Neuquén controlará el uso de los bancos de datos

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NEUQUEN (AN).- La Legislatura sancionó el jueves una ley que impulsa la creación de un organismo para controlar los bancos de datos públicos y privados que operan con datos personales en esta provincia. La norma adhiere a la ley nacional sobre protección de información personal y fue impulsada por vecinos de esta capital.

La iniciativa llena un vacío jurídico en la provincia y brinda un paraguas legal a las personas que podrán ejercer el derecho de saber qué hacen los bancos de datos públicos o privados con la información que almacenan.

«El espíritu de la ley apunta a garantizar un manejo serio y responsable de la información personal que manejan», explicó Gabriel Robles, uno de los impulsores del proyecto que llegó a la Legislatura meses atrás.

Entre los inconvenientes más frecuentes con que se encuentran los damnificados es verse impedidos de realizar operaciones financieras y comerciales porque figuran en condiciones de morosos por más tiempo del permitido legalmente, aunque hayan saldado la deuda.

Hasta ahora los neuquinos podían recurrir a la oficina local de Defensa del Consumidor en busca de ayuda, pero el organismo no tenía facultad controlar los registros públicos o privados.

Según la dirección de Comercio Interior -del primer semestre de 2001-, las quejas por inconvenientes con las firmas que operan con datos personales estaban a la cabeza.

Robles recordó que el proyecto hizo un largo recorrido que comenzó con una denuncia en la Defensoría del Pueblo, en mayo de 2001. Argumentaban que por falta de un organismo fiscalizador, «varios pícaros» aprovechan esta circunstancia para sacar tajada o provecho personal, en desmedro de miles de personas cautivas de los bancos de datos de Neuquén.

Como la Defensoría del Pueblo tampoco tenía facultades para intervenir en el asunto, derivó el caso al presidente de la Legislatura, Jorge Sapag. Allí consiguió el consenso de los distintos bloques y el proyecto se transformó el jueves en ley, aunque aún falta la promulgación del Poder Ejecutivo y su reglamentación. El Ejecutivo instrumentará el órgano de contralor sobre los bancos de datos.

Robles confió en que una vez en marcha, el organismo fiscalizador impedirá la compra de carteras de morosos que permitía especulaciones con los datos. Sin la posibilidad de acceder a un crédito, el damnificado está obligado a arreglar la deuda y pagar intereses usurarios. La ley nacional a la que adhirió la provincia garantiza el derecho al honor y a la intimidad de las personas y también el acceso a la información que sobre ellas se registre, según lo establece la Constitución Nacional.

Protege los datos personales considerados sensibles que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Y ninguna persona está obligada a proporcionarlos.

Observa que «el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias». Hay excepciones: listados con nombre, DNI, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio.