Bolivia promociona la lectura de libros
Hace algunas semanas, el presidente boliviano Evo Morales sorprendió a muchos al señalar públicamente que no leía libros. Nunca. Debe probablemente haber sido el primer jefe de Estado en la historia moderna que de pronto hace –con cándida franqueza, ciertamente– una admisión cultural negativa de tamaña naturaleza. Tratando de justificar lo injustificable, Morales agregó que, no obstante, su vicepresidente Álvaro García Linera, ha leído –y sigue leyendo– libros. Lo que, supone, exoneraría al propio Morales de tener que hacerlo. De no creer, por todo lo que la referida admisión significa. Para el gobernante sin duda alguna, pero por sobre todo para quienes son sus gobernados. Porque hay que leer para saber, para entender, para comprender cómo obrar, para recapacitar, para conocer a los demás, para interpretar el pasado y anticipar el futuro, para crecer, inspirar y para infinidad de cosas más. Por esto se confirma, una vez más, aquello conocido de que los funcionarios son como los libros de una biblioteca; los que están en los lugares más altos, son con frecuencia los que menos sirven. No obstante, lo cierto es que Bolivia acaba de tomar una medida –en este mismo capítulo– que es para aplaudir. Sabia, entonces. Insuficiente quizás, pero siempre oportuna. El 29 de abril pasado sancionó la ley del Libro, según la cual los libros y revistas dejaron de pagar (desde el 16 de junio pasado) el Impuesto al Valor Agregado (16%) que venía castigando su precio al público. Ella alcanza, correctamente, tanto a los libros de producción nacional como a los importados. Todos son tratados por igual, entonces. Como debe ser, por cierto. Ello se anunció “a caballo” del lanzamiento de un nuevo programa de fomento y estímulo del hábito de la lectura. Al que presumiblemente el propio Morales debería sumarse, para dar el ejemplo y dejar de depender intelectualmente de su segundo. El proyecto incluirá la colocación de libros en lugares públicos, de modo de que estén fácilmente accesibles para ser leídos, incentivando así el hábito de la lectura. Al mismo tiempo se pidió a todos los ciudadanos que donen libros para ese programa, de modo de apuntalarlo todo lo posible con abundancia de materiales. Ojalá se encuentre respuesta. Se imita así, aparentemente, la excelente iniciativa previa que está en marcha en la capital de México, ciudad en cuyos trenes subterráneos se puede tomar fácilmente un libro prestado, para dejarlo después de leído, en los anaqueles de cualquier otra estación de la red. Pensando en que algunos “vivos” se llevarán a sus casas el material de lectura disponible, lo que está lejos de ser lo ideal, las autoridades bolivianas respondieron que, aun así, los familiares de quien sustrae indebidamente algún libro podrán eventualmente leerlo. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
GUSTAVO CHOPITEA (*)
Hace algunas semanas, el presidente boliviano Evo Morales sorprendió a muchos al señalar públicamente que no leía libros. Nunca. Debe probablemente haber sido el primer jefe de Estado en la historia moderna que de pronto hace –con cándida franqueza, ciertamente– una admisión cultural negativa de tamaña naturaleza. Tratando de justificar lo injustificable, Morales agregó que, no obstante, su vicepresidente Álvaro García Linera, ha leído –y sigue leyendo– libros. Lo que, supone, exoneraría al propio Morales de tener que hacerlo. De no creer, por todo lo que la referida admisión significa. Para el gobernante sin duda alguna, pero por sobre todo para quienes son sus gobernados. Porque hay que leer para saber, para entender, para comprender cómo obrar, para recapacitar, para conocer a los demás, para interpretar el pasado y anticipar el futuro, para crecer, inspirar y para infinidad de cosas más. Por esto se confirma, una vez más, aquello conocido de que los funcionarios son como los libros de una biblioteca; los que están en los lugares más altos, son con frecuencia los que menos sirven. No obstante, lo cierto es que Bolivia acaba de tomar una medida –en este mismo capítulo– que es para aplaudir. Sabia, entonces. Insuficiente quizás, pero siempre oportuna. El 29 de abril pasado sancionó la ley del Libro, según la cual los libros y revistas dejaron de pagar (desde el 16 de junio pasado) el Impuesto al Valor Agregado (16%) que venía castigando su precio al público. Ella alcanza, correctamente, tanto a los libros de producción nacional como a los importados. Todos son tratados por igual, entonces. Como debe ser, por cierto. Ello se anunció “a caballo” del lanzamiento de un nuevo programa de fomento y estímulo del hábito de la lectura. Al que presumiblemente el propio Morales debería sumarse, para dar el ejemplo y dejar de depender intelectualmente de su segundo. El proyecto incluirá la colocación de libros en lugares públicos, de modo de que estén fácilmente accesibles para ser leídos, incentivando así el hábito de la lectura. Al mismo tiempo se pidió a todos los ciudadanos que donen libros para ese programa, de modo de apuntalarlo todo lo posible con abundancia de materiales. Ojalá se encuentre respuesta. Se imita así, aparentemente, la excelente iniciativa previa que está en marcha en la capital de México, ciudad en cuyos trenes subterráneos se puede tomar fácilmente un libro prestado, para dejarlo después de leído, en los anaqueles de cualquier otra estación de la red. Pensando en que algunos “vivos” se llevarán a sus casas el material de lectura disponible, lo que está lejos de ser lo ideal, las autoridades bolivianas respondieron que, aun así, los familiares de quien sustrae indebidamente algún libro podrán eventualmente leerlo. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
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