El espectro de un nuevo default
Con la esperanza de conseguir algunos préstamos que le permitirían llegar al fin de su mandato sin demasiados sobresaltos, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está tratando de convencer al resto del mundo de que en adelante respetará todas las reglas económicas internacionales, pero quiere que sea cuestión de un nuevo comienzo ya que, por motivos que son dolorosamente evidentes, le resultaría muy difícil acatar fallos relacionados con las muchas transgresiones que cometió cuando aún se creía en condiciones de mofarse con impunidad del sistema financiero mundial. De tales fallos, el más importante sigue siendo el del juez neoyorquino Thomas Griesa que, a menos que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos, obligará al país a entregar casi 1.500 millones de dólares a los odiados fondos buitre pero que, según un documento que el gobierno acaba de presentar a los juristas norteamericanos, significaría en realidad el desembolso de una suma diez veces mayor. Aunque el gobierno, que acaba de alcanzar un acuerdo con el Club de París, dice que la Argentina “reafirma” su compromiso a honrar sus obligaciones internacionales y por lo tanto “cumplirá con las órdenes bajo revisión”, advierte que un fallo adverso, o la eventual negativa de la Corte Suprema norteamericana a darle una mano, supondría un “serio e inminente riesgo de default” por parte de “una nación del G20”, lo que, asevera, tendría “consecuencias enormes”. Señala que, por contar el Banco Central con apenas 28.200 millones de dólares en reservas, pagarles a los holdouts 15.000 millones lo privaría del dinero que necesitaría para “estabilizar la moneda, pagar otras deudas, incluyendo a los tenedores de bonos reestructurados y a las instituciones financieras multilaterales, financiando importaciones de los Estados Unidos y otros mercados”. En otras palabras, sería un desastre de dimensiones colosales. En las últimas semanas se ha difundido la impresión de que “los buitres” ganaban el pleito con nuestro gobierno a pesar del apoyo que le había brindado el presidente Barack Obama, de ahí el intento de hacer creer que está en juego muchísimo más que las finanzas de un solo país. ¿Están en lo cierto los autores del documento enviado por los abogados gubernamentales cuando aluden al impacto terrible que tendría una decisión de la Corte Suprema de respaldar a Griesa? Es imposible saberlo. La Argentina se ha desvinculado tanto del sistema internacional que nadie sabe muy bien cuáles serían las repercusiones de un nuevo capítulo de la interminable saga provocada por la aparente incapacidad de una larga serie de gobiernos de manejar la relación con los acreedores. Por lo demás, otros países, de los que el más notorio es Grecia, que corren riesgos financieros graves han tenido tiempo más que suficiente en que prepararse para enfrentar la turbulencia que, es razonable suponer, desataría el enésimo default nacional. La situación nada cómoda en que se ha metido el gobierno, y por lo tanto el país en su conjunto, no puede atribuirse sólo a los errores económicos perpetrados tanto por los kirchneristas como por sus antecesores. Se debe también a la soberbia de quienes imaginaban que les sería dado reemplazar el sistema financiero internacional por otro creado por ellos, de ahí las diatribas furibundas proferidas por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina en foros internacionales como la ONU y, lo que resultó peor todavía, la mala fe patente de un gobierno que por motivos políticos falsificaba sistemáticamente las estadísticas económicas nacionales. No extraña en absoluto, pues, que los dirigentes, juristas, inversores y economistas de otros países desconfíen de las promesas de Cristina, Axel Kicillof y demás voceros nacionales. En opinión de los más severos, sería mejor no arriesgarse moralmente avalando, aunque fuera de manera indirecta, conductas que consideran escandalosas. Otros antepondrían al llamado “riesgo moral” las hipotéticas secuelas internacionales de un default, pero puede que, desde el punto de vista de los kirchneristas y del país, resulte contraproducente el intento de asustar a los integrantes del máximo tribunal norteamericano hablándoles de las consecuencias supuestamente gravísimas que tendría una actitud favorable al fallo de Griesa.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 30 de mayo de 2014
