Discriminación riesgosa
Según el ministro de Planificación, Julio De Vido, para que la Argentina siga “camino al autoabastecimiento energético” por el que en su opinión –pero no en la de los alarmados por la magnitud que ha adquirido el déficit– está avanzando, algunos tendrán que pagar mucho más por el gas y electricidad que consumen, pero no se tratará de un “tarifazo” sino de una quita discriminada de subsidios. Aunque a primera vista lo que tiene en mente De Vido parece razonable, ya que es notorio que los sectores más beneficiados por los subsidios energéticos han sido los conformados por personas de ingresos que, de acuerdo con las deprimidas pautas nacionales, son relativamente altos, instrumentarlo no será del todo sencillo. Los más golpeados por los eventuales aumentos, que con toda seguridad resultarían ser muy fuertes, serán los habitantes de los grandes centros urbanos que en las elecciones legislativas de octubre pasado dieron la espalda al kirchnerismo. Por motivos comprensibles, imputarían lo que para ellos sí sería un tarifazo brutal a la voluntad de un gobierno vengativo de castigarlos por haberse animado a oponérsele y protestarán participando de cacerolazos multitudinarios. Por socialmente justa que sea la discriminación ideada por kirchneristas, no podría sino motivar la ira de los muchos que creen que están librando una guerra contra los restos de una clase media antes muy amplia a favor de su propia clientela electoral. De Vido, pues, está preparándose para tomar medidas que agravarían todavía más las divisiones sociales del país, lo que, dadas las circunstancias, entraña muchos peligros políticos. Con razón o sin ella, parte de la clase media se siente amenazada por quienes dependen de “planes” asistenciales manejados por operadores clientelistas y que, en opinión de muchos, son los responsables principales de la inseguridad ciudadana y también de los saqueos que estallan en zonas presuntamente liberadas. Puede que la realidad no sea tan sencilla como algunos suponen, pero en los tiempos últimos los estereotipos se han endurecido mucho. La situación sería distinta si no fuera por la agresividad de los militantes kirchneristas –ellos mismos tan “burgueses” como el que más–, además de los “luchadores sociales”, como los piqueteros, que todos los días provocan inconvenientes a los demás, pero es innegable que los esfuerzos oficiales por aprovechar en beneficio propio las grietas sociales han contribuido mucho al clima de crispación imperante. De ponerse en marcha el esquema previsto por De Vido, el malestar ciudadano se intensificará. A esta altura, nadie medianamente informado ignora que es insostenible el sistema de subsidios que fue improvisado a fin de amortiguar el impacto electoral de los cambios económicos y que, por lo tanto, al gobierno no le cabe otra alternativa que la de procurar desmantelarlo. No le será nada fácil. Luego de diez años de dirigismo inepto, se han hecho tan grandes las distorsiones que será imposible reducirlas de manera indolora. Millones de personas se han acostumbrado a pagar tarifas energéticas tan bajas que ocasionarían asombro en otros países de América Latina, como Chile y Brasil, y muchas han comprado acondicionadores de aire y otros bienes porque creían que no les supondrían gastos excesivos. Obligarlas a pagar los precios fijados por el mercado sería lógico desde un punto de vista “neoliberal”, pero De Vido insiste en que hacerlo “no es nuestra política”. Un tarifazo selectivo como el insinuado por el ministro de Planificación equivaldría a intensificar la presión impositiva no sólo sobre los ricos sino también sobre muchos que hasta ahora a duras penas han logrado mantenerse a flote. Continuar subsidiando por un rato el consumo de los más pobres serviría para demorar el hundimiento de los muchos que se han habituado a depender de la generosidad politizada del gobierno kirchnerista, pero a lo sumo sería cuestión de un alivio pasajero. El déficit energético ha alcanzado proporciones tan grandes que, tarde o temprano, todos tendrán que gastar tanto como los habitantes, acomodados o paupérrimos, de Santiago de Chile, São Paulo o Río de Janeiro, lugares en los que desde hace años es normal que los consumidores paguen diez veces más que los porteños por el gas y la luz.
