La patria en peligro

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ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar

Para los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta, “la patria está en peligro”. Se trata de una apreciación que podría ser compartida, dado que la gestión macroeconómica y política de este gobierno es tan deplorable, que muchos piensan que dejará al país en ruinas. Pero no es ése el sentido que tiene la frase para los intelectuales oficialistas. En realidad, cuando dicen que la patria está en peligro, lo que quieren significar es que el gobierno peligra lo que, entre otras consecuencias indeseadas, les podría deparar la pérdida del empleo público. La sobredramatización generalmente se produce cuando un interés personal aparece amenazado. En la interpretación de Carta Abierta, “un puñado de grandes empresas (Cargill, Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Aceitera General Deheza, Nidera y Toepfer) que exportan más del 90% del grano, aceite y harina de soja argentinos, histórica base de la riqueza y la producción del país, ha organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país, como la devaluación”. De modo que estos grupos poderosos, con fuertes vínculos internacionales, “han conseguido forzar e imponer una depreciación del peso no querida por el gobierno ni conveniente para las mayorías populares, y tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores”. La existencia de una conspiración dirigida a hacer “volar al gobierno” viene siendo profusamente difundida por las usinas de información gubernamental. Se trata de una conocida estrategia dirigida a disimular los gruesos errores de gestión. Atribuir la responsabilidad a los otros es una constante de los gobiernos populistas que siempre han acudido a exorcizar ciertos mitos firmemente arraigados en la cultura popular como modo de disimular las propias falencias. La búsqueda de un enemigo exterior, que haga las veces de chivo emisario, constituye la estructura discursiva del nacionalismo que el populismo ha incorporado. Ese relato obtuvo su forma original con Benito Mussolini, un político proveniente del ala más radical del Partido Socialista, que reconvirtió el enfrentamiento binario entre burguesía y proletariado, acunado por el marxismo leninismo, a una pugna de otra naturaleza, en donde las “naciones proletarias” enfrentaban a los países capitalistas más desarrollados. Este formato le permitía ampliar la alianza interior, puesto que a los proletarios sumaba otros sectores sociales que eran fácilmente cautivados con el discurso patriótico. En la Argentina fue Perón el que incorporó esa presentación del debate político –“Braden o Perón”– y a partir de allí anatemizó a todos los grupos políticos o económicos que no aceptaban su hegemonía. Según su lectura, la plutocracia internacional recibía el apoyo de grupos internos que se convertían en quintacolumnistas: “la oligarquía vacuna”, “los partidos cipayos” o los diarios “conservadores”. Estos grupos impedían el funcionamiento pacífico de la “comunidad organizada” bajo su liderazgo. Esta pretensión puramente ilusoria de representar a una totalidad, demonizando a los que simplemente señalaban su discrepancia con el gobierno popular, es la que ha dado base a la acusación de “totalitarismo” de estos regímenes plebiscitarios. No se trata de una acusación liviana, como actualmente se comprueba observando un fenómeno como el de Venezuela, donde el chavismo adopta comportamientos que no son homologables desde los parámetros democráticos. En la actualidad, ese discurso anacrónico ha sido abandonado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que procuran llevar a cabo, con mayor o menor éxito, procesos de modernización. Las únicas naciones que en América Latina conservan el discurso confrontativo, buscando periódicamente algún chivo emisario al que endosarle sus errores de gestión, son en la actualidad Cuba, Venezuela y Argentina. La buena noticia es que todos los partidos del arco opositor en Argentina, incluyendo a los peronistas renovadores, se han manifestado en contra de estas políticas confrontativas y reclaman espacios para alcanzar ciertos consensos que permitan definir políticas de Estado que se prolonguen en el tiempo y queden fuera de la disputa electoral. Acordar alrededor de algunos temas estratégicos no se opone a mantener los desacuerdos políticos e ideológicos en otros terrenos. Alcanzar acuerdos en temas estratégicos tampoco supone acabar con la política, como vienen proclamando los intelectuales de Carta Abierta. La mayoría de los “presidenciables” del arco opositor –incluyendo al peronismo renovador– se ha manifestado de acuerdo en promover políticas de Estado en temas sensibles como la educación o la política energética. También en asegurar una mayor transparencia en el Estado, modernizar la Justicia, actualizar el sistema de coparticipación impositiva federal y resolver el problema de la inseguridad. Como señala Mario Brodersohn, ha llegado la hora de que en democracia se puedan alcanzar consensos para elaborar y acordar un conjunto de políticas de Estado sobre los asuntos más sensibles para el país. Asegura, y está en lo cierto, que éste será “el más importante cambio político que deberá llevar adelante el próximo gobierno”.