Políticos frente al desempleo

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Con muy escasas excepciones, los interesados en las vicisitudes políticas de Estados Unidos coinciden en que el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre dependerá de la evolución de la tasa de desocupación. Dicen creer que si se mantiene por encima del 8% –en julio llegó al 8,3%– a Barack Obama le será muy difícil conservar su propio empleo, pero si se reduce, aunque fuera por muy poco, podría derrotar con cierta facilidad a su insulso rival republicano Mitt Romney. A primera vista, el planteo así supuesto parece excesivamente sencillo, ya que los desempleados conforman una proporción alta de los millones que no suelen votar en las elecciones norteamericanas, pero no lo es si tenemos en cuenta “la sensación térmica” causada por pequeñas variaciones estadísticas. Para muchos, el índice de empleo refleja mejor que cualquier otro el estado de la economía y por lo tanto el nivel actual significa que apenas ha comenzado a recuperarse de los golpes que le fueron asestados por el sismo financiero del 2008. Asimismo, se ha difundido el temor nada arbitrario de que tanto Estados Unidos como otros países desarrollados ya se encuentren en la fase inicial de lo que será una etapa en que el mercado laboral se haga cada vez más selectivo de lo que era en el pasado reciente. Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los economistas suponía que un año o dos de crecimiento vigoroso conllevaría automáticamente la creación de abundantes fuentes de trabajo apropiadas para la mano de obra disponible, pero sucede que, merced al progreso tecnológico y a las oportunidades brindadas por la globalización, una economía nacional puede producir más sin por eso generar una gran cantidad de empleos bien remunerados aptos para los obreros comunes. Lo mismo que aquellas empresas que ven subir el valor de sus acciones en la bolsa debido a la voluntad de los directivos de despedir a miles de operarios y gerentes que a su juicio son superfluos, una economía más productiva puede depender del aporte de un puñado de especialistas. Dicha realidad plantea un dilema difícil a los dirigentes políticos. En la práctica, gobiernos que, por razones humanitarias o meramente electoralistas, procuran asegurar el pleno empleo, propenden a hacerlo aumentando las dimensiones de las reparticiones públicas y por lo tanto intensificando la presión tributaria, o subsidiando a empresas dispuestas a dar trabajo a personas que en verdad no precisan, lo que, huelga decirlo, atenta contra la competitividad. Sin embargo, si un gobierno se siente obligado a dar prioridad a la eficiencia del conjunto, como es el caso actualmente en muchos países europeos que están perdiendo terreno en comparación con los asiáticos, las medidas que tome perjudicarán a quienes no poseen las calificaciones técnicas o administrativas que se consideran necesarias para una economía avanzada. En Estados Unidos, está ampliándose con rapidez la brecha entre los ingresos de los graduados de las universidades de elite por un lado y los que no han conseguido diplomas educativos prestigiosos por el otro. Aunque casi todos los políticos norteamericanos se afirman alarmados por esta tendencia, atribuyéndola ya a la rapacidad de una minoría de empresarios y financistas irresponsables, ya a los errores que en su opinión ha cometido el gobierno de Obama, en el fondo se trata de una consecuencia previsible de la revolución tecnológica que está en marcha. Parecería que se han ido los días en que, para producir bienes de consumo masivo en cantidades suficientes, se necesitaban fábricas gigantescas en las que miles de personas cumplían tareas rutinarias. También están resultando anacrónicas, y demasiado costosas, las burocracias estatales superpobladas que tradicionalmente han servido como fuentes de trabajo para los reacios a soportar las exigencias del sector privado, de ahí los programas de “austeridad” que han emprendido tantos gobiernos europeos. Para los preocupados por la competitividad de las distintas economías, los cambios que están tratando de impulsar los líderes de los países del norte de Europa son lógicos, pero por ser tan negativo el impacto social de las medidas que a regañadientes están adoptando sus homólogos del sur, no hay ninguna garantía de que brinden los resultados deseados.