Las opciones de Pepe

Redacción

Por Redacción

Para países pequeños que colindan con otros de dimensiones que son decididamente mayores, como es el caso del Uruguay, nunca es fácil defender sus propios intereses cuando se ven amenazados por las pretensiones a veces desmedidas de sus vecinos. Lo entiende muy bien el presidente José “Pepe” Mujica, quien para disgusto de sus compatriotas ha preferido reaccionar con ecuanimidad frente a las acusaciones formuladas por nuestro canciller Héctor Timerman, según las cuales el gobierno uruguayo se ha negado a colaborar con la investigación del asunto de los sobornos que supuestamente fueron ofrecidos en el marco de la licitación para el dragado del canal Martín García en el río de la Plata. Conforme a fuentes uruguayas, funcionarios argentinos querían que el contrato fuera otorgado a una empresa holandesa, Riovía, de ahí las presuntas coimas destinadas a facilitar el negocio, pero parecería que nunca sabremos si realmente era así porque Mujica está mucho más interesado en ahorrarse más problemas que en correr el riesgo de provocar una reedición de la disputa larga y acrimoniosa que fue ocasionada por la construcción de un gran complejo papelero frente a Gualeguaychú, disputa en que los uruguayos se anotaron un triunfo a lo Pirro, ya que resultaron muy grandes los costos económicos que les causó el bloqueo organizado por ambientalistas apoyados por el gobierno kirchnerista. En su momento, el conflicto en torno a las papeleras de la empresa finlandesa fue atribuido por algunos a la negativa de los europeos de aceptar las condiciones, a su entender ilegítimas, propuestas por las autoridades de la provincia de Entre Ríos, o sea, al clima de corrupción imperante en nuestro país, pero, desde luego, sólo se trataba de sospechas basadas, como suele suceder, en rumores no verificables. Así y todo, a esta altura no cabe duda de que nuestra reputación en dicho ámbito es tan mala que muchos propenden a creer en la veracidad de virtualmente cualquier denuncia, por extravagante que fuera, aun cuando no haya posibilidad alguna de encontrar evidencia presuntamente confiable que sirviera para confirmarla. La situación sería distinta si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner optara por emular a su homóloga brasileña Dilma Rousseff, quien ha declarado la guerra contra la corrupción que es endémica en la clase política y administración pública de su país, pero no parece tener la más mínima intención de hacerlo, actitud que, dadas las circunstancias, puede entenderse. Al fin y al cabo, si Cristina decidiera depurar las filas oficialistas de personajes como el vicepresidente Amado Boudou que se han visto acusados de violar las reglas, se pondría en marcha un proceso, de desenlace incierto, que con toda seguridad desataría una crisis política mayúscula. De todos modos, es comprensible que muchos uruguayos hayan llegado a la conclusión de que les convendría más adoptar una estrategia nacional similar a la de Chile, país cuyos dirigentes creen que los eventuales beneficios de la integración regional serían escasos en comparación con los supuestos por la voluntad actual de aprovechar la globalización. Además de tener que soportar la proximidad de la Argentina, cuyos gobiernos se han acostumbrado a tratar a su vecino como si fuera una provincia díscola, con frecuencia los uruguayos se ven constreñidos a ceder frente a las presiones del Brasil. Puesto que tanto la Argentina como Brasil son países de tradiciones proteccionistas, siempre dispuestos a tomar de un día para otro medidas que podrían perjudicar a los socios más pequeños, sería lógico que, en cuanto se sientan capaces de valerse por sí mismos, los uruguayos optaran por alejarse del Mercosur. Puesto que en los años últimos Uruguay ha progresado mucho, no sólo mejorando sustancialmente el nivel educativo de la población sino también creando un clima de negocios que impresiona favorablemente a los inversores internacionales, no extrañaría en absoluto que, de continuar produciéndose conflictos con la Argentina que tienen su raíz en las diferencias muy grandes entre las culturas políticas de sociedades que en otros ámbitos tienen mucho en común, el gobierno uruguayo decidiera cortar por lo sano abandonando el Mercosur.


