Jornada favorable a Martini en la continuidad del juicio por Techo Digno en Bariloche

El juicio oral por la causa Techo Digno que enfrenta en Bariloche la exintendenta María Eugenia Martini avanzó hoy con cuatro nuevos testimonios, que no ofrecieron datos concluyentes para apuntalar la acusación de fiscalía, orientada a demostrar que el municipio certificó y pagó de modo irregular varias obras encuadradas en ese programa habitacional.

El último de los testigos en la tercera jornada del juicio fue el exconcejal y exlegislador Alejandro Ramos Mejía, quien resultó electo para el primero de esos cargos en la misma lista de Martini. Ramos Mejía subrayó que el municipio durante el período 2013 a 2015 (cuando ocurrieron los hechos investigados) enfrentaba una grave estrechez económica, pero aseguró que no le constaba “ninguna irregularidad” imputable a la intendenta.

El exconcejal, hoy referente del Frente Renovador en Río Negro, fue presentado como testigo por la defensa y en su relato fue más allá de lo que le preguntaban con varias inferencias políticas, por ejemplo para señalar que la actual situación del municipio es mucho más holgada que la anterior en disponibilidad de recursos.

También sostuvo que en la gestión de Martini los bloques opositores en el Concejo ejercían una fiscalización continua y muy severa de las cuentas públicas. Señaló que si hubieran existido desvíos de fondos o incumplimientos de algún convenio lo hubieran denunciado. Y no recordaba ningún reproche de ese tipo.

Ante una pregunta del abogado defensor de la exintendente, Sebastián Arrondo, Ramos Mejía dijo que el período final de Martini “era una época inflacionaria”, y que el pago de sueldos en el municipio era “principalísima obligación” del gobierno. Lo hizo para justificar el empleo para ese fin de fondos específicos que tenían otro destino, y aclaró que se trataba de una práctica permitida por la ordenanza de contabilidad. “Todas las gestiones lo hicieron”, afirmó.

Junto a Martini también está imputado en el juicio el exinspector municipal de obras Alfredo Milano. Se los acusa del delito de defraudación, por certificar la construcción de 825 viviendas que debían ejecutar las empresas Alusa y Oriente por encima de lo realmente construido, y habilitar los pagos respectivos, que se efectuaban con dinero girado por Nación.

Martini está acusada también de peculado, por el desvío de parte de esos fondos a otra cuenta municipal y emplearlos para construir plazos fijos.

Pulseada por las preguntas entre defensa y fiscalía

A su turno, el fiscal jefe Martín Lozada fue más incisivo en su interrogatorio y le preguntó a Ramos Mejía si “del mismo signo político” que la exintendenta y qué cantidad de transferencias de dinero recibía el municipio por parte del gobierno nacional. Algo que el testigo no pudo precisar. Varias de las preguntas fueron objetadas por Arrondo.

Sobre el punto clave del juicio -es decir la sobrecertificación de obras-, Ramos Mejía también se excusó de dar precisiones. “No lo sé puntualmente”, señaló. Y agregó a continuación: “para que se entienda, el municipio de Bariloche no es como cualquier municipio pequeño del Alto Valle Tiene 45 kilómetros de largo y varios kilómetros de ancho, tiene 500 kilómetros de ripio. Es imposible que un intendente esté en todo, es demencial el tamaño que tiene”.

En 2016 tomó el control el IPPV

Antes que el exconcejal prestaron declaración también los arquitectos Osvaldo Paván, Norberto Ortiz Elguea y Adrián Sartor, quienes relevaron el avance de los proyectos de Techo Digno en Bariloche por encargo del IPPV a comienzos de 2016, cuando Nación había tomado nota del atraso con las obras, convino en desligar al municipio de gestionarlas y las transfirió a la provincia.

Los tres inspectores describieron el trabajo realizado, dijeron conocer a Milano, elogiaron su trabajo y dijeron no saber qué había ocurrido con las certificaciones previas que realizó el municipio y que están objetadas por la fiscalía.

Sartor dijo que la firma de esos acuerdos de obra con los municipios fue una práctica que introdujo el último gobierno de Cristina Fernández, pero que no era lo habitual.

Observó también que se trataba de “un período inflacionario”, que Nación tiene un sistema de redeterminación de precios para las obras “mucho menos ágil” que el de la provincia por esa razón “podía generar inconvenientes” para los gobiernos locales.

El juicio continuará mañana con la declaración de varios testigos que estaban programados para hoy pero que no pudieron ser escuchados por problemas técnicos. En la nómina figura el entonces senador y hoy diputado nacional Miguel Pichetto.