La fiscalía formulará cargos al intendente de Campo Grande: comienza la investigación penal

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos realizará el próximo 23 de febrero la formulación de cargos al intendente en ejercicio de Campo Grande, Daniel Hernández, concejales y una particular por presunta administración fraudulenta vinculada a la compra directa de un terreno destinado a la construcción de una escuela en San Isidro. La instancia que da inicio a la investigación se desarrollará en el Foro Penal de Cipolletti.

La investigación en el fuero penal es impulsada por el fiscal Gustavo Herrera, quien incorporó al legajo documentación administrativa, actuaciones del Concejo Municipal y registros de la operación inmobiliaria. Desde el Ministerio Público Fiscal se encuadró provisoriamente el hecho en la figura de defraudación contra la administración pública agravada por la participación de funcionarios, calificación que deberá evaluarse en las distintas instancias del proceso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada a fines de septiembre de 2024 por el concejal Patricio Alejandro Ñewin del bloque Primero Río Negro, luego de que supuestamente se agotaran instancias institucionales dentro del cuerpo deliberativo.

De acuerdo con la denuncia el cuestionamiento no estuvo centrado en el uso de las tierras destinadas a la construcción de una escuela, sino en cómo se realizó la compra, por un monto total de 204 millones de pesos, que fue directa y sin licitación.

Los ediles señalaron que la operación se habría aprobado sin contar con la mayoría de votos necesaria dentro del Concejo y sin el conocimiento pleno del resto del cuerpo deliberativo. También plantearon que la adquisición se habría concretado sin respetar ordenanzas municipales vigentes.

Además, se mencionaron dudas sobre la identificación catastral y la documentación de titularidad de los lotes, la falta de servicios básicos al momento de la compra y el monto abonado, que según indicaron «no coincidía con valores de mercado».

Sin embargo, un punto importante es que hay un antecedente reciente en la vía civil, ya que el martes pasado se conoció un fallo judicial que dio una definición sobre la validez del acto municipal. La resolución firmada por la jueza María Adela Fernández confirmó la vigencia de la ordenanza que autorizó la compra y rechazó su anulación, tras una demanda presentada por los concejales.

Desde el ámbito judicial se aclaró que la formulación de cargos no implica una condena, sino el inicio formal de la investigación penal con control de un juez de garantías, instancia en la que se delimita el hecho atribuido y la participación de cada persona involucrada.

---

Denuncia contra el intendente de Campo Grande: qué pasó en la vía civil

---

En paralelo al expediente penal, los concejales Mónica Gabriela Gunkel y Patricio Alejandro Ñewin, en su carácter de integrantes del Concejo Municipal de Campo Grande, promovieron una demanda para que se declare la nulidad de la ordenanza que habilitó la compra directa del terreno.

Entre los argumentos expuestos se mencionó la falta de mayoría especial para aprobar la operación, presuntas irregularidades en la publicación oficial y la ausencia de un mecanismo de licitación pública. También se cuestionó el precio abonado en relación con valores de mercado.

La jueza interviniente, María Adela Fernández, analizó la documentación administrativa, los votos del Concejo y los antecedentes de la operación inmobiliaria. En su resolución sostuvo que la ordenanza ya había producido efectos jurídicos y que no correspondía dejarla sin efecto por esa vía.

El fallo, firmado el 10 de febrero, destacó que la compra se encontraba ejecutada y que la decisión administrativa generó derechos en terceros involucrados en la operación. Bajo ese criterio entendió que no se configuraban los extremos necesarios para declarar la nulidad absoluta.

Como resultado, la demanda fue rechazada y se impusieron las costas a la parte actora. De esta manera, la ordenanza que autorizó la adquisición del terreno se mantiene vigente, mientras la investigación penal continúa su curso en un expediente independiente.