Según el ministro de Planificación, Julio De Vido, para que la Argentina siga “camino al autoabastecimiento energético” por el que en su opinión –pero no en la de los alarmados por la magnitud que ha adquirido el déficit– está avanzando, algunos tendrán que pagar mucho más por el gas y electricidad que consumen, pero no se tratará de un “tarifazo” sino de una quita discriminada de subsidios. Aunque a primera vista lo que tiene en mente De Vido parece razonable, ya que es notorio que los sectores más beneficiados por los subsidios energéticos han sido los conformados por personas de ingresos que, de acuerdo con las deprimidas pautas nacionales, son relativamente altos, instrumentarlo no será del todo sencillo. Los más golpeados por los eventuales aumentos, que con toda seguridad resultarían ser muy fuertes, serán los habitantes de los grandes centros urbanos que en las elecciones legislativas de octubre pasado dieron la espalda al kirchnerismo. Por motivos comprensibles, imputarían lo que para ellos sí sería un tarifazo brutal a la voluntad de un gobierno vengativo de castigarlos por haberse animado a oponérsele y protestarán participando de cacerolazos multitudinarios. Por socialmente justa que sea la discriminación ideada por kirchneristas, no podría sino motivar la ira de los muchos que creen que están librando una guerra contra los restos de una clase media antes muy amplia a favor de su propia clientela electoral. De Vido, pues, está preparándose para tomar medidas que agravarían todavía más las divisiones sociales del país, lo que, dadas las circunstancias, entraña muchos peligros políticos. Con razón o sin ella, parte de la clase media se siente amenazada por quienes dependen de “planes” asistenciales manejados por operadores clientelistas y que, en opinión de muchos, son los responsables principales de la inseguridad ciudadana y también de los saqueos que estallan en zonas presuntamente liberadas. Puede que la realidad no sea tan sencilla como algunos suponen, pero en los tiempos últimos los estereotipos se han endurecido mucho. La situación sería distinta si no fuera por la agresividad de los militantes kirchneristas –ellos mismos tan “burgueses” como el que más–, además de los “luchadores sociales”, como los piqueteros, que todos los días provocan inconvenientes a los demás, pero es innegable que los esfuerzos oficiales por aprovechar en beneficio propio las grietas sociales han contribuido mucho al clima de crispación imperante. De ponerse en marcha el esquema previsto por De Vido, el malestar ciudadano se intensificará. A esta altura, nadie medianamente informado ignora que es insostenible el sistema de subsidios que fue improvisado a fin de amortiguar el impacto electoral de los cambios económicos y que, por lo tanto, al gobierno no le cabe otra alternativa que la de procurar desmantelarlo. No le será nada fácil. Luego de diez años de dirigismo inepto, se han hecho tan grandes las distorsiones que será imposible reducirlas de manera indolora. Millones de personas se han acostumbrado a pagar tarifas energéticas tan bajas que ocasionarían asombro en otros países de América Latina, como Chile y Brasil, y muchas han comprado acondicionadores de aire y otros bienes porque creían que no les supondrían gastos excesivos. Obligarlas a pagar los precios fijados por el mercado sería lógico desde un punto de vista “neoliberal”, pero De Vido insiste en que hacerlo “no es nuestra política”. Un tarifazo selectivo como el insinuado por el ministro de Planificación equivaldría a intensificar la presión impositiva no sólo sobre los ricos sino también sobre muchos que hasta ahora a duras penas han logrado mantenerse a flote. Continuar subsidiando por un rato el consumo de los más pobres serviría para demorar el hundimiento de los muchos que se han habituado a depender de la generosidad politizada del gobierno kirchnerista, pero a lo sumo sería cuestión de un alivio pasajero. El déficit energético ha alcanzado proporciones tan grandes que, tarde o temprano, todos tendrán que gastar tanto como los habitantes, acomodados o paupérrimos, de Santiago de Chile, São Paulo o Río de Janeiro, lugares en los que desde hace años es normal que los consumidores paguen diez veces más que los porteños por el gas y la luz.
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