“Seguimos reclamando su restitución”
A dos años de la derogación de la ley provincial 3981, también conocida como “Ley Anticianuro”, continuamos reclamando, tanto desde la Legislatura como desde el Senado de la Nación, que el gobierno de Río Negro restituya dicha norma, arrancada ilegítimamente entre gallos y medianoche del pueblo rionegrino, demostrando una absoluta falta de respeto por la voluntad manifestada en la lucha de años de numerosas organizaciones sociales y vecinos autoconvocados a lo largo de toda la provincia. Desde nuestro espacio político llamamos nuevamente a la reflexión respecto de las graves implicancias que acarrearía para nuestra provincia y su población el avance de la actividad megaminera hidrotóxica, recordando los graves accidentes producidos en otras provincias y la triste fecha en que 30 legisladores provinciales levantaron la mano para responder solícitos al mandato del gobierno nacional. Aquel fatídico 29 de diciembre del 2011, la totalidad de los legisladores oficialistas se encontraba derogando en forma inconsulta y artera una norma emanada del pueblo de Río Negro luego de un largo proceso de intercambio con su clase política, negando así el derecho de todos de participar en la discusión por el respeto a un ambiente sano y por evitar la instalación de zonas de sacrificio en nuestra provincia. Tal fue la algarabía y la sinrazón experimentada por ese oficialismo, ocasionalmente favorecido por las urnas, que ese mismo 29 de diciembre, y a menos de 20 días de haber asumido, se dispusieron también a sancionar otras leyes altamente antipopulares tales como el pase a disponibilidad de más de 22.000 empleados públicos rionegrinos, medida que debió ser dejada sin efecto meses después por los propios legisladores que la votaron, en razón de los legítimos planteos formulados por ciudadanos, sindicales y políticos. Sin embargo, y a pesar de haberse ya realizado más de 43 marchas en Bariloche para la restitución de la Ley Anticianuro, aún hoy, a dos años de haberla derogado, no ha existido el más mínimo atisbo por parte del gobierno provincial de volver para atrás con la medida, lo que nos revela la triste realidad de que los intereses en juego resultan mucho más poderosos de lo que nos podemos imaginar, convirtiendo a los gobernantes de turno en los mejores gerentes de dichos intereses. Magdalena Odarda, senadora nacional Jorge Ocampos, legislador provincial Darío Rodríguez Duch, abogado ambientalista
Magdalena Odarda, senadora nacional Jorge Ocampos, legislador provincial Darío Rodríguez Duch, abogado ambientalista
A dos años de la derogación de la ley provincial 3981, también conocida como “Ley Anticianuro”, continuamos reclamando, tanto desde la Legislatura como desde el Senado de la Nación, que el gobierno de Río Negro restituya dicha norma, arrancada ilegítimamente entre gallos y medianoche del pueblo rionegrino, demostrando una absoluta falta de respeto por la voluntad manifestada en la lucha de años de numerosas organizaciones sociales y vecinos autoconvocados a lo largo de toda la provincia. Desde nuestro espacio político llamamos nuevamente a la reflexión respecto de las graves implicancias que acarrearía para nuestra provincia y su población el avance de la actividad megaminera hidrotóxica, recordando los graves accidentes producidos en otras provincias y la triste fecha en que 30 legisladores provinciales levantaron la mano para responder solícitos al mandato del gobierno nacional. Aquel fatídico 29 de diciembre del 2011, la totalidad de los legisladores oficialistas se encontraba derogando en forma inconsulta y artera una norma emanada del pueblo de Río Negro luego de un largo proceso de intercambio con su clase política, negando así el derecho de todos de participar en la discusión por el respeto a un ambiente sano y por evitar la instalación de zonas de sacrificio en nuestra provincia. Tal fue la algarabía y la sinrazón experimentada por ese oficialismo, ocasionalmente favorecido por las urnas, que ese mismo 29 de diciembre, y a menos de 20 días de haber asumido, se dispusieron también a sancionar otras leyes altamente antipopulares tales como el pase a disponibilidad de más de 22.000 empleados públicos rionegrinos, medida que debió ser dejada sin efecto meses después por los propios legisladores que la votaron, en razón de los legítimos planteos formulados por ciudadanos, sindicales y políticos. Sin embargo, y a pesar de haberse ya realizado más de 43 marchas en Bariloche para la restitución de la Ley Anticianuro, aún hoy, a dos años de haberla derogado, no ha existido el más mínimo atisbo por parte del gobierno provincial de volver para atrás con la medida, lo que nos revela la triste realidad de que los intereses en juego resultan mucho más poderosos de lo que nos podemos imaginar, convirtiendo a los gobernantes de turno en los mejores gerentes de dichos intereses. Magdalena Odarda, senadora nacional Jorge Ocampos, legislador provincial Darío Rodríguez Duch, abogado ambientalista
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