poco probable que el fallo del Tribunal de Casación ponga fin a esta tradición según la cual pisotear las normas es propio de rebeldes y por lo tanto debería tolerarse. Para muchos, pues, los músicos, los funcionarios públicos y los empresarios que se combinaron para posibilitar un siniestro tan inenarrablemente luctuoso sólo tuvieron la pésima suerte de verse involucrados en un accidente que pudo haberse producido en cualquier lugar aun cuando hubieran tomado todas las medidas exigidas por la ley. Sin embargo, aunque desastres tan terribles como el que segó tantas vidas en Cromañón son, por fortuna, muy poco comunes, la desidia no sólo aumenta la posibilidad de que ocurran sino que también incide de manera sumamente negativa en virtualmente todas las actividades nacionales.
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