Alertan que se dispararon los concursos preventivos de pymes en el 2025: la comparación con la pandemia

La entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) reportó un incremento superior al 130% en la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el último año y estimó que las cifras de 2026 superarán los registros de la pandemia. El presidente de la organización, Daniel Rosato, solicitó al gobierno de Javier Milei una intervención en el sector, y pidió al Congreso el tratamiento de una ley de emergencia económica para evitar el cierre masivo de empresas.

“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, alertó Rosato.

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El incremento de los procesos judiciales en el fuero comercial

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El reporte de la entidad detalló el correlato de la situación económica en los tribunales. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provistos por IPA, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023; es decir un incremento del 131,71%”.

A modo de contraste, la cámara recordó que durante el ciclo pico de la pandemia se habían ejecutado 106 concursos preventivos de crisis.

La tendencia continuó durante el inicio del año en curso, dado que “durante el lapso transcurrido del primer trimestre judicial, es decir los meses de febrero, marzo y abril de 2026, se abrieron 92 procesos concursales”.

Para dimensionar la estadística, remarcaron que “en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”.

Al analizar las causas que llevan a las firmas a un “fatal resultado falencial”, el informe mencionó que las empresas operan actualmente con una “capacidad ociosa del 40,2%”. No obstante, Pizzano aclaró que el aspecto más complejo de los cierres no es el costo contable, ya que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y micro entorno de las empresas”.

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Piden una ley de emergencia por el impacto en la actividad empresarial y el mercado laboral

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Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución de sus bienes, la organización propuso implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las Pymes puedan recuperar capital de trabajo”.

IPA detalló la necesidad de avanzar en el ámbito legislativo indicando que “se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de Emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc«.

En este sentido, acotaron que no se trata de «modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de Emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”.

En esta misma línea, Pizzano sostuvo que “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, lo que permitiría sostener la operatividad financiera de las fábricas hasta que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.

La institución concluyó que la medida jurídica debe acompañarse de otras políticas, debido a que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.

En este marco, el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, brindó cifras sobre el cese de actividades. A través de un documento oficial de la entidad, precisó que “la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”.

Como consecuencia de este proceso de extinción de unidades productivas, el texto señaló que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.

El informe de la cámara empresaria advirtió además que la contracción en la producción generó un proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, lo que arroja un saldo negativo calificado por la institución como “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.

Ante este escenario, Pizzano explicó que empresas multinacionales dejaron el país y que otras firmas locales decidieron modificar su matriz para subsistir, ya que “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.