Choque fatal

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Era de prever que un día el gobierno del presidente Eduardo Duhalde -a pesar de su voluntad de tolerar, por motivos netamente tácticos, todas las protestas atribuibles a una situación social desesperante- se sentiría obligado a intentar poner fin a los cortes de ruta y otros desmanes protagonizados por activistas encapuchados. Como comenzaba a comprender, muchos suponían que la pasividad oficial frente a la provocación de tales individuos se habrá debido a un pacto de no agresión del peronismo del conurbano bonaerense con los piqueteros que, por plantear una amenaza a la clase media, contribuían a intimidar a los cacerolistas. Puesto que tales sospechas servían para socavar la autoridad de su gobierno, a Duhalde no le quedaba más alternativa que la de mostrarse resuelto a garantizar cierto respeto por la ley.

También era de prever que en los choques resultantes habría muertos y heridos. Trátese de «infiltrados» violentos como afirma el gobierno o de los militantes políticos supuestamente pacíficos de siempre, desde hace varios años distintos grupos de piqueteros están procurando provocar un «levantamiento popular», pretensión que ningún gobierno podría pasar por alto. Por supuesto, anoche comenzó a hacerse evidente que algunos policías que el miércoles pasado se enfrentaron con medio millar de activistas en Avellaneda se desempeñaron con brutalidad excesiva.

Aunque el resto hubiera actuado con un grado de profesionalismo excepcional, no les hubiera sido nada fácil impedir lo que efectivamente sucedió. Es necesario que los graves hechos sean debidamente investigados, pero es poco razonable dar por descontado que todos los policías atacaron sin motivo alguno a un grupo de ciudadanos inocentes.

Si bien en el curso de los cinco años últimos el clima de violencia generado por los cortes de ruta y otras manifestaciones piqueteras ha sido más aparente que real, nadie debería haber ignorado que la situación tranquilizadora así supuesta podría modificarse en cualquier momento. Sin embargo, por haberse acostumbrado el país tanto a la idea de que todas las protestas de este tipo, por basarse en reclamos sin duda comprensibles pero no por eso realistas, debieran permitirse porque, al fin y al cabo, no provocaban demasiados destrozos, el estallido de violencia ha ocasionado mucha sorpresa e indignación, como si la mayoría creyera que sólo era cuestión de un juego bien conocido en el que por entender las reglas policías y piqueteros se limitarían a cumplir sus papeles rutinarios. Con todo, no fue del todo sorprendente que en un choque entre policías y manifestantes, algunos presuntamente armados, se hayan producido víctimas mortales. Por el contrario, estaba escrito que esto ocurriría. Lo único sorprendente es que a partir de los incidentes que precedieron a la caída del gobierno del presidente Fernando de la Rúa y hasta hace muy poco no haya habido muchos muertos más.

Como ya es habitual frente a hechos de esta clase, muchos sectores están procurando aprovechar lo sucedido en puente Pueyrredón para llevar agua a sus propios molinos. Es innecesario decir que los más beneficiados han sido los piqueteros mismos y las agrupaciones políticas contestatarias que siempre han sido conscientes del inmenso valor propagandístico de los «mártires». Sin vacilar un solo instante, los voceros de diversos partidos izquierdistas y organizaciones piqueteras se han puesto a acusar al gobierno de Duhalde de haber optado por una política de represión salvaje, mientras que según la diputada Elisa Carrió, «el régimen está ingresando en una fase final autoritaria. Hay riesgo democrático». Puede que la precandidata presidencial esté en lo cierto, pero en tal caso no sería consecuencia tanto de la vocación autoritaria del peronismo bonaerense cuanto del deseo indisimulado de muchas facciones extremistas de verse frente a una dictadura auténtica, lo cual, suponen, serviría para legitimar su propia violencia. Aunque Duhalde llegó a la presidencia gracias en buena medida a los aportes de manifestantes sumamente agresivos, desde entonces no ha sido autoritario en absoluto, sin duda por entender que de producirse un gran estallido estaría entre las primeras víctimas.