El freezer no funciona

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Hace apenas un par de semanas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos aseguró que “no sirven” los acuerdos de precios, pero es evidente que el según parece todopoderoso secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno no comparte la opinión de su jefa y que logró convencerla de que sería capaz de controlarlos. Con el presunto propósito de apaciguar a los sindicalistas que están reclamando aumentos salariales del 25% o más, el funcionario hiperactivo presionó a las cadenas de supermercados y los vendedores de electrodomésticos para que se resignaran a congelar los precios por dos meses, hasta el 1 de abril, con la esperanza de que la sensación de estabilidad prevista resultara suficiente como para impedir que las paritarias se salieran de madre. Asimismo, Moreno aprovechó la oportunidad para ordenarles a los supermercadistas abstenerse de publicitar sus ofertas en los medios metropolitanos, asestando de este modo otro golpe a aquellos diarios como “Clarín” y “La Nación”, además de algunos canales televisivos, que no dependen de la pauta propagandística oficial para el grueso de sus ingresos. La maniobra, a la que se resistieron a prestarse los supermercados Coto, motivó la protesta airada de Adepa porque, señaló, conduce “a un ahogo económico de los medios independientes”. Parecería que no ha sido muy grande el impacto inicial del acuerdo impulsado por Moreno, con las amenazas que son habituales toda vez que le toca negociar con los representantes de un sector económico. Si bien algunos supermercados reaccionaron suspendiendo los descuentos y ofertas especiales que habían beneficiado a muchos consumidores, sucede que desde hace meses faltan productos determinados en las góndolas y se ha hecho rutinaria la aplicación de un sistema de racionamiento, de suerte que en verdad poco cambió. Sea como fuere, sería asombroso que los consumidores no procuraran comprar más de lo necesario a fin de prepararse para enfrentar el 2 de abril cuando, en teoría por lo menos, los precios podrán ajustarse nuevamente, lo que con toda seguridad harían si el gobierno lo permitiera por temor a que en cualquier momento los comerciantes se vieran obligados a congelarlos nuevamente. También sorprendería que los encargados de los supermercados no trataran de defenderse limitando la oferta en un intento de reducir sus pérdidas. Aunque los voceros de la Cámara Argentina de Supermercados niegan que haya desabastecimiento –prefieren hablar de una “sobredemanda de consumo”–, nuestra larga experiencia en la materia hace suponer que el fenómeno no tardará en ocasionar cada vez más problemas y que el gobierno procurará solucionarlos con medidas netamente policiales. El escenario es preocupante. En cierto modo es positivo que el gobierno haya reconocido que es necesario hacer algo para frenar la suba constante de precios, pero no lo es en absoluto que haya echado mano a medidas que en el pasado siempre han fracasado y que la presidenta misma había descalificado poco antes de resucitarlas. Por cierto, el exministro de Economía Roberto Lavagna no es el único político que ve paralelos inquietantes entre la situación económica actual y la que, en la primera mitad de la década de los setenta del siglo pasado, culminó con el Rodrigazo. En aquel entonces, los esfuerzos oficiales por frenar la inflación forzando a los comerciantes a congelar “voluntariamente” los precios en el marco de arreglos corporativistas nos llevaron a un desastre descomunal que modificó radicalmente las estructuras sociales del país. Por desgracia, no hay garantía alguna de que la historia no se repita, aunque sea de manera menos cataclísmica porque las distorsiones que se han producido a raíz de la negativa de Cristina a tomar en serio el peligro planteado por la inflación todavía distan de ser tan graves como las que hicieron estallar “el modelo” de la presidenta Isabelita Perón. Sea como fuere, no es factible que los sindicalistas se conformen con aumentos salariales mínimos, inferiores al 20%, como pretenden los funcionarios del gobierno, o que las presiones de Moreno sobre los empresarios resulten ser más fuertes que las procedentes del mercado que, mal que le pese a Cristina, está acostumbrado a tener la última palabra.

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