Estado reservado

https://www.rionegro.com.ar/estado-reservado-YURN_4177760/

DOMINGO A DOMINGO

Bien dicen que el hombre es el único ser de la creación capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Hasta tres.

Esta constatación no es ociosa.

En febrero del 2011, «Río Negro» publicó una investigación sobre el cobro, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, de sobresueldos no declarados. Las supuestas normas en que se amparaban contradecían los principios constitucionales de publicidad de los actos de gobierno y de ética en el ejercicio de la función pública.

En esos días, el entonces legislador Martín Soria presentó una denuncia penal y en esa causa el juez Carlos Reussi procesó a 13 exfuncionarios. Esa decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia en octubre del 2013.

Reussi manifestó que «no es correcto ni propio del pago de haberes -como pretende la defensa- la administración informal de una suma dineraria como la que mes a mes cobraron estos imputados que a manera de «patrón de estancia» y en informal usanza -incompatible con los modos de la contabilidad en la función pública- entregara los fondos a discreción entre los funcionarios y empleados».

En marzo de este año, el STJ falló a favor de informar el pago de los adicionales salariales MIG en el propio Poder Judicial, en un amparo informativo presentado por una periodista de este diario.

En la sentencia, los jueces expresaron que «retacear el derecho a informarse y a informar sería ocultar al soberano, el Pueblo, las maneras con que los mandatarios ejecutan sus obligaciones legales y constitucionales, sería impedir la crítica de la opinión pública, menoscabar la vigilada responsabilidad con que los funcionarios cumplen sus diarias labores sabiéndose controlados y evaluados a través de los múltiples canales de la comunicación ciudadana».

Ratificaron que todo lo que se paga con la renta pública debe ser público y publicado. El STJ había eliminado ya el sistema de los MIG, dejando sólo bonificaciones justificadas en horas extras y subrogancias.

Mientras esto ocurría, muchas voces señalaban que también en el Poder Legislativo se pagaban bonificaciones no declaradas, los famosos gastos reservados.

En ese mismo mes de marzo el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro resolvió no aprobar las rendiciones de cuentas de la Legislatura de septiembre a noviembre del 2011 correspondientes a la partida «Bienes y servicios sin discriminar sin cargo de rendición». Entendió el organismo que representaban el equivalente a los sobresueldos objetados en el Ejecutivo y que todo gasto pagado con dinero público debe ser rendido y justificado, como manda el orden republicano.

En otro expediente, amplió la objeción a diciembre del 2011, primer mes en que gobernó el Frente para la Victoria y durante el cual Alberto Weretilneck fue vicegobernador y presidente de la Legislatura.

No resulta fácil comprender la razón por la cual la Legislatura llegó hasta ese punto sin modificar sus procedimientos.

Recién después de que el Tribunal de Cuentas notificó de su sentencia a las autoridades de la cámara -casi en simultáneo con el fallecimiento del vicegobernador Carlos Peralta y la asunción de Ariel Rivero como presidente de la Legislatura- se cambió la metodología.

Los gastos reservados no desaparecieron, se «bancarizaron», cumpliendo en cierto modo un requisito, el de transparencia, aunque no el de rendición.

Éste es el contexto, para comprender un proceso que se dio más o menos en paralelo en los tres poderes del Estado.

En el caso del Poder Ejecutivo, la cuestión es investigada en la Justicia Penal.

Los pagos de la Legislatura están bajo tres lupas: un juicio de cuentas en el Tribunal de Cuentas, una causa en la Justicia Penal y otra en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En este último caso, la conocida pereza de este organismo genera escasa expectativa.

El affaire de los gastos reservados tiene un rasgo particular: involucra a expresidentes de bloques y de la Legislatura de varios partidos políticos.

Tal vez por eso su esclarecimiento está sometido a más presiones que hacen temer que nunca llegue a una conclusión.

En principio, los juicios de cuentas ya iniciados obligarían a devolver el dinero percibido -en total son 27 millones de pesos- a Bautista Mendioroz, Magdalena Odarda, Pedro Pesatti, Adrián Casadei, Claudio Lueiro, Facundo López, Inés Lazzarini, Osvaldo Muena, Luis Bardeggia, Elvis Cides, Fabián Gatti, Manuel Vásquez, Nelson Cortés y Mario De Rege.

La incorporación de nuevos períodos podrá incrementar esos montos y sumar nuevas personas, como -por un monto bajo- el propio gobernador Weretilneck.

También es singular el modo en que los afectados tratan de desacreditar la investigación.

Culpan, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas de hacer un uso político de su función, de tener una mayoría «sorista».

No dicen nada, en cambio, que impugne lo evidente:

• que los gastos reservados son inconstitucionales,

• que revelan la existencia de acuerdos tácitos para que la política partidaria se financie con dinero de los contribuyentes,

• que, en ocasiones, reflejan la voraz ambición de quienes buscan enriquecerse con la función pública y

• que es posible implementar sistemas transparentes que mejoren la calidad del gasto y de la información sobre él.

El exvicegobernador Bautista Mendioroz invoca resoluciones que constan en la Legislatura desde 1983 -firmadas por el entonces presidente de ese cuerpo, el contador Adalberto Caldelari-.

«Siempre se hizo así y, si el Tribunal de Cuentas cambió el criterio, debió comunicarlo para que se cambiara el procedimiento a futuro y no -como hizo- objetar en forma retroactiva gastos ya liquidados».

Otros parlamentarios son todavía más ácidos: «Todo el lío empezó cuando les bajamos los sueldos a los organismos de control». Recuerdan que se habían incrementado los haberes hasta casi equipararlos con los de un juez del STJ y se estableció el límite constitucional: tienen que ganar como un legislador. «Pero ellos decían que un legislador cobra además los gastos reservados. Pero ellos cobran viáticos».

Desde ese punto de vista, tanto investigados como investigadores sólo pretenderían una cosa: más dinero.

En la Justicia Penal el tema también generó revuelo a alto nivel: fue cuando se advirtió que una causa del 2012 que ya pedía investigar los gastos reservados estaba «cajoneada» fuera de la Fiscalía correspondiente. El tema dio lugar a que la procuradora Silvia Baquero Lazcano denunciara ante el Consejo de la Magistratura al fiscal general, Marcelo Álvarez.

En Latinoamérica las prioridades de los habitantes expresadas en una encuesta de agenda para el desarrollo ubican en los tres primeros lugares a una educación de calidad, el acceso a la salud y la honestidad de los gobiernos, a la que se le da más relevancia aún que al combate de la violencia.

En Río Negro muchas leyes hablan de transparencia, pero pocas acciones van en ese sentido.

Es probable que los ciudadanos tengan que hacer sentir su voz, ya que el desvío del dinero público los convierte en los principales damnificados.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar