¿Lobby petrolero o connivencia?

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Hace tres años, el 13 de enero de 1999, este diario me publicó un artículo titulado «¿Inseguridad o lobby»? donde contaba cómo la provincia del Neuquén se defendía y denunciaba presiones de las petroleras ejercidas a través de Carlos Bulgheroni (ex Bridas) en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. En aquel entonces, reclamaban a las provincias que el pago del impuesto a los Sellos implicaba una situación de inseguridad jurídica.

Argumentaban que no estaba previsto el impuesto a los Sellos y que ello implicaba «reiterpretación» y «retroactividad» de las normas y que así se modificaban las reglas de juego acordadas al momento de adjudicar las concesiones. Sin embargo planteaba Neuquén que estos impuestos existieron siempre y surgía entonces el interrogante, «¿percepción de inseguridad jurídica o lobby empresario?»

Al asumir sus funciones como vicegobernador de la provincia en diciembre de 1999, Jorge Sapag denunciaba al «imperialismo encarnado en las empresas petroleras». Pocos meses después se firmaba la la prórroga de Loma de la Lata 17 años antes de su vencimiento.

Pocos días antes del patético «cuadro» de gobernadores y petroleras haciendo lobby, el subsecretario de Hacienda de la provincia salió a desmentir categóricamente las afirmaciones del senador Sergio Gallia: «Por eso sorprende la posición del senador cuando dice que la provincia del Neuquén ha trabajado en beneficio de las petroleras. Eso es una mentira total. Se defendió los intereses de Neuquén» (sic. Claudio Silvestrini, 9/1/2002).

Sin embargo, a pesar de los dichos de Silvestrini, los sucesos ocurrieron en forma diametralmente opuesta: la provincia del Neuquén, lejos de efectuar cargo alguno, en cabeza del mismo gobernador, muy suelto, fue directamente de la mano de las petroleras, con el mismísimo Carlos Bulgheroni (aquel que pretendía no pagar el impuesto a los Sellos a Neuquén), a hacer presión -lobby- en favor de las corporaciones de empresas petroleras para que no se les aplique el derecho a las exportaciones de hidrocarburos, autorizado por la ley 25.561, recientemente sancionada.

No cabe duda de la importancia económica que para la provincia tiene la actividad hidrocarburífera y de la necesidad que requiere cualquier actividad de reglas claras y estables, de incentivos y de un ambiente adecuado para que se concreten inversiones: el Estado como «catalizador».

Tampoco debe confundirse el rol del Estado convirtiéndose en socio de las petroleras. La tarea del Estado es controlar que la actividad resulte segura en todos sus aspectos, se desarrolle bajo una explotación racional, en armonía con el medio ambiente, respetando las normas y que las regalías sean bien liquidadas.

Intercambio de favores

Favores son amores: se ha conocido que algunas empresas, a solicitud del gobernador, aceptaron pagar anticipadamente las regalías para que el Estado pudiese cumplir con sus obligaciones de pagar en término los salarios de los empleados de la administración pública.

Este último mes las empresas no hicieron el favor y el resultado es que los empleados aún no han cobrado. Lo mismo ocurrió con tantas otras promesas: el intercambio de los Lecop por efectivo, los miles de puestos de trabajo, las inversiones multimillonarias, los trabajadores golondrina que viajaban a España y la festejada venta de gas a California para que no tuvieran apagones.

En contrapartida, el Poder Ejecutivo provincial suspendió el reclamo del pasivo ambiental de 1.000 millones de dólares a raíz del estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vetó a pedido de las empresas petroleras las leyes provinciales aprobadas por unanimidad en la Legislatura de Zonas Protegidas y del Medio Ambiente y eximió de 112 millones de dólares de impuesto a los Sellos a Repsol-YPF.

Este es el gran favor: estamos convencidos de que la prórroga adjudicada en forma directa 17 años antes de su vencimiento del contrato de concesión del área Loma de la Lata, el yacimiento más rico en explotación del Cono Sur y que incluye el yacimiento de gas de Sierra Barrosa, arrastrará al gobernador con su propio escándalo.

Conceptualmente el artículo 207 de nuestra Constitución provincial es muy claro: «Ninguna concesión podrá ser prorrogada antes de vencer el término acordado y sin previa licitación pública». Entre otras irregularidades, ninguna de estas dos premisas se cumplió en este caso.

Es más, dicha prórroga no se encuentra vigente en la medida en que aún no fue «aprobada o desechada por la Legislatura provincial», como convenio celebrado con la Nación (artículo 101, inciso 2, de la Constitución de la Provincia del Neuquén). Sin duda la historia escribirá una hoja negra con estos acontecimientos.

Esperemos que la Justicia investigue con profundidad e independencia estos hechos y así el «verde» dinero resulte en prosperidad para toda la ciudadanía y no sólo para los políticos que comprometen el futuro y regalan el patrimonio de la provincia.

Desde ya este artículo y otros anteriores constituyen suficiente motivo para que algún juez probo -o la distraída Fiscalía de Estado- se aboquen a una investigación de oficio sobre estos temas, ya que son materia de delitos penales, de orden público, comenzando así a restaurar la tan alicaída confianza popular en los poderes del Estado.

Bijouterie peligrosa

Para disimular, el gobierno dice haber defendido a los neuquinos y que evitó, con una modificación de la versión original del proyecto de ley de Emergencia Económica (ley 25.561) recién sancionada, que se nos quiten U$S 100 millones de regalías por año -por supuesto sin ningún sostén de cálculo serio- cuando en definitiva nunca estuvo en riesgo, ya que la liquidación de las regalías es completamente independiente de la carga impositiva o gravámenes.

Por el contrario, más que un logro para la provincia, lo que se obtuvo fue un peligroso antecedente de duda al incorporarse una aclaración innecesaria.

Lo que aparece como terrible es que sólo en el ideario del actual gobierno, en sociedad con las empresas, cabe esta triste estampa del gobernador Sobisch, con su par del Chubut junto con Carlos Bulgheroni, yendo sin desparpajo a hacer lobby frente al presidente Duhalde como lo más natural del mundo.

Vergüenza ajena sentimos los neuquinos, para quienes el fin no justifica los medios, por el accionar de un gobierno que lejos de cuidar la ética tampoco lo hace con la «estética».

En esta situación de extrema gravedad, de la cual nuestro Neuquén no es ajeno, coincidimos con Mario Vargas Llosa cuando afirma que «la sociedad resistirá mejor el sacrificio si le dice la verdad, que si se le sigue mintiendo y pretendiendo que con analgésicos se puede combatir eficazmente un tumor». Podríamos agregar a ello que este tipo de manejos «políticos» no contribuye a la credibilidad de la clase política, ni a la paz social y menos en emergencia como la que atravesamos.

La reconstrucción de una provincia y de un país en quiebra requiere, entre otras muchas cosas, la recuperación de la credibilidad de la clase política. Esto no se consigue de la noche a la mañana, y menos aún desvirtuando el rol del Estado, prometiendo y engañando. Ya no hay margen para maniobras calculadoras ni acuerdos de connivencia. Es cierto que el esfuerzo lo debemos hacer entre todos los ciudadanos, pero sin trastrocar el deber del Estado por parte de sus funcionaros, ni soslayando el cumplimiento de la ley.

(*) Ex subsecretario de Energía de la provincia del Neuquén.