Policías bajo sospecha

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El caso de Diego Peralta, el joven que fue asesinado pese a que sus familiares les pagaron un rescate a sus secuestradores, ha provocado tanta conmoción porque casi todos dan por descontado que el crimen fue obra de integrantes de la Policía Bonaerense, convicción que no se basa en datos firmes sino en sospechas ampliamente difundidas. Es que si bien pocos irían al extremo de acusar a los jefes de librar una suerte de guerra contra la sociedad, nadie ignora que en las filas de la Bonaerense hay individuos que se han mimetizado con los delincuentes y que participan en bandas mixtas que se dedican a robar, a traficar drogas y, últimamente, a secuestrar. Aunque ejemplos de esta clase de simbiosis suelen producirse en casi todos los cuerpos policiales del mundo, en pocos ha alcanzado las proporciones que se han registrado en la provincia de Buenos Aires, territorio en el cual desde hace décadas los gobernantes sucesivos están tratando de encontrar la manera de afrontar el fenómeno. Mientras que el régimen militar intentó aprovechar las proclividades delictivas de algunos uniformados poniéndolas al servicio de la represión ilegal y los gobiernos encabezados por Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf vacilaron entre encubrirlas, negándoles importancia, y procurar reducirlas cuando los costos políticos de un caso determinado, como el supuesto por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, les resultaban excesivos, el gobernador actual Felipe Solá se ha afirmado resuelto a disciplinar a la Bonaerense, obligando a sus integrantes a respetar la ley. Se trata de la única actitud digna pero, como Solá sabe muy bien, los riesgos que plantea son enormes, sobre todo en una etapa de intensa actividad política en la que la «interna policial» parece haberse combinado con la tradicionalmente agitada «interna peronista» para conformar una mezcla explosiva.

Según parece, a juicio de Solá y del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Cafiero, distintos elementos de la Policía Bonaerense están involucrados en un «complot» destinado a desestabilizarlos en beneficio, es de suponer, de políticos deseosos de aprovechar el clima de inseguridad que, agravado por la crisis económica, se ha apoderado del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal. No cabe duda de que están en lo cierto: sería realmente asombroso que los habituados a la corrupción y a colaborar con criminales no reaccionaran así frente a un gobierno que no ha ocultado su voluntad de concretar reformas que, de prosperar, los meterían entre rejas. Lo que no es nada claro es la magnitud del «complot» que Cafiero dice haber detectado. Si sólo es una cuestión de las actividades de ciertos delincuentes uniformados que tienen buenos motivos para temer que ésta, la enésima ofensiva gubernamental contra los delincuentes enquistados en la Bonaerense, desemboque en reformas auténticas, el asunto no revestirá mucha gravedad. En cambio, si se trata de un operativo en gran escala que afecte no sólo a muchos jefes policiales sino también a intendentes del conurbano bonaerense y distintos operadores peronistas, el peligro que enfrenta la sociedad difícilmente podría ser mayor.

Tienen razón los que insisten en que no existe ninguna contradicción entre la seguridad ciudadana y la legalidad, tesis ésta que a su modo están proponiendo aquellos que, cuando reclaman «mano dura», no están pensando en leyes más severas sino en lo conveniente que en su opinión sería pasar por alto los excesos cometidos por los acostumbrados al gatillo fácil, la tortura rutinaria de sospechosos en las comisarías y la participación de policías en bandas criminales. A menos que la Policía cuente con la plena confianza de los ciudadanos honestos, no podrá cumplir sus labores con un mínimo de eficacia. Tolerar la corrupción policial no es una forma de manifestar solidaridad hacia los efectivos asesinados por delincuentes, como algunos insinúan, sino que, por el contrario, es un modo de agredir a los muchos uniformados que, a pesar de los riesgos que corren no sólo en la calle sino también en sus propias unidades, se saben policías auténticos y no miembros de una organización que, como la mafia, aceptaría proteger sólo a aquellos que estén dispuestos a permitirle actuar como una banda criminal más.