Los costos de un paro docente

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ROLANDO CITARELLA (*)

Por su magnitud en términos de cantidad de docentes y alumnos, y por su gravedad (17 días de paro), el conflicto docente finalmente superado en la provincia de Buenos Aires tomó trascendencia nacional y, por lo tanto, merece algunas consideraciones. 1) En primer lugar, el conflicto amenazó con ser desencadenante de un efecto dominó sobre el resto de las actividades públicas de la provincia y sobre las demás provincias. 2) El conflicto fue una señal inequívoca de que el país ha entrado en una época de vacas flacas. Y cuando eso pasa, nadie quiere aceptar que se acabó la fiesta y es natural pugnar para que el ajuste lo pague otro. 3) ¿Hay plata para dar más que lo ofrecido? Es más que obvio que el gobierno provincial lejos estuvo de querer llevar un conflicto al extremo. La plata de que dispone y dispondrá está destinada, por presupuesto, a enfrentar los gastos no sólo de educación sino del resto de las funciones (justicia, seguridad, salud, etcétera). Más aún, viendo la dificultad que ya tiene el gobierno para pagar los otros gastos que no son salarios (alquileres, certificados de obras, alimentos para comedores, etc.), lo más probable es que ni siquiera esté la plata para pagar lo que el gobierno comprometió. 4) ¿Es poco lo que se destina a educación? La respuesta a esta pregunta tiene mucho subjetivismo. Para algunos es mucho y para otros es poco. Lo que sí es objetivo es que hoy la participación de la educación, tanto en términos del PBI como en términos del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, es récord. Concretamente, hoy esa participación se ubica por encima del 35% del total del gasto provincial. No es poco. En otros tiempos rondaba el 25% y la educación no andaba tan mal, al menos comparada con la actual. Por otra parte, también es récord histórico la presión impositiva. Estamos hablando de un pico histórico en la participación (más del 35%), calculado sobre algo que también es un pico histórico (la recaudación). O sea: estamos en la mejor de las situaciones históricas, al menos en términos de los recursos que se destinan a educación. 5) ¿Los salarios son bajos? Esto sólo puede ser respondido en términos relativos, por lo que la pregunta debería ser: ¿son bajos los salarios docentes comparados con el resto de salarios de la economía? Si se tienen en cuenta no sólo los niveles salariales sino también otros componentes, como las horas de trabajo, vacaciones, edad jubilatoria, estabilidad laboral, etcétera, la situación de los docentes no debería considerarse desventajosa respecto del resto. Y ni hablar si se los compara con más del 30% de los trabajadores a nivel nacional, que integran la economía informal (en negro). Por otra parte, la pregunta relevante no sería ¿son bajos o altos los salarios? sino ¿cuáles son los salarios que se pueden pagar? El gobierno provincial seguramente quisiera que no sólo los docentes sino también el resto de los empleados públicos y privados ganasen más de lo que ganan. Pero eso es sólo una expresión de deseo. Lo real es que no se gana lo que se quiere sino lo que se puede. O dicho en otras palabras, lo que pueden pagar tanto el Estado como las empresas. 6) Hubo plan de lucha. ¿Plan de lucha?, ¿quién contra quién?, ¿docentes contra el gobierno? Si fue así, estaban diciendo “docentes contra el resto de la sociedad”. Porque, en definitiva, el gobierno no es más que el administrador de turno de la plata de los contribuyentes. 7) ¿Por qué la huelga no tuvo la misma fuerza en las escuelas públicas de gestión privada, siendo que en general los maestros ganan lo mismo que en las escuelas públicas? Muy sencillo: aunque la huelga hubiese sido eterna, ningún docente habría sido despedido de una escuela pública. Más aun, la única herramienta del gobierno para forzar a que los docentes trabajaran a los salarios vigentes era el descuento de días no trabajados. Pero, si encima flotó en el ambiente la posibilidad de que finalmente esos descuentos no se hicieran (como se ha hecho tantas veces), el gobierno no tenía ningún poder para obligar a que se dictaran clases. Estaba librado a la buena voluntad de los docentes. Y así no puede funcionar ningún sistema. Acá y en el mundo. 8) Por último, tanto la dirigencia política oficial y opositora como los dirigentes sindicales y los maestros declaman fervientemente defender la educación pública. Uno debe suponer, a priori, que todas ellas son posiciones intelectualmente honestas. Pero no se puede negar que tales declamaciones son inconsistentes con las acciones que llevan adelante. Los políticos, quizás íntimamente conscientes de las falencias de la escuela pública, en su mayoría mandan sus hijos a las escuelas privadas (sin palabras). Y los dirigentes sindicales y maestros, levantando banderas como la de “plan de lucha”, es claro que defienden más sus privilegios que la educación pública. Un reconocido economista decía: “Uno de los más grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados”. En el caso de la educación pública, los resultados están a la vista. (*) Economista