El clima juega en contra

Redacción

Por Redacción

Desde los tiempos bíblicos, todo agricultor sabe que los años gordos suelen verse seguidos por otros flacos. Fue en buena medida por esta razón que las organizaciones del sector suspendieron sus luchas internas para rebelarse juntas contra el intento del gobierno de aprovechar el boom de la soja privando a los productores de recursos que necesitarían para sobrevivir cuando las condiciones meteorológicas les resultaran adversas. Pues bien: a menos que llueva mucho muy pronto, al campo le espera un año terrible. En algunas zonas del país, en especial de la pampa húmeda, se estima que la sequía que está prolongándose ya es peor que la de 1965 y que las pérdidas serán enormes, afectando sobre todo al maíz pero también, de manera creciente, a la soja, además de la ganadería. Las perspectivas cada vez más alarmantes ante el agro han hecho subir los precios de los granos y oleaginosas en los mercados internacionales, pero en esta ocasión los beneficios para el país de tales aumentos serán escasos. Asimismo, por ser la soja nuestra exportación más rentable, de agravarse la sequía el gobierno vería reducirse estrepitosamente los ingresos que tanto han contribuido a mantener llena la famosa caja. El viejo dicho de que el país se salva con una buena cosecha también significa que una mala tendrá repercusiones muy fuertes. Por ser cuestión de un fenómeno cíclico, hay que prepararse de antemano para la eventualidad, pero por ser el gobierno actual contrario al campo por lo que supone son motivos ideológicos –puede que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siga creyéndolo un reducto de oligarcas golpistas–, además de ser miope por principio, apostó a que los agricultores continuaran suministrándole los recursos que precisaría para seguir aumentando su poder. Se equivocó, claro está. Por lo demás, al difundirse la conciencia de que a causa de la sequía el campo se enfrenta con una etapa sumamente difícil, está resurgiendo la alianza informal que en el 2008 –otro año signado por pérdidas– se las arregló para hundir, con la ayuda imprescindible del en aquel entonces vicepresidente Julio Cobos, el proyecto oficial de retenciones móviles. Distintas entidades rurales están reclamando que el gobierno reaccione declarando la emergencia agropecuaria y creando un fondo anticrisis que, según el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, tendría que sumar por lo menos 2.000 millones de dólares, una cuarta parte del monto que se recauda anualmente en concepto de retenciones, pedido éste que respaldan dirigentes del radicalismo y de la “disidencia” peronista, entre otros. Para el gobierno nacional y, claro está, para el resto del país, la sequía devastadora se ha producido en un momento muy inoportuno. Ya está en marcha un ajuste muy duro, calificado de “sintonía fina” por los voceros oficiales, que ha provocado conflictos violentos en Santa Cruz y tensión creciente en otras provincias, entre ellas Río Negro, mientras que en adelante los habitantes de las zonas supuestamente más prósperas de la capital federal y el conurbano bonaerense tendrán que pagar mucho más por el agua, luz y gas que consuman. Por lo demás, el peligro de que la crisis del euro termine teniendo un efecto muy negativo en la economía internacional que, claro está, repercutiría con fuerza aquí, por blindado que estuviera “el modelo” kirchnerista, no puede sino ser motivo de viva preocupación entre los encargados de manejar la economía nacional. Ya antes de hacerse sentir la sequía, se preveía que se desaceleraría este año la tasa de crecimiento al 4% aproximadamente, pero a juzgar por lo que está sucediendo en el mercado de bonos muchos temen que la ralentización sea más abrupta de lo que vaticinaban los forzosamente optimistas voceros gubernamentales. De haber aprovechado el gobierno el período de años gordos que se inició en los meses finales del 2002, fue interrumpido brevemente en el 2009 pero entonces pudo reanudarse, para emprender una estrategia anticíclica, estaría en condiciones de amortiguar el impacto de un fenómeno climático que debió haber previsto, pero, es innecesario decirlo, por lo de “subordinar lo económico a lo político” prefirió mofarse de los agoreros que le advertían que los buenos tiempos no durarían para siempre.


