El riesgo de un descrédito de las instituciones
La decisión de analizar los recursos de los 12 acusados por el “mensalao” “puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las elites”, opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles. El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión. En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país. El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe. El líder de la socialdemocracia (oposición), Carlos Sampaio, afirmó tras el fallo que “la sociedad brasileña, que salió a las calles y pide el final de la corrupción, podrá sentirse frustrada” con el resultado del proceso. La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas. “Dentro del Partido de los Trabajadores se creó un sentimiento de injusticia, de que lo que fue condenado era una práctica muy extendida entre los políticos, pero solo el PT fue juzgado”, dijo Alberto Almeida, analista del Instituto Analise. La presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, pidió “imparcialidad y serenidad” a la justicia, sin mencionar el juicio. La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT. “Estoy exhausto de este proceso. Tenemos que llegar al final”, reconoció el juez Luiz Roberto Barroso. Lula se mantuvo al margen de las acusaciones, fue reelecto en 2006 y dejó el poder con un récord de popularidad a fines de 2010. Aun así, el profesor de derecho Joaquim Falcao, de la Fundación Getulio Vargas, consideró que el caso ya tuvo un impacto en el combate a la corrupción en Brasil, con un amplio número de condenados y el cierre de un banco que financió la operación de compra de votos. No obstante, admitió la posibilidad de que las sentencias a ser analizadas sean revertidas. “Si el tribunal eventualmente absuelve a los acusados, podría haber un agravamiento del descrédito de las instituciones’’, comentó. “Puede haber algo de desilusión con un fallo así, pero no creo que sea grave para la democracia’’, comentó.
Análisis
La decisión de analizar los recursos de los 12 acusados por el “mensalao” “puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las elites”, opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles. El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión. En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país. El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe. El líder de la socialdemocracia (oposición), Carlos Sampaio, afirmó tras el fallo que “la sociedad brasileña, que salió a las calles y pide el final de la corrupción, podrá sentirse frustrada” con el resultado del proceso. La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas. “Dentro del Partido de los Trabajadores se creó un sentimiento de injusticia, de que lo que fue condenado era una práctica muy extendida entre los políticos, pero solo el PT fue juzgado”, dijo Alberto Almeida, analista del Instituto Analise. La presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, pidió “imparcialidad y serenidad” a la justicia, sin mencionar el juicio. La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT. “Estoy exhausto de este proceso. Tenemos que llegar al final”, reconoció el juez Luiz Roberto Barroso. Lula se mantuvo al margen de las acusaciones, fue reelecto en 2006 y dejó el poder con un récord de popularidad a fines de 2010. Aun así, el profesor de derecho Joaquim Falcao, de la Fundación Getulio Vargas, consideró que el caso ya tuvo un impacto en el combate a la corrupción en Brasil, con un amplio número de condenados y el cierre de un banco que financió la operación de compra de votos. No obstante, admitió la posibilidad de que las sentencias a ser analizadas sean revertidas. “Si el tribunal eventualmente absuelve a los acusados, podría haber un agravamiento del descrédito de las instituciones’’, comentó. “Puede haber algo de desilusión con un fallo así, pero no creo que sea grave para la democracia’’, comentó.
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