Inteligencia criminal: hora de reformas en Neuquén

https://www.rionegro.com.ar/inteligencia-criminal-hora-de-reformas-en-ne-ETRN_6063838/

DARÍO KOSOVSKY (*)

El proyecto de disolución de la ex-SIDE y creación de la Agencia Nacional de Inteligencia ya obliga a los gobiernos y sistemas de justicia de todo el país a un urgente replanteo de los mecanismos de gestión, recolección y análisis de información relacionada con la prevención e investigación de delitos que se producen en las provincias. Las “tareas de inteligencia” –en cualquier campo de las políticas públicas– son, básicamente, aquellas que se orientan a la recolección de información sobre personas o instituciones y sus acciones. Esos datos son posteriormente sistematizados de acuerdo con parámetros dirigidos a su análisis de modo de producir conocimiento para el diseño, implementación y evaluación de políticas dirigidas a abordar un determinado fenómeno. En el campo de la seguridad es factible diferenciar variantes de inteligencia de acuerdo con la seguridad de quien se trate. Si hablamos de seguridad del Estado, estamos refiriéndonos a la “inteligencia nacional”, es decir aquella que se realiza en miras de objetivos difusos pero legítimos tales como la preservación de la democracia y de las instituciones del Estado, la gobernabilidad, la estabilidad económico-financiera interna o la soberanía en relación con los recursos naturales. Estas funciones, a las que debe dedicarse y nunca se dedicó la ex-SIDE, son absolutamente ajenas a la cuestión delictiva y a la función judicial. Muy distinta es la “inteligencia criminal”, y es aquí donde radica la oportunidad en nuestras provincias a partir de la transferencia del organismo a cargo de la interceptación de las comunicaciones a la Procuración General de la Nación. A pesar de que los senadores nacionales no lo hayan puesto en discusión, este traspaso conlleva una definición trascendental en relación con las autonomías provinciales y con la eficiencia de la política criminal. En el debate parlamentario se definirá si el sistema de interceptación de las comunicaciones para la investigación de delitos de competencia provincial (homicidios, robos, etcétera) pasará a ser administrado por cada jurisdicción, como siempre debió ser, o se mantendrá en la Procuración General Federal. El disfuncional procedimiento actual, en que un fiscal neuquino debe requerir el auxilio de la SIDE para lograr una “pinchadura” en el transcurso de la investigación de un robo ocurrido en la provincia, no sólo dificulta cada investigación en curso, sino que impide el control efectivo –por parte de las defensas en los juicios– de la metodología para su obtención y la parcialidad de su contenido. A pesar de la relevancia de estas definiciones para las provincias, el tema se encuentra ausente de la agenda local. Ello no es casual: obedece a la inconsciencia de la incapacidad histórica que ostentan los sistemas de seguridad y justicia provinciales para la construcción autónoma de verdaderos sistemas de producción de conocimiento en relación con la violencia y el delito. Por una parte, si bien se encuentra en proceso de fortalecimiento, el Ministerio Público Fiscal aún carece de capacidad analítica para utilizar la información que se produce como insumo para una política de persecución estratégica. Por otra, las áreas políticas a cargo de la seguridad han sido, desde sus orígenes, decorativas, subordinadas a la Jefatura policial y, por ende, huérfanas de profesionales especializados en análisis delictivo para el diseño de la estrategia de prevención de la violencia y el delito. Ya sea por decisión, debilidad institucional y/o inercia histórica, ambos ministerios siguen delegando en la Policía la función de sistematización y análisis de información y se nutren casi exclusivamente de los modos policiales de producción de información para guiar sus decisiones. Esa delegación histórica impacta de forma determinante en la construcción de un conocimiento muy parcial de los fenómenos asociados al delito. En función de la excesiva confianza en el conocimiento sustentado en el olfato y la experiencia policial, así como en el registro de datos en un formato de “causa judicial”, la vía de aproximación a la comprensión de problemas sociales complejos, como la violencia y el delito, han sido los tipos penales y los “bienes jurídicos protegidos”. Se indaga sobre cantidades de hechos por tipos previstos en el Código Penal, se asocian problemas sociales con su rótulo jurídico y se obnubila así la posibilidad de idear respuestas ajustadas a las características de cada fenómeno. En lugar de pensar en problemas pensamos en personas y en delitos y en lugar de idear abordajes para solucionarlos pensamos en penas para castigarlos. En la misma línea, cuando aumenta determinada cantidad de delitos se acude al aumento de las facultades persecutorias o de los montos de las penas. Estos “productos policiales de conocimiento” se transmiten a la ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación y se fija en el imaginario colectivo que los principales problemas de seguridad responden a esos criterios (el problema son “la droga”, “los pibes”, “los malandras” y “las bandas” de tal o cual barrio). La validación de estas formas de conocimiento termina por avalar la reorientación de las legítimas demandas sociales de mayor seguridad hacia un reclamo de medidas efectistas, inútiles para abordar los problemas reales pero productivas para atemperar coyunturalmente los miedos (más policías, patrulleros y cámaras y más penas y menos garantías para los responsabilizados). No se exime de esta impronta delegativa la recolección de información para llevar casos a juicio. Persiste, en la actualidad, un predominio absoluto del área de investigaciones de la Policía provincial en la producción de evidencias para orientar el destino de los casos. Independientemente de la valía y dedicación de varios investigadores, el modelo organizacional de la Policía concentra, en una misma institución y con una idéntica carrera profesional, funciones absolutamente distintas como la prevención del delito (mediante, básicamente, el patrullaje) y la investigación de los hechos una vez cometidos. Si bien son tareas que comparten un campo de actuación, poco tiene que ver la formación y especialización que requieren una y otra función. Independientemente de la ineficiencia y desprofesionalización propias de dicho modelo, su defecto más grave radica en la escasa funcionalidad para impactar en las dinámicas del crimen organizado. Como es sabido, la connivencia institucional es un pilar básico para el fluir de las estructuras del delito complejo y resulta poco afín a un esquema de frenos y contrapesos que camaradas investiguen hechos en los que podrían verse involucrados sus compañeros. Ello coadyuva, junto con otros factores, para que la política criminal neuquina, cuyos únicos asistentes para investigar son los propios funcionarios policiales, gire prioritariamente alrededor de eventos delictivos sin atender a su organicidad, protagonizados, generalmente, por agentes que muchas veces provocan daños graves pero de escaso poder real. La inteligencia criminal es una herramienta funcional a la tarea del Ministerio Público Fiscal y a la del Ministerio de Seguridad provincial y puede ser usada en una política de seguridad verdaderamente democrática. El obstáculo radica, en Neuquén como en tantas provincias, en que ambos ministerios padecen deficiencias estructurales para su producción y aprovechamiento. Estas debilidades sistémicas no son desconocidas para el sistema político y judicial local. Ellas fueron consideradas al crearse, con la reforma procesal penal, la Agencia de Investigaciones Penales como un ente altamente especializado para las tareas investigativas. Lo cierto es que, a un año de la puesta en marcha de los cambios, su existencia no ha pasado del texto de la ley y, dado el transcurrir de los debates de los actores de la Justicia penal, no se vislumbra su próxima implementación. De todos modos, las oportunidades actuales no pueden ser mejores para avanzar en la dirección pendiente. Tanto los recientes cambios en la inteligencia nacional y el constante proceso de moldeo de una identidad propia del nuevo Ministerio Público Fiscal neuquino como el escenario electoral que se avecina son ventanas de oportunidad para reactivar los cambios pendientes y enmarcarlos en el diseño de verdaderas estructuras institucionales de gestión de conocimiento sobre la cuestión delictiva que sean funcionales a políticas criminales menos violentas y más eficientes. (*) Abogado. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y del Foro por la Seguridad Democrática de Neuquén