Homicidio de Julián Salvo en El Bolsón: impugnación abre el debate y ordenan revisar si hubo «defensa privilegiada»
Un juez de Río Negro ordenó revisar si el crimen de Julián Salvo fue en "defensa privilegiada" y el caso volverá a ser analizado por un magistrado de Garantías. La presunción de una eventual invasión a la propiedad privada en horario nocturno pondrá en debate la continuidad de la prisión preventiva.
La causa transita con un solo imputado por el homicidio de Salvo. Foto Archivo.
En un giro para el legajo que investiga el homicidio de Julián Salvo en El Bolsón, la Justicia ordenó revisar las condiciones de detención de Richard Luciano Salazar. Tras una audiencia de impugnación marcada por cruces técnicos, el magistrado interviniente Martín Arroyo decidió revocar la resolución del juez de garantías anterior, quien se había negado a valorar evidencias «fundamentales» aportadas por la defensa. El fallo pone en discusión dos hipótesis y obliga a analizar si el hecho ocurrió en un contexto de defensa. El acusado no recuperó la libertad.
El caso, que se remonta a octubre de 2025, enfrenta dos narrativas irreconciliables. Mientras que el Ministerio Público Fiscal -con adhesión de la querella- sostiene que Salazar persiguió a la víctima hasta una esquina para asestarle una puñalada mortal, la defensa argumenta que el imputado repelió una invasión nocturna de su predio.
Este nuevo escenario procesal surge tras la declaración efectiva de Salazar y la presentación de testimonios que ubicarían el inicio de la violencia dentro de su patio, contradiciendo el relato acusatorio inicial que lo mantiene privado de su libertad.
El relato del acusado: «Entraron a robarle»
Durante la audiencia, el abogado defensor, Hugo Rubén Cancino, fue enfático al señalar que la audiencia de revisión previa estuvo «viciada de contenido» al negársele la posibilidad de hacer oír la evidencia.
Según el relato de Salazar, la madrugada del hecho se encontraba descansando cuando oyó que forzaban el alambrado de su casa. El imputado describió cómo dos personas, la víctima Julián Salvo y otra persona, saltaron el cerco perimetral con aparentes fines de robo. «La contienda se dio íntegramente dentro de su predio», sostuvo la defensa, desmintiendo la persecución en la vía pública.
Un punto crítico en la versión de Salazar es un episodio de riña donde una piedra arrojada por Jaque habría impactado accidentalmente en la cabeza de Salvo. El acusado afirmó que nunca salió de su domicilio y que fue su propio cuñado quien llamó a la policía al ver que estaba siendo agredido. Para la defensa, estos elementos hacen «crujir» la teoría oficial y exigen una readecuación de la calificación legal, alegando que Salazar solo se enteró de la gravedad de las heridas de Salvo cuando llegó el personal policial.
La postura fiscal y las denuncias de la querella
Por su parte, el fiscal Francisco Arrien mantuvo la firmeza de su acusación, señalando que «la teoría del caso de la fiscalía se está convalidando en todos sus términos». Para los acusadores, el apuñalamiento ocurrió a 20 metros de la casa, lo que descarta cualquier atenuante de legítima defensa. El fiscal subrayó que el riesgo procesal de entorpecimiento es «altísimo», dado que todos los testigos son conocidos de las partes y Salazar podría influir en sus declaraciones si recupera la libertad.
A esta postura se sumó la querella, a cargo de María Paz Del Valle, que introdujo denuncias de gravedad institucional. Según los representantes de la familia Salvo, Salazar habría utilizado teléfonos de otros internos para comunicarse con un menor de edad y pedirle que se atribuyera el hecho. «El imputado ha intentado influir en los testigos y terceros estando privado de su libertad», afirmaron, mencionando incluso contactos con la expareja de la víctima, lo que incrementó el temor en el entorno de Salvo.
El fallo técnico: ¿Qué es la legítima defensa privilegiada?
La decisión del juez de impugnación se centró en un análisis profundo del artículo 109 del Código Procesal Penal. El magistrado recordó que para sostener una prisión preventiva debe existir una «participación punible» probable. Al introducirse la hipótesis de un rechazo a un escalamiento nocturno, entra en juego el artículo 34 del Código Penal, que establece la legítima defensa privilegiada. «Aquí la ley invierte la carga de la prueba», explicó el juez, señalando que es la fiscalía quien ahora debe demostrar que no hubo tal escenario de defensa.
Finalmente, el magistrado resolvió que el juez de garantías debe «tomar contacto con la evidencia» y profundizar en los planteos de la defensa antes de resolver sobre la libertad del imputado. Aunque Salazar permanecerá detenido hasta la nueva audiencia, el fallo representa la apertura de otra instancia para debatir una presunción legal que podría favorecer al acusado.
«Si el escenario es aquel que la ley presume como legítima defensa, se pone en crisis el primer requisito de la prisión preventiva», concluyó el juez.
En un giro para el legajo que investiga el homicidio de Julián Salvo en El Bolsón, la Justicia ordenó revisar las condiciones de detención de Richard Luciano Salazar. Tras una audiencia de impugnación marcada por cruces técnicos, el magistrado interviniente Martín Arroyo decidió revocar la resolución del juez de garantías anterior, quien se había negado a valorar evidencias "fundamentales" aportadas por la defensa. El fallo pone en discusión dos hipótesis y obliga a analizar si el hecho ocurrió en un contexto de defensa. El acusado no recuperó la libertad.
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