El pasado que se repite

El mismo intendente enfrentó en el 2006 un juicio político –que fue archivado– por otro accidente en una construcción.

Redacción

Por Redacción

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

El derrumbe que causó víctimas fatales en el supermercado ubicado en el corazón comercial del oeste de la capital encendió esta semana una luz roja en el gobierno municipal de Horacio Quiroga. El debate y la investigación sobre las responsabilidades que deberá asumir cada uno de los actores de esta tremenda tragedia, que pudo haberse evitado, recién empiezan. El intendente de Neuquén ya conoce el alcance que puede tener un problema de estas características. Quiroga transitó, en el 2006, por un caso similar que lo llevó a las puertas de un juicio político que finalmente fue archivado. En aquella ocasión el derrumbe de una bandeja protectora llena de escombros de una obra en construcción, sucedido el 21 de junio del referido año, provocó la muerte de Sofía Pacek. El lamentable suceso ocurrió en momentos en que la mujer dormía en su casa. Seis años después, algunos funcionarios que intervinieron en decisiones clave del juicio político se encuentran hoy ante un problema similar, de mayor magnitud, pero ocupando roles diferentes. Marcelo Bermúdez, secretario de Coordinación de la gestión de Quiroga, era el presidente de la Sala Acusadora del Concejo Deliberante que por unanimidad archivó el juicio político pocos meses después de ocurrido el accidente. En la negociación para cerrar el caso intervinieron, entre otros, el actual secretario de Gobierno, Marcelo Inaudi, que en el 2006 asesoró al intendente en este proceso, y el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, que por entonces asesoraba al MPN y en calidad de tal participó en el trámite del acuerdo. Por último, el actual jefe de los fiscales de la provincia, José Gerez, fue subsecretario Legal y Técnico de Quiroga en la gestión en la que Pacek murió aplastada. La investigación judicial del nuevo caso será la que determinará la cadena de responsabilidades. En esta tarea hay un juez de instrucción, Mauricio Zabala, y tres fiscales: el de turno, Ignacio Di Maggio; el de Cámara, Pablo Vignaroli, y la de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada. Detrás de ellos, monitoreando el trabajo, se encuentra Gerez. Las primeras medidas judiciales apuntaron a la municipalidad, a la persona que figura como dueño del predio en los registros municipales y al profesional responsable de la construcción. En todos los casos la Justicia resolvió efectuar allanamientos, una práctica que se aplica cuando se está frente a un sospechoso. Si la municipalidad no lo fuera, hubiese alcanzado con un oficio pidiendo información. La Justicia secuestró diferentes tipos de documentos para estudiarlos. Los fiscales empezaron a acumular expedientes, contratos y multas, entre otros papeles. En el contexto de esta investigación, Quiroga deberá demostrar, entre otras cosas, que la obra era clandestina, como dijo en la primera declaración efectuada tras el derrumbe. Todo lo que hizo u omitió la municipalidad en torno de la obra y el predio donde estaban ubicados los departamentos que se desplomaron sobre el techo del supermercado el jueves a última hora de la tarde es materia de esta investigación. Bajo la misma lupa están el dueño y el constructor responsable. Una vez finalizado el duelo por las víctimas, el intendente tendrá que lidiar con el frente político. En el entorno de Quiroga esperan que eso suceda pese a que, por el momento, los concejales de la oposición han sido prudentes en sus manifestaciones. Los controles se perfilan como eje de las críticas por venir. El razonamiento, ya instalado pero no verbalizado, consiste en pensar en que la política del intendente ha sido eficaz con lavacoches, vendedores ambulantes y feriantes, pero débil en otras áreas centrales, como los monitoreos en las construcciones donde se admite la existencia de 500.000 metros cuadrados ilegales. El 2015 Aunque no está reconocido formalmente, el intendente tiene un proyecto para instalarse como candidato a gobernador en el 2015, pero este inesperado y trágico evento lo coloca ante un desafío. Antes de que ocurriera el derrumbe, Jorge Sapag practicó un movimiento imperceptible con la clara intención de empezar a incidir en la fuerza que comienzan a acumular los candidatos con proyección a la próxima contienda electoral por los cargos provinciales. En el aniversario de Cutral Co, palmeó la espalda del intendente Ramón Rioseco y abofeteó delicadamente a Quiroga. Rioseco ya está lanzado como candidato a gobernador para el 2015 y los elogios de Sapag sirvieron para diferenciarlo de Quiroga. Al destacar la actitud de diálogo y entendimiento del intendente de Cutral Co, el gobernador no hizo otra cosa que ensayar una antigua fórmula de la política: subirle el precio a uno y bajar el del otro. El motivo que le permitió al gobernador mostrar este contraste es la puja planteada en torno a la relación de los municipios con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento. En la capital el intendente decidió enfrentar a la provincia con un listado de exigencias antes de firmar el contrato de concesión con la empresa, mientras que Rioseco acompañó al gobernador en una política que apunta a garantizar el abastecimiento de agua en Cutral Co y Plaza Huincul mediante la creación de un ente regulador con la participación de los municipios. Éste fue el ejemplo más reciente de lo que puede ser una estrategia de Sapag para que las alas de los adversarios políticos no crezcan demasiado.


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