La Justicia ordenó frenar el avance petrolero en las Islas Malvinas de Rockhopper y Navitas

La titular del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar dictada en el marco de una acción preventiva de daño ambiental colectivo y ordenó la abstención inmediata de cualquier acto de ejecución del proyecto hidrocarburífero «Sea Lion». La resolución alcanza a las petroleras Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited, las cuales planeaban desarrollar actividades de perforación offshore a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.

La decisión judicial se sustenta en la falta absoluta de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las habilitaciones legales exigidas por las autoridades argentinas competentes, contraviniendo la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley N° 26.659 de actividad hidrocarburífera. En su fallo, la magistrada ponderó la protección del ambiente marino como un bien colectivo e indivisible, aplicando los principios de prevención y precaución frente al riesgo de alteraciones irreversibles en el ecosistema austral.

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Alcance de la restricción y actividades paralizadas

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El fallo ordena a ambas compañías frenar o abstenerse de iniciar perforaciones en el lecho o subsuelo marino, así como la instalación de infraestructura submarina, conductos, líneas de flujo y sistemas de fondeo permanente destinados a la producción. Asimismo, la medida alcanza a la colocación de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y a la extracción comercial de hidrocarburos.

La resolución abarca también al componente logístico terrestre, prohibiendo la ejecución o habilitación de obras portuarias, bases operativas, plantas de preparación de lodos de perforación y depósitos de insumos en el territorio insular orientados a sostener la operación costa afuera. Esta abstención se mantendrá vigente hasta tanto las firmas cumplan con la tramitación de la correspondiente evaluación ambiental ante el Estado argentino o la magistrada disponga lo contrario.

Según los números que se expresan en la presentación, el megaproyecto contempla la perforación de 23 pozos en total: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas. Además, la obra incluía una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y la construcción de una base logística en Puerto Argentino con una extensión de entre 80.000 y 120.000 metros cuadrados.

Este nivel de avance operativo se sostenía en la «Decisión Final de Inversión» adoptada por las empresas en diciembre de 2025, un movimiento de mercado que había sido rechazado formalmente por la Cancillería argentina el 11 de diciembre de ese mismo año.

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La resolución de 2022 que complica a Navitas: la magistrada ordenó investigar un «gris» societario

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Si bien la Justicia avaló la prohibición operativa, la magistrada decidió «frenar» y diferir provisionalmente el pedido de las organizaciones demandantes para bloquear la actividad económica de las petroleras. El CECIM y la AAdeAA habían solicitado prohibir la celebración de nuevos contratos de financiamiento, el cobro de desembolsos, pagos, transferencias y la constitución de garantías. Borruto desestimó aplicar esto de inmediato por considerarlo una medida desproporcionada que operaría como una inhibición general de bienes y podría afectar a terceros (como entidades financieras y aseguradoras) sin haberlos oído previamente, exigiendo primero informes detallados sobre la estructura de inversión.

En paralelo, la jueza ordenó a la Secretaría de Energía investigar un «gris» societario en torno a las demandadas. Mientras Rockhopper arrastra una inhabilitación vigente dictada por el Gobierno argentino, el expediente expone que una sanción similar (Resolución 240/2022) recayó sobre «Navitas Petroleum LP», una persona jurídica distinta a la empresa apuntada en esta demanda específica, constituida como «Navitas Petroleum Development and Production Limited».

A fin de despejar dudas, se requirió al Ejecutivo que determine la relación societaria exacta entre ambas entidades, aclarando que esta dualidad legal no exime a la firma demandada de la suspensión operativa, dado que la falta de permisos ambientales recae sobre su propia conducta.

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El Gobierno amplió la lista de empresas denunciadas

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Sin precisar nombres, el gobierno nacional anunció este martes que ampliará la lista de empresas hidrocarburíferas denunciadas por exploraciones ilegales en las Islas Malvinas. El encargado de brindar el anuncio fue el vocero Adrián Ravier, quien informó que más firmas serán acusadas por operar sin control en las costas del archipielago.

En una conferencia brindada esta mañana, Ravier expresó que «se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”.

El registro formal incluyó a la firma Shlomo Eliahu Holdings Ltda., de capitales israelíes y accionista de Navitas Petroleum, junto con cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: los británicos Ab Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd..

También incluyó la firma Smr Advisors Sam desde Mónaco y la entidad bancaria Mizrahi Tefahot Bank Ltd. con sede en Israel. Ambas operadoras encabezan el desarrollo de la cuenca Sea Lion, el proyecto que predente iniciar las perforaciones exploratorias en el corto plazo con la meta de arrancar la fase productiva comercial en 2028.

Las penalizaciones recayeron además sobre el directivo británico David Williamson Dobson, inscripto en las nóminas públicas en calidad de socio y presidente no ejecutivo de la firma Borders & Southern.

La nómina de personas físicas sancionadas abarca también a los representantes de la corporación Eco: el director ejecutivo Gil Holzman, los directores Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, la integrante Alice Carroll y el director financiero Gabi Levin.

Respecto de las firmas prestadoras de servicios, la resolución incorporó a la sociedad neerlandesa Bluewater Energy Services BV, catalogada dentro de la causa como proveedora estratégica de infraestructura. Bajo la misma figura operativa se sumó la británica Bluewater Sea Lion Production Company Limited, junto a Noble Corporation UK Ltd., con domicilio en Gran Bretaña, identificada como la casa matriz de la empresa contratista.

Estas últimas incorporaciones ampliaron el listado original de 45 compañías y ejecutivos penalizados que se conoció el jueves 3 de septiembre.

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Los continuos repudios del Estado argentino al avance petrolero británico en las Islas Malvinas

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En diciembre de 2025, las compañías habían anunciado su decisión final de inversión a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv, que incluía un monto de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera parte de Sea Lion, lo que generó el rechazó del gobierno nacional y las provincias.

«Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», se expresó entonces desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Anteriormente, en el 2022, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, anunciaron el dictado de la resolución que inhabilitaba a la empresa israelí Navitas Petrolem LP, por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina bajo «licencias ilegales».

«La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades», apuntaron.

Asimismo, Cancillería argentina sacó un comunicado en el 2020 en el que informaba que la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC, la cual fue inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño, dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.

A esto, sumaron que Rockhopper Exploration, la compañía de exploración y producción de petróleo y gas con intereses claves en la Cuenca de Malvinas Norte, anunció que Rockhopper y Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) firmaron un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.

Por su parte, resaltaron que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.557 sobre «Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental», con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

Estas acciones por parte del Estado se vienen replicando desde el 2012 (cuando se inhabilitaron a cinco empresas vinculadas a la exploración británica en suelo argentino) y se continuaron en el 2015, cuando se declararon ilegales otras dos compañías más.