Promueven que el ciudadano defienda sus derechos

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Derecho de los pueblos indígenas, criminalización de la protesta social, derechos sociales y exclusión social y acceso a la justicia fueron los cuatro ejes sobre los que se centró la disertación en la presentación realizada en esta ciudad del informe anual 2002 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El encuentro se realizó el martes en el Centro Cívico junto al Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Los abogados del CELS, Luis Campos y Pablo Ceriani Cernadas, y del CEDHA, Sofía Bordenave, compartieron el panel con Rubén Marigo (CTA, Bariloche), Luis Pilquiman (Coordinadora Mapuche de Río Negro) y Sandra Guerrero (Sitrajur, Río Negro) quienes aportaron el diagnóstico de la situación local y regional.

En diálogo previo Pablo Ceriani Cernadas explicó a «Río Negro» que el objetivo de difundir el informe es «despertar a la ciudadanía sobre las herramientas que tiene para reclamar y defender sus derechos».

Campos señaló que «una gran parte de los temas abordados (por el informe y en la charla) son urgentes, hay una situación de explosión social -producto de la conculcación de derechos básicos- que parece la calma que antecede a la tormenta». El abogado destacó que los cuatro ejes centrales del debate de antenoche están relacionados entre sí e implican en todos los casos violaciones de derechos básicos.

«Frente a esta situación, que realmente es una situación de explosión social, es terrible ver cuales son la respuestas del Estado. Una de las respuestas a la exclusión es la criminalización de la protesta social» puntualizó.

Siguiendo esa línea de pensamiento Ceriani Cernadas resumió que «todos los problemas -generados por la actual crisis- se enfrentan desde la falta de respuesta del Estado, que es una forma de violación de derechos».

Conclusión

En su análisis concluyeron que el cercenamiento de derechos para un amplio sector de la población implica en sí mismo una forma de discriminación que en nuestro país adopta las más variadas formas.

Luis Pilquiman, de la Coordinadora Mapuche, explicó que los pueblos indígenas carecen de interlocutores válidos en los niveles gubernamentales para hacer valer sus derechos. «Los organismos que se ocupan de nuestros derechos no tienen fuerza política ni voluntad» afirmó y enumeró la problemática de las tierras como «una de las más emblemáticas».

Para reforzar la propagación del documento ambas entidades trabajan en forma conjunta con los referentes sociales de cada ciudad. «El primer paso es articular los sectores que ya están trabajando (en el tema), nosotros reivindicamos la participación de los propios actores sociales del lugar» explicó Luis Campos.

En esta línea de trabajo realizaron un taller con las entidades intermedias y gremios adheridos a la iniciativa para diagnosticar los distintos tipos y grados de discriminación y reconocer las violaciones a los derechos que se producen en Bariloche.

Campos aseguró a este diario que «los problemas son comunes en todos los lugares donde nos presentamos» y puntualizó que tanto la crisis hospitalaria, como la exclusión social y las carencias del sistema educativo eran «prácticamente los mismos que en otros lugares».