La moda y la degeneración del poder penal

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Los nuevos “enemigos” del Estado

GUSTAVO L. VITALE (*)

En un Estado constitucional y democrático de derecho, a diferencia de los estados autoritarios, la respuesta penal (y sobre todo el encierro carcelario) debe reservarse para los hechos de mayor gravedad (como lo ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos). Ello, en parte, debido a los efectos nocivos que produce la vida carcelaria. Las políticas estatales deben enfrentar los conflictos por medio de medidas preventivas de acciones lesivas, fundamentalmente en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, sueldo digno. La respuesta penal es la última medida a la que recurrir y, dentro de ésta, la última, el encarcelamiento de personas. El Estado debe recurrir, antes que a la vía más violenta (juicios penales y penalidades), a todas las alternativas posibles de enfrentamiento de conflictos (tal como se exige en el plano internacional), a los efectos de no agravar las situaciones de violencia y buscar, en lo posible, algunas soluciones. La suspensión del juicio a prueba es una de esas alternativas, que tiene la ventaja, entre otras, de conseguir que el imputado haga cursos de formación laboral o, entre numerosas medidas, lograr tratamientos psicológicos (que con la condena penal no se consigue). Estas medidas pueden servir, mucho más que la cárcel, para evitar reiteraciones de hechos lesivos (que la prisión reproduce). Contra un derecho penal constitucional (y humanitario) conspira la creación de “enemigos” a los que se quiere tratar como si no fueran personas (como si fueran monstruos), pretendiendo no reconocer para ellos los derechos que se les reconocen a otros. Entre esos “enemigos”, en diferentes lugares y épocas, están los judíos, los comunistas, los negros, los latinos. Es difícil de entender que, en pleno período democrático y con buena dosis de demagogia, se haya puesto de moda el aumento del autoritarismo penal por medio de la creación de “nuevos enemigos del Estado”. Los principales enemigos de nuestro sistema penal han sido siempre los pobres, que pueblan los juzgados y las cárceles (a través de un discurso engañoso que prácticamente identifica a los pobres con los delincuentes). También se han convertido en enemigos a las personas meramente acusadas de delito (sosteniendo temiblemente que deben estar presas aunque no se sepa si son culpables o inocentes), a los niños (postulando penalizarlos cada vez desde más chicos o quejándose de la supuesta “benignidad” de su trato legal), a los conductores de vehículos (pretendiendo tratarlos como homicidas frente a cada accidente de tránsito), a los ladrones de animales de los dueños de campos (para los que se aumentaron enormemente las penas de prisión, en “protección” de estos últimos), a los que cortan rutas (a los que se vive amenazando con criminalizarlos por sus protestas sociales, en lugar de buscarse soluciones políticas a los reclamos) y así podemos sumar y sumar situaciones de aumento de la violencia punitiva estatal, que no han hecho otra cosa que represivisar la democracia. Actualmente, la moda ha dado lugar a la creación de otros enemigos: los acusados de delitos sexuales o contra mujeres. Después de convertirse a los defensores de niños en segundos acusadores públicos en causas por delitos sexuales contra menores (lo que ha aumentado la irracionalidad punitiva, no bastando la actuación de un fiscal –en quien directamente se desconfía–), parece que ahora se estaría por crear la denominada “Fiscalía de género”, supongo que para tratar con mayor dureza a los delitos que conlleven alguna forma de maltrato hacia la mujer por su condición de tal. Estarán pensando, por ejemplo, en hombres acusados de hechos violentos en los que someten a las mujeres a formas sistemáticas de maltrato (situaciones que están previstas en el Código Penal Argentino, desde 1921, entre las circunstancias agravantes y atenuantes a tener en cuenta al graduar la pena que corresponda imponer en caso de condena). Este último ejemplo, en verdad ya motivó la media sanción, en el Congreso Nacional, de una ley que establece la prisión perpetua para el llamado “femicidio”, para estar a la moda de la época, que por desgracia responde a una concepción autoritaria que confunde política de seguridad de los derechos con política criminal, dando lugar a políticas incompatibles con las propias de un Estado constitucional y democrático de derecho. Con la misma idea debería, entonces, incrementarse la dureza penal para los delitos que tengan por víctimas a todos los grupos más vulnerables (de acuerdo con la jurisprudencia interamericana): no sólo mujeres y niños, sino privados de libertad, aborígenes, enfermos mentales, migrantes, para mencionar algunos de ellos. Eso sería un despropósito punitivo, como lo que algunos quieren hacer con estos nuevos “enemigos”. De la misma manera se han dictado algunos fallos que, desconociendo la legalidad, pretenden rechazar suspensiones de juicios a prueba (previstas en la ley) sólo por tratarse el delito investigado de un hecho sexual (de los de menor gravedad) contra mujeres o niños. Digo de menor gravedad en relación con la atribución de delitos más graves que no permiten tal suspensión, como sería el caso en que alguien es acusado de violación. En lugar de proponerse más medidas preventivas y más alternativas a la violencia penal (que es lo que debe hacerse), se postula para ellos recrudecer la violencia carcelaria (un derecho penal más represivo), en lugar de buscar soluciones reales. Parece mentira que se pretenda seguir recurriendo al aumento de las dosis de violencia estatal, cuando es sabido que ella es, precisamente, una de las causas del incremento de la violencia individual. Mientras tanto, se desarticulan fiscalías de delitos contra la administración pública y se está muy lejos de pensar siquiera en la posibilidad de investigar con mayor eficacia (y ampliar las posibilidades de penalizar) la comisión de hechos terriblemente graves, como es el caso de la tortura de personas privadas de libertad. En este contexto, más que una fiscalía de género hace falta frenar la degeneración que, represivamente, se está produciendo en nuestras instituciones penales. (*) Abogado penalista. Neuquén