Cambio en la cola sucesoria
Ha motivado mucha especulación la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de hacer del exradical Gerardo Zamora presidente provisional del Senado, y por lo tanto el tercero en la línea de sucesión, en reemplazo de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich. ¿Se ha tratado de un mensaje que Cristina ha enviado al vicepresidente Amado Boudou para advertirle que su paciencia tiene un límite, ya que, si bien Zamora dista de ser un peso pesado de la política nacional, parece menos liviano que la senadora que debe su lugar en la Legislatura a la influencia de su marido, el gobernador de Tucumán? Es posible, pero también lo es que Cristina haya querido poner en su lugar a los senadores peronistas, obligándolos a avalar, contra su voluntad, el ascenso de un personaje de origen radical que, en opinión de sus excorreligionarios, es un “traidor”, razón por la que votaron en contra de su designación. Sea como fuere, no cabe duda de que la presidenta se las ha arreglado para renovar el interés de muchos en los problemas que plantearía una eventual decisión de su parte de dar un paso al costado por los consabidos motivos de salud, lo que no necesariamente le conviene. Si bien logró una vez más recordarnos que, entre los legisladores oficialistas al menos, su palabra es ley, puede que, a la larga, el éxito así anotado resulte contraproducente. Lo mismo que el general Juan Domingo Perón en su momento, Cristina siempre se ha asegurado de que la línea sucesoria se vea encabezada por personas de escaso poder político propio para minimizar el riesgo de que los disconformes con su gestión crean que desplazarla sin alejarse de la Constitución sólo requeriría un trámite relativamente sencillo. Boudou, que como protagonista del caso Ciccone pronto se convirtió en el “emblemático” principal del elenco gobernante, dejó hace tiempo de integrar el lote de presidenciables. Durante la ausencia prolongada de Cristina, su hijo Máximo y su asesor más confiable Carlos Zannini le impidieron aprovechar la oportunidad para mejorar su lamentable imagen pública, confirmando así que a su juicio, y el de otros miembros del pequeño círculo áulico presidencial, era solamente un intruso molesto. En cuanto a la senadora Rojkés, a virtualmente nadie se le ocurrió que estaría en condiciones de desempeñarse como jefa de Estado aun cuando el país disfrutara de estabilidad institucional. De producirse una emergencia, se vería totalmente desbordada. Sin embargo, aunque Zamora –el caudillo feudal de Santiago del Estero que, como ya es tradicional en nuestro país, a fines del año pasado manifestó su desprecio por la Constitución provincial y la Corte Suprema de la Nación nombrando en efecto a su esposa como gobernadora, de tal modo esquivando el obstáculo supuesto por la veda a la re-reelección– posee más poder personal que la dama tucumana, su ubicación en la línea de sucesión se debe exclusivamente al apoyo de Cristina. Por cierto, sorprendería mucho que resultara ser el hombre indicado para sustituirla por más de un par de días en que se limitaría a cumplir algunas tareas protocolares. En el fondo, pues, muy poco ha cambiado. Una presidenta que se ha acostumbrado a actuar como si fuera todopoderosa y que se ve respaldada por bloques de legisladores verticalistas, pero que ya ha tenido que ser operada varias veces por distintas dolencias, enfrenta una etapa sumamente difícil en la que tendrá que administrar una gran crisis socioeconómica provocada por sus propios errores. Mal que le pese, Cristina ya ha tenido que poner en marcha un ajuste que amenaza con ser traumático tanto para ella como para buena parte de la población. De ser la Argentina una democracia consolidada, en la línea de sucesión inmediata habría dirigentes que, de acuerdo común, serían plenamente capaces de tomar el relevo en el caso de que, por los motivos que fueran, la presidenta aceptara que no le sería dado continuar cumpliendo sus funciones como es debido. Pero, huelga decirlo, en el país que efectivamente existe, hasta sugerir que convendría prepararse para contingencias de tal tipo es considerado “golpista”, razón por la que la clase política en su conjunto ha preferido negarse a pensar en alternativas que acaso sean poco probables pero que, así y todo, merecerían tomarse en cuenta.
