Alianzas fugitivas

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ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

En el poder cohabitan uniones fugitivas. Las alianzas originales del gobierno del FpV están dando un giro negativo. Los productores frutícolas y el gremio ATE se despreocupan de tiempos electorales o, en todo caso, servirán a sus propósitos. La conducción de la Unter, tan atada al gobierno, deberá convalidar esa armonía en su elección, en un mes. Se rasgan esas coaliciones. El año pasado Weretilneck confirió innegables expresiones a favor de la dirigencia frutícola. Y el lunes descubrió otra relación cuando las cámaras de chacareros se instalaron en Viedma. En la cosecha anterior la provincia concedió varios aportes, incluyendo un subsidio de 30 millones. Esta asignación sembró la primera discrepancia con el senador Miguel Pichetto, que concluiría en la crisis político-institucional del segundo semestre. Las reformas estructurales, como siempre, quedaron en intenciones. El desacople tampoco aportó a una efectiva respuesta gubernamental. El ministro Alfredo Palmieri creía –hasta último momento– que el mandatario iría a la impuesta reunión del lunes con la dirigencia frutícola, apostada en la capital. Tres días antes, el viernes, Weretilneck repetía que no estaría. Esa inconexión es el permanente reproche de la Federación, entonces su negativa fue la única respuesta posible de los movilizados cuando Palmieri los quiso recibir solo. El requerido encuentro se dio al otro día. Forzado y molesto, el mandatario escuchó y, rápidamente, desestimó su intermediación ante Nación por más contribuciones. Avizora otros actores políticos detrás de la movilización de ciertas cámaras, apunta a Villa Regina y Allen, mientras rescata el equilibrio de otra parte de la Federación. La posición oficial se tradujo en un insulso calendario de reuniones y la ratificación de las asistencias prometidas. Bastó con eso, pero la protesta se reactivará cuando esta semana vuelva a reunirse la Federación, que preside Jorge Figueroa. ATE es un caso emblemático. Al llegar al poder, Weretilneck tenía un trato familiar con su secretario general, Rodolfo Aguiar. Esa confianza favorecía al objetivo del FpV: disponer de otro interlocutor sindical en detrimento de UPCN, un histórico aliado del radicalismo. Así, los mandos de ATE se acostumbraron a los despachos y emitían resultados laborales favorables, recuperando y concretando contratos. Esta faena explica su presente influencia en los porteros. Ese dominio transmutó este año en un instrumento de fuerza. Sus últimos paros derivaron en el cierre de escuelas. Ese poder turbó a Marcelo Mango y su juicio concluyó en el despacho mayor. Weretilneck ordenó el descuento general por los paros. Esa medida correctiva se suspendió el miércoles en una audiencia en Trabajo. ¿Qué ocurrió? ¿Modificó su postura? No. Falló, otra vez, un básico criterio de unidad de gobierno. Sólo Educación cumplió, incluso exageró y dedujo la totalidad de los paros del año. Restó hasta cinco jornadas en los salarios de agosto y el impacto fue lapidario para medio millar de los porteros. Salud y Desarrollo Social –otros ministerios con ATE adentro– esquivaron aquel mandato por dudas legales e indiferencia política. “La orden no fue clara”, se justificaron. En soledad, Educación quedó expuesta y Mango se quejó. Así, la restitución de los descuentos disimula y corrige la bifurcación oficial. Pero el plan emergerá corregido y Función Pública tiene una carga: el cumplimiento de esas quitas por la huelga del 27 de agosto. El plenario de ATE ratificaría el miércoles su tradición de lucha. La agrupación no resignará su rebelde esencia, que no cree en las necesidades o condiciones de la política. No hay ingenuidad en Weretilneck en su pedido de paz, sí hay un sesgo de marcada simulación frente a las épocas por venir. No concibe un gremio “aliado” y favorecido en sus políticas –como el traspaso de becas a contratos– pero, a su vez, insurgente e imprevisible en las calles. Igualmente, la inquietud sindical radica en el futuro de la Unter, otro ancestral sindicato de disputa, desactivado con la inserción de Mango al gabinete. El 15 de octubre los docentes evaluarán esa coexistencia cuando voten en la Unter para su conducción entre la continuidad de Jorge Molina o la oposición de Mario Floriani. La elección de la Ctera, de hace diez días, insinuó una corriente crítica. La lista oficialista Celeste Violeta –que lideró Stella Maldonado e integró Molina– rondó el 75% en el país. En Río Negro venció por 17 sufragios entre casi 6.000 votantes. Acá también se evalúan opciones por eventuales nuevos ciclos. Otro problema propio se generó el gobierno con su precipitado compromiso de un resarcimiento económico para los retirados del decreto 7. Una pequeña historia: en el 2007, los últimos retirados de Río Negro –con 45 años de edad y 20 de servicio– fueron transferidos a la Anses y quedó en la provincia un reclamo por los haberes anteriores. Ese año, una causa judicial (“Mainini”) centrada en los retiros ya era rechazada por el STJ. En el 2008 otra demanda parecida alcanzó al máximo tribunal, por apelación de la demandante (“Pringles”) luego de que la Cámara Laboral denegara su requerimiento. Avaló el sistema y argumentó, además, que el régimen era “voluntario”, sometiéndose “libremente a sus condiciones”. Ese caso lleva cinco años en el STJ, que propuso una negociación. Recayó en la Comisión de Transacciones, integrada por funcionarios y legisladores, aunque no avanzó, salvo un dictamen de la Fiscalía de Estado –en la retirada radical– que avaló un acuerdo. En mayo del 2012 la nueva Comisión, conformada por el FpV, impugnó cualquier transacción. Uno de sus miembros, Pedro Pesatti, consideró “llamativa” la moción del Fiscalía porque “todos los antecedentes son favorables a la provincia”. Esa historia cerrada se reabrió un año después. Hace un mes el gobernador y el senador Pichetto recibieron a representantes y abogados de la Comisión del Decreto 7, solicitantes de una “actualización” para más de 800 retirados. Allí existió una promesa oficial de una respuesta económica y, luego, asomaron los dilemas. ¿Las firmas de censura de la Comisión de Transacciones reaparecerían avalando el mismo expediente? No. El gobierno quiere salir del ámbito judicial por dos razones. Primera: la solución “debe ser política” y no ofrecer ningún antecedente jurídico. Segunda: la decisión de Weretilneck es que el Estado no pague honorarios a los abogados. Es real también que ambas posibilidades están ligadas a los montos. Por ahora, un abismo separa los números de cada parte. La Comisión del Decreto 7 estimó su “actualización” en casi 40 millones y la “reparación” del gobierno rondará los 10 millones. El cotejo se expondrá en la audiencia del lunes 23. El oficialismo quedó –innecesariamente– atrapado en este conflicto. Cualquier porfía tendrá una carga de suspicacia, máxime después del tétrico historial dejado por la reciente gestión radical, que avaló –hace una década– millonarios convenios extrajudiciales por aportes extraordinarios de la ley 2990. El esquema de acuerdos se justificaba porque la Provincia allí acumulaba fallos contrarios, pero las anomalías se originaron en su irregular instrumentación. El Estado, en varios casos, pagó mal, favoreciendo a los estudios jurídicos. Esos hechos derivaron en procesamientos y condenas de exfuncionarios de la Fiscalía de Estado y también en demandas por malas liquidaciones. Esa experiencia debería servir a todos. El gobierno lo advierte y el proceso reabierto concluirá con una norma de restitución a la totalidad de los retirados. El decreto o decreto/ley llamaría a la adhesión y fijaría un plan de devolución. Esa creencia falta transformarla en práctica. Otro dificultoso tránsito que probará esta gestión provincial.

DE DOMINGO A domingo