Para países pequeños que colindan con otros de dimensiones que son decididamente mayores, como es el caso del Uruguay, nunca es fácil defender sus propios intereses cuando se ven amenazados por las pretensiones a veces desmedidas de sus vecinos. Lo entiende muy bien el presidente José “Pepe” Mujica, quien para disgusto de sus compatriotas ha preferido reaccionar con ecuanimidad frente a las acusaciones formuladas por nuestro canciller Héctor Timerman, según las cuales el gobierno uruguayo se ha negado a colaborar con la investigación del asunto de los sobornos que supuestamente fueron ofrecidos en el marco de la licitación para el dragado del canal Martín García en el río de la Plata. Conforme a fuentes uruguayas, funcionarios argentinos querían que el contrato fuera otorgado a una empresa holandesa, Riovía, de ahí las presuntas coimas destinadas a facilitar el negocio, pero parecería que nunca sabremos si realmente era así porque Mujica está mucho más interesado en ahorrarse más problemas que en correr el riesgo de provocar una reedición de la disputa larga y acrimoniosa que fue ocasionada por la construcción de un gran complejo papelero frente a Gualeguaychú, disputa en que los uruguayos se anotaron un triunfo a lo Pirro, ya que resultaron muy grandes los costos económicos que les causó el bloqueo organizado por ambientalistas apoyados por el gobierno kirchnerista. En su momento, el conflicto en torno a las papeleras de la empresa finlandesa fue atribuido por algunos a la negativa de los europeos de aceptar las condiciones, a su entender ilegítimas, propuestas por las autoridades de la provincia de Entre Ríos, o sea, al clima de corrupción imperante en nuestro país, pero, desde luego, sólo se trataba de sospechas basadas, como suele suceder, en rumores no verificables. Así y todo, a esta altura no cabe duda de que nuestra reputación en dicho ámbito es tan mala que muchos propenden a creer en la veracidad de virtualmente cualquier denuncia, por extravagante que fuera, aun cuando no haya posibilidad alguna de encontrar evidencia presuntamente confiable que sirviera para confirmarla. La situación sería distinta si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner optara por emular a su homóloga brasileña Dilma Rousseff, quien ha declarado la guerra contra la corrupción que es endémica en la clase política y administración pública de su país, pero no parece tener la más mínima intención de hacerlo, actitud que, dadas las circunstancias, puede entenderse. Al fin y al cabo, si Cristina decidiera depurar las filas oficialistas de personajes como el vicepresidente Amado Boudou que se han visto acusados de violar las reglas, se pondría en marcha un proceso, de desenlace incierto, que con toda seguridad desataría una crisis política mayúscula. De todos modos, es comprensible que muchos uruguayos hayan llegado a la conclusión de que les convendría más adoptar una estrategia nacional similar a la de Chile, país cuyos dirigentes creen que los eventuales beneficios de la integración regional serían escasos en comparación con los supuestos por la voluntad actual de aprovechar la globalización. Además de tener que soportar la proximidad de la Argentina, cuyos gobiernos se han acostumbrado a tratar a su vecino como si fuera una provincia díscola, con frecuencia los uruguayos se ven constreñidos a ceder frente a las presiones del Brasil. Puesto que tanto la Argentina como Brasil son países de tradiciones proteccionistas, siempre dispuestos a tomar de un día para otro medidas que podrían perjudicar a los socios más pequeños, sería lógico que, en cuanto se sientan capaces de valerse por sí mismos, los uruguayos optaran por alejarse del Mercosur. Puesto que en los años últimos Uruguay ha progresado mucho, no sólo mejorando sustancialmente el nivel educativo de la población sino también creando un clima de negocios que impresiona favorablemente a los inversores internacionales, no extrañaría en absoluto que, de continuar produciéndose conflictos con la Argentina que tienen su raíz en las diferencias muy grandes entre las culturas políticas de sociedades que en otros ámbitos tienen mucho en común, el gobierno uruguayo decidiera cortar por lo sano abandonando el Mercosur.

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