Ha motivado mucha especulación la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de hacer del exradical Gerardo Zamora presidente provisional del Senado, y por lo tanto el tercero en la línea de sucesión, en reemplazo de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich. ¿Se ha tratado de un mensaje que Cristina ha enviado al vicepresidente Amado Boudou para advertirle que su paciencia tiene un límite, ya que, si bien Zamora dista de ser un peso pesado de la política nacional, parece menos liviano que la senadora que debe su lugar en la Legislatura a la influencia de su marido, el gobernador de Tucumán? Es posible, pero también lo es que Cristina haya querido poner en su lugar a los senadores peronistas, obligándolos a avalar, contra su voluntad, el ascenso de un personaje de origen radical que, en opinión de sus excorreligionarios, es un “traidor”, razón por la que votaron en contra de su designación. Sea como fuere, no cabe duda de que la presidenta se las ha arreglado para renovar el interés de muchos en los problemas que plantearía una eventual decisión de su parte de dar un paso al costado por los consabidos motivos de salud, lo que no necesariamente le conviene. Si bien logró una vez más recordarnos que, entre los legisladores oficialistas al menos, su palabra es ley, puede que, a la larga, el éxito así anotado resulte contraproducente. Lo mismo que el general Juan Domingo Perón en su momento, Cristina siempre se ha asegurado de que la línea sucesoria se vea encabezada por personas de escaso poder político propio para minimizar el riesgo de que los disconformes con su gestión crean que desplazarla sin alejarse de la Constitución sólo requeriría un trámite relativamente sencillo. Boudou, que como protagonista del caso Ciccone pronto se convirtió en el “emblemático” principal del elenco gobernante, dejó hace tiempo de integrar el lote de presidenciables. Durante la ausencia prolongada de Cristina, su hijo Máximo y su asesor más confiable Carlos Zannini le impidieron aprovechar la oportunidad para mejorar su lamentable imagen pública, confirmando así que a su juicio, y el de otros miembros del pequeño círculo áulico presidencial, era solamente un intruso molesto. En cuanto a la senadora Rojkés, a virtualmente nadie se le ocurrió que estaría en condiciones de desempeñarse como jefa de Estado aun cuando el país disfrutara de estabilidad institucional. De producirse una emergencia, se vería totalmente desbordada. Sin embargo, aunque Zamora –el caudillo feudal de Santiago del Estero que, como ya es tradicional en nuestro país, a fines del año pasado manifestó su desprecio por la Constitución provincial y la Corte Suprema de la Nación nombrando en efecto a su esposa como gobernadora, de tal modo esquivando el obstáculo supuesto por la veda a la re-reelección– posee más poder personal que la dama tucumana, su ubicación en la línea de sucesión se debe exclusivamente al apoyo de Cristina. Por cierto, sorprendería mucho que resultara ser el hombre indicado para sustituirla por más de un par de días en que se limitaría a cumplir algunas tareas protocolares. En el fondo, pues, muy poco ha cambiado. Una presidenta que se ha acostumbrado a actuar como si fuera todopoderosa y que se ve respaldada por bloques de legisladores verticalistas, pero que ya ha tenido que ser operada varias veces por distintas dolencias, enfrenta una etapa sumamente difícil en la que tendrá que administrar una gran crisis socioeconómica provocada por sus propios errores. Mal que le pese, Cristina ya ha tenido que poner en marcha un ajuste que amenaza con ser traumático tanto para ella como para buena parte de la población. De ser la Argentina una democracia consolidada, en la línea de sucesión inmediata habría dirigentes que, de acuerdo común, serían plenamente capaces de tomar el relevo en el caso de que, por los motivos que fueran, la presidenta aceptara que no le sería dado continuar cumpliendo sus funciones como es debido. Pero, huelga decirlo, en el país que efectivamente existe, hasta sugerir que convendría prepararse para contingencias de tal tipo es considerado “golpista”, razón por la que la clase política en su conjunto ha preferido negarse a pensar en alternativas que acaso sean poco probables pero que, así y todo, merecerían tomarse en cuenta.
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