Desde los tiempos bíblicos, todo agricultor sabe que los años gordos suelen verse seguidos por otros flacos. Fue en buena medida por esta razón que las organizaciones del sector suspendieron sus luchas internas para rebelarse juntas contra el intento del gobierno de aprovechar el boom de la soja privando a los productores de recursos que necesitarían para sobrevivir cuando las condiciones meteorológicas les resultaran adversas. Pues bien: a menos que llueva mucho muy pronto, al campo le espera un año terrible. En algunas zonas del país, en especial de la pampa húmeda, se estima que la sequía que está prolongándose ya es peor que la de 1965 y que las pérdidas serán enormes, afectando sobre todo al maíz pero también, de manera creciente, a la soja, además de la ganadería. Las perspectivas cada vez más alarmantes ante el agro han hecho subir los precios de los granos y oleaginosas en los mercados internacionales, pero en esta ocasión los beneficios para el país de tales aumentos serán escasos. Asimismo, por ser la soja nuestra exportación más rentable, de agravarse la sequía el gobierno vería reducirse estrepitosamente los ingresos que tanto han contribuido a mantener llena la famosa caja. El viejo dicho de que el país se salva con una buena cosecha también significa que una mala tendrá repercusiones muy fuertes. Por ser cuestión de un fenómeno cíclico, hay que prepararse de antemano para la eventualidad, pero por ser el gobierno actual contrario al campo por lo que supone son motivos ideológicos –puede que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siga creyéndolo un reducto de oligarcas golpistas–, además de ser miope por principio, apostó a que los agricultores continuaran suministrándole los recursos que precisaría para seguir aumentando su poder. Se equivocó, claro está. Por lo demás, al difundirse la conciencia de que a causa de la sequía el campo se enfrenta con una etapa sumamente difícil, está resurgiendo la alianza informal que en el 2008 –otro año signado por pérdidas– se las arregló para hundir, con la ayuda imprescindible del en aquel entonces vicepresidente Julio Cobos, el proyecto oficial de retenciones móviles. Distintas entidades rurales están reclamando que el gobierno reaccione declarando la emergencia agropecuaria y creando un fondo anticrisis que, según el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, tendría que sumar por lo menos 2.000 millones de dólares, una cuarta parte del monto que se recauda anualmente en concepto de retenciones, pedido éste que respaldan dirigentes del radicalismo y de la “disidencia” peronista, entre otros. Para el gobierno nacional y, claro está, para el resto del país, la sequía devastadora se ha producido en un momento muy inoportuno. Ya está en marcha un ajuste muy duro, calificado de “sintonía fina” por los voceros oficiales, que ha provocado conflictos violentos en Santa Cruz y tensión creciente en otras provincias, entre ellas Río Negro, mientras que en adelante los habitantes de las zonas supuestamente más prósperas de la capital federal y el conurbano bonaerense tendrán que pagar mucho más por el agua, luz y gas que consuman. Por lo demás, el peligro de que la crisis del euro termine teniendo un efecto muy negativo en la economía internacional que, claro está, repercutiría con fuerza aquí, por blindado que estuviera “el modelo” kirchnerista, no puede sino ser motivo de viva preocupación entre los encargados de manejar la economía nacional. Ya antes de hacerse sentir la sequía, se preveía que se desaceleraría este año la tasa de crecimiento al 4% aproximadamente, pero a juzgar por lo que está sucediendo en el mercado de bonos muchos temen que la ralentización sea más abrupta de lo que vaticinaban los forzosamente optimistas voceros gubernamentales. De haber aprovechado el gobierno el período de años gordos que se inició en los meses finales del 2002, fue interrumpido brevemente en el 2009 pero entonces pudo reanudarse, para emprender una estrategia anticíclica, estaría en condiciones de amortiguar el impacto de un fenómeno climático que debió haber previsto, pero, es innecesario decirlo, por lo de “subordinar lo económico a lo político” prefirió mofarse de los agoreros que le advertían que los buenos tiempos no durarían para siempre.

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