Inversión, el talón de Aquiles

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La Semana Económica

Cuando se contrae la inversión privada, la inversión pública suele cumplir un rol compensador. Pero según la ley de Presupuesto Nacional, recién sancionada, en 2015 alcanzará a 3,4% del PBI. Cuesta creer que, después de una década de aumento récord del gasto público, apenas 1,2 de cada 10 pesos se destinará a mejorar la infraestructura económica, social y de servicios en todo el territorio nacional. El economista Miguel Kiguel sostiene que para crecer en forma sostenida, a tasas que superen 4% anual, la tasa de inversión debería estar cerca de 25% del PBI, ya que la economía no tiene hoy capacidad ociosa. Si se pensara en un proceso de desarrollo, a la manera de Corea del Sur, debería ubicarse en torno de 30%, calcula su colega y tocayo Miguel Bein. En este terreno, la Argentina está pagando hoy los costos de las políticas populistas e intervencionistas aplicadas en la última década, basadas en estimular el consumo en detrimento de la inversión en los sectores más dinámicos y competitivos de la economía (agroindustria, energía, minería). Y en el aumento del gasto corriente por encima de la recaudación impositiva, en detrimento de la inversión pública y a costa de mayor inflación y pérdida de reservas. Como resultado, la inversión privada ha venido retrocediendo en los últimos años (sólo en lo que va de 2014 la inversión extranjera directa se contrajo 34%) y la inversión pública no está en condiciones de compensarla, debido al déficit fiscal que ya asciende a 5% del PBI, con mínimo acceso al financiamiento externo y agravado ahora por el default parcial de la deuda. Además, el fuerte componente de subsidios a la energía y transporte (cinco puntos del producto) ha derivado en una reestatización encubierta de servicios públicos concesionados en los 90 a empresas privadas, donde las tarifas -congeladas o fijadas muy por debajo de los costos- impiden inversiones en infraestructura (de generación y distribución eléctrica, redes de gas, viales y ferroviarias) acordes con las necesidades de los usuarios. Más por necesidad de divisas que por convicción política, el gobierno de Cristina Kirchner acaba de producir un tardío viraje para atraer, en el último año de su gestión, inversiones privadas “a dedo” en dos sectores clave: hidrocarburos y telecomunicaciones. Sin embargo, hay bemoles que impiden pronosticar un boom en 2015 (del orden de 5000/7000 millones de dólares) para tonificar la actividad económica, como espera la Casa Rosada. La nueva ley de Hidrocarburos, hecha a medida de YPF, sus futuros socios y las compañías petroleras que ya operan en el país, fue muy bien recibida en el sector. La clave, como ya se anticipó en esta columna, es que les permite solicitar la extensión de plazos en las áreas convencionales que ya vienen operando y vencen, según los casos, entre 2016 y 2027. Y esto las habilita, además, a obtener -sin licitación de por medio- concesiones por 35 años (prorrogables por otros diez) para la explotación no convencional (en Vaca Muerta y otras formaciones). A esto se suma la estabilidad fiscal de los futuros contratos (regalías e impuestos locales), negociada con fórceps con los gobernadores de las provincias petroleras, que además debieron resignar el carry (o acarreo) gratuito para sus empresas energéticas en beneficio de YPF. Sin embargo, como la ley -a diferencia del “decreto Chevron” (929/13)- reduce la exigencia de inversión mínima de 1.000 millones de dólares en cinco años a 250 millones en tres para acceder a otros beneficios (exportar sin retenciones hasta 20% del petróleo extraído y no ingresar al país las divisas transcurrido ese plazo), es previsible que, a excepción de YPF, las nuevas inversiones serán más bajas en 2015 que en los dos años siguientes. Nadie lo dice públicamente, pero en las compañías privadas descuentan que con un futuro gobierno- cualquiera sea su signo- no habrá default, ni cepo cambiario, ni trabas para importar ni girar utilidades, ni exceso de regulaciones estatales como las que impuso en su momento Axel Kicillof mediante el decreto 1277/12, aún vigente. En cuanto a la futura ley de Telecomunicaciones (”Argentina digital”, en la jerga K), que la última semana inició en el Senado el camino hacia su consabida sanción exprés por la mayoría oficialista en el Congreso, condicionará por ahora los desembolsos de las cuatro compañías de telefonía móvil que se adjudicaron las nuevas frecuencias de 4G para mejorar un servicio que muestra un inocultable deterioro. Inicialmente, el objetivo del Ministerio de Economía era embolsar en moneda extranjera los 2.233 millones de dólares ofertados en la licitación. Pero como el proyecto de ley cambia las reglas por las cuales había sido convocada, actualmente se negocia el pago en dólares y en títulos públicos dolarizados (Boden 2015). Paralelamente, si bien el régimen beneficia claramente a las telefónicas (que podrán mantener canales de tevé, a contramano de lo dispuesto por la ley de Medios), no está tan claro que ello se traduzca en nuevas inversiones en redes de fibra óptica teniendo en cuenta que deberán compartirlas sin costo con otros operadores. A esto se suma que, como la ley declara servicio público el acceso a internet y la telefonía móvil, las tarifas pasarán a ser reguladas por el Estado. Al margen de estos sectores con alto potencial, la inversión privada se mantiene frenada por el fuerte intervencionismo cambiario, la presión tributaria récord, la suba de costos y la amenaza de la ley de Abastecimiento, con sus efectos sobre la caída de la actividad económica y el deterioro del empleo. Por el flanco de la inversión pública, en líneas generales tampoco se puede esperar demasiado para 2015. Según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), sobre un gasto público nacional calculado en 1,34 billón de pesos (y claramente subestimado, según los analistas privados), los gastos de capital del sector público (sin incluir provincias) alcanzarán al 12,6% del total y redondearán 170.000 millones (3,43% del PBI). De ese total, los proyectos de inversión real directa ascienden a casi 75.000 millones de pesos (1,5% del PBI), con un incremento de apenas 5% respecto de este año. A ello se suman otros 81.500 millones en concepto de transferencias de capital, mayormente para obras viales en provincias y municipios y 13.600 millones de inversión financiera. En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Río Negro se encuentra entre las que registran mayores aumentos en los montos de inversión nacional (19,9%), junto con Buenos Aires (39,6%), Santa Cruz (87,4%) y Entre Ríos (88%), en tanto que Neuquén se encuentra entre las que más retroceden (-39,7%), junto con La Pampa (-60%), Tierra del Fuego (-43,4%) y Salta (-26%), en todos los casos con respecto al presupuesto de este año. La tónica es siempre la misma: muchas obras de bajo monto y poca planificación. Y, aun así, todo gasto será modificable por decretos de necesidad y urgencia, como viene ocurriendo desde hace años.

Néstor O. Scibona