Un gobierno que no acepta ser controlado es al menos sospechoso
Cuanto más control hay sobre un gobierno, mayor es la transparencia y menos son las posibilidades de corrupción”. Éste podría ser el argumento de por qué es clave que haya control en los actos del Estado. Automáticamente se dispara un interrogante extremo, grotesco, tajante: ¿un corrupto quiere ser controlado o no? No, es obvio. El artículo 85 de la Constitución nacional define que la Auditoría General de la Nación (AGN) “tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada”. Es decir: se ocupará de controlar al Estado, por ende, al gobierno nacional. Más aún, la Carta Magna indica que la AGN “intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”. Queda claro entonces que el organismo madre que debe controlar al gobierno de Cristina Fernández es la AGN. Menos claro es por qué el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió con tanta virulencia a cuestionar un informe de ese organismo sobre la Fundación Madres y el polémico proyecto de construcción de viviendas llamado “Sueño compartido”, cuyas irregularidades, cabe recordar, son investigadas por la Justicia. Raro que Capitanich en su ataque, como quien mata al mensajero por temor a que revele algo oscuro o ilícito, caiga en el grosero error de vincular a la Auditoría General de la Nación con “la oposición” y “una herramienta” para “atacar al gobierno”. Si bien su titular, Leandro Despouy, es de origen radical, la mayoría de directores de la AGN –cuatro sobre siete– fueron puestos por el kirchnerismo y votaron a favor del crítico informe. No obstante la embestida del gobierno hacia el principal organismo de control nada refiere a los informes realizados por la propia AGN advirtiendo durante el 2011 sobre el mal estado del material ferroviario y, en particular, del ferrocarril Sarmiento. Es decir: previo a la Tragedia de Once. A pocos días de cumplirse dos años de aquella jornada negra vale recordar que, si el gobierno no hubiera obviado aquel trabajo de la AGN, tal vez el próximo 22 de febrero nadie habría tenido que recordar y lamentar la pérdida de 51 vidas.
Walter Schmidt DyN
Cuanto más control hay sobre un gobierno, mayor es la transparencia y menos son las posibilidades de corrupción”. Éste podría ser el argumento de por qué es clave que haya control en los actos del Estado. Automáticamente se dispara un interrogante extremo, grotesco, tajante: ¿un corrupto quiere ser controlado o no? No, es obvio. El artículo 85 de la Constitución nacional define que la Auditoría General de la Nación (AGN) “tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada”. Es decir: se ocupará de controlar al Estado, por ende, al gobierno nacional. Más aún, la Carta Magna indica que la AGN “intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”. Queda claro entonces que el organismo madre que debe controlar al gobierno de Cristina Fernández es la AGN. Menos claro es por qué el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió con tanta virulencia a cuestionar un informe de ese organismo sobre la Fundación Madres y el polémico proyecto de construcción de viviendas llamado “Sueño compartido”, cuyas irregularidades, cabe recordar, son investigadas por la Justicia. Raro que Capitanich en su ataque, como quien mata al mensajero por temor a que revele algo oscuro o ilícito, caiga en el grosero error de vincular a la Auditoría General de la Nación con “la oposición” y “una herramienta” para “atacar al gobierno”. Si bien su titular, Leandro Despouy, es de origen radical, la mayoría de directores de la AGN –cuatro sobre siete– fueron puestos por el kirchnerismo y votaron a favor del crítico informe. No obstante la embestida del gobierno hacia el principal organismo de control nada refiere a los informes realizados por la propia AGN advirtiendo durante el 2011 sobre el mal estado del material ferroviario y, en particular, del ferrocarril Sarmiento. Es decir: previo a la Tragedia de Once. A pocos días de cumplirse dos años de aquella jornada negra vale recordar que, si el gobierno no hubiera obviado aquel trabajo de la AGN, tal vez el próximo 22 de febrero nadie habría tenido que recordar y lamentar la pérdida de 51 vidas.
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