Compromiso de “acciones concretas” ante la Justicia

Redacción

Por Redacción

El 22 de octubre las autoridades del Poder Judicial rionegrino se reunieron con diez funcionarios del gabinete de Alberto Weretilneck para abordar la problemática de las cárceles y concluyeron “en la imperiosa necesidad en cuanto a que el Estado provincial en su conjunto posea una planificación integral del sistema carcelario, que contemple infraestructura, recursos humanos, sustento económico-financiero, etcétera, que conlleve en definitiva al cumplimiento de toda la normativa constitucional e infraconstitucional relacionada con aquellas personas privadas de su libertad por parte del Estado”. Por unanimidad, coincidieron en que la cárcel de Bariloche es “prioritaria” por la gravedad de su situación. Así quedó plasmado en un acta firmada por los 15 funcionarios. La audiencia fue para que los jueces del STJ expusieran ante el Ejecutivo qué habían encontrado al inspeccionar todas las cárceles provinciales entre septiembre y octubre y para que desde el gobierno explicaran por qué no se habían cumplido las órdenes judiciales dictadas hace dos años, que mandaban a encauzar soluciones inmediatas (fallos “Balog” del STJ). Se acordó que en un “plazo máximo fijado para el 14 de diciembre de 2012 el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno presentará una planificación integral relativa a los aspectos objeto de tratamiento, de la cual surgirán acciones concretas, con plazos específicos y razonables, con responsables de cumplimiento y con previsión presupuestaria y financiera que se corresponderá con la totalidad de los establecimientos carcelarios provinciales”. Aquel día también se prometió ante la Justicia formar una “unidad coordinadora” para “la planificación y ejecución de (…) la administración y manejo cotidiano de las cárceles con el objeto de solucionar en el más breve plazo posible aquellas deficiencias de cualquier tipo que (…) no permiten, por su entidad, postergación en cuanto su solución”. A la fecha, la creación de esa unidad –que deberá estar integrada por referentes de Gobierno, Obras Públicas, Salud, Educación y Hacienda– no ha sido anunciada.


El 22 de octubre las autoridades del Poder Judicial rionegrino se reunieron con diez funcionarios del gabinete de Alberto Weretilneck para abordar la problemática de las cárceles y concluyeron “en la imperiosa necesidad en cuanto a que el Estado provincial en su conjunto posea una planificación integral del sistema carcelario, que contemple infraestructura, recursos humanos, sustento económico-financiero, etcétera, que conlleve en definitiva al cumplimiento de toda la normativa constitucional e infraconstitucional relacionada con aquellas personas privadas de su libertad por parte del Estado”. Por unanimidad, coincidieron en que la cárcel de Bariloche es “prioritaria” por la gravedad de su situación. Así quedó plasmado en un acta firmada por los 15 funcionarios. La audiencia fue para que los jueces del STJ expusieran ante el Ejecutivo qué habían encontrado al inspeccionar todas las cárceles provinciales entre septiembre y octubre y para que desde el gobierno explicaran por qué no se habían cumplido las órdenes judiciales dictadas hace dos años, que mandaban a encauzar soluciones inmediatas (fallos “Balog” del STJ). Se acordó que en un “plazo máximo fijado para el 14 de diciembre de 2012 el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno presentará una planificación integral relativa a los aspectos objeto de tratamiento, de la cual surgirán acciones concretas, con plazos específicos y razonables, con responsables de cumplimiento y con previsión presupuestaria y financiera que se corresponderá con la totalidad de los establecimientos carcelarios provinciales”. Aquel día también se prometió ante la Justicia formar una “unidad coordinadora” para “la planificación y ejecución de (...) la administración y manejo cotidiano de las cárceles con el objeto de solucionar en el más breve plazo posible aquellas deficiencias de cualquier tipo que (...) no permiten, por su entidad, postergación en cuanto su solución”. A la fecha, la creación de esa unidad –que deberá estar integrada por referentes de Gobierno, Obras Públicas, Salud, Educación y Hacienda– no ha sido anunciada.

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