Con la esperanza de conseguir algunos préstamos que le permitirían llegar al fin de su mandato sin demasiados sobresaltos, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está tratando de convencer al resto del mundo de que en adelante respetará todas las reglas económicas internacionales, pero quiere que sea cuestión de un nuevo comienzo ya que, por motivos que son dolorosamente evidentes, le resultaría muy difícil acatar fallos relacionados con las muchas transgresiones que cometió cuando aún se creía en condiciones de mofarse con impunidad del sistema financiero mundial. De tales fallos, el más importante sigue siendo el del juez neoyorquino Thomas Griesa que, a menos que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos, obligará al país a entregar casi 1.500 millones de dólares a los odiados fondos buitre pero que, según un documento que el gobierno acaba de presentar a los juristas norteamericanos, significaría en realidad el desembolso de una suma diez veces mayor. Aunque el gobierno, que acaba de alcanzar un acuerdo con el Club de París, dice que la Argentina “reafirma” su compromiso a honrar sus obligaciones internacionales y por lo tanto “cumplirá con las órdenes bajo revisión”, advierte que un fallo adverso, o la eventual negativa de la Corte Suprema norteamericana a darle una mano, supondría un “serio e inminente riesgo de default” por parte de “una nación del G20”, lo que, asevera, tendría “consecuencias enormes”. Señala que, por contar el Banco Central con apenas 28.200 millones de dólares en reservas, pagarles a los holdouts 15.000 millones lo privaría del dinero que necesitaría para “estabilizar la moneda, pagar otras deudas, incluyendo a los tenedores de bonos reestructurados y a las instituciones financieras multilaterales, financiando importaciones de los Estados Unidos y otros mercados”. En otras palabras, sería un desastre de dimensiones colosales. En las últimas semanas se ha difundido la impresión de que “los buitres” ganaban el pleito con nuestro gobierno a pesar del apoyo que le había brindado el presidente Barack Obama, de ahí el intento de hacer creer que está en juego muchísimo más que las finanzas de un solo país. ¿Están en lo cierto los autores del documento enviado por los abogados gubernamentales cuando aluden al impacto terrible que tendría una decisión de la Corte Suprema de respaldar a Griesa? Es imposible saberlo. La Argentina se ha desvinculado tanto del sistema internacional que nadie sabe muy bien cuáles serían las repercusiones de un nuevo capítulo de la interminable saga provocada por la aparente incapacidad de una larga serie de gobiernos de manejar la relación con los acreedores. Por lo demás, otros países, de los que el más notorio es Grecia, que corren riesgos financieros graves han tenido tiempo más que suficiente en que prepararse para enfrentar la turbulencia que, es razonable suponer, desataría el enésimo default nacional. La situación nada cómoda en que se ha metido el gobierno, y por lo tanto el país en su conjunto, no puede atribuirse sólo a los errores económicos perpetrados tanto por los kirchneristas como por sus antecesores. Se debe también a la soberbia de quienes imaginaban que les sería dado reemplazar el sistema financiero internacional por otro creado por ellos, de ahí las diatribas furibundas proferidas por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina en foros internacionales como la ONU y, lo que resultó peor todavía, la mala fe patente de un gobierno que por motivos políticos falsificaba sistemáticamente las estadísticas económicas nacionales. No extraña en absoluto, pues, que los dirigentes, juristas, inversores y economistas de otros países desconfíen de las promesas de Cristina, Axel Kicillof y demás voceros nacionales. En opinión de los más severos, sería mejor no arriesgarse moralmente avalando, aunque fuera de manera indirecta, conductas que consideran escandalosas. Otros antepondrían al llamado “riesgo moral” las hipotéticas secuelas internacionales de un default, pero puede que, desde el punto de vista de los kirchneristas y del país, resulte contraproducente el intento de asustar a los integrantes del máximo tribunal norteamericano hablándoles de las consecuencias supuestamente gravísimas que tendría una actitud favorable al fallo de Griesa.
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