Perú: apelan a hacer “justicia” por mano propia

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Muchos peruanos no confían para nada en sus instituciones judiciales, particularmente cuando de combatir los delitos penales se trata, porque, muchas veces movidos por las amenazas o por la corrupción, los magistrados liberan a los detenidos de inmediato aun cuando hayan sido apresados “con las manos en la masa”, esto es “in fraganti”. Apenas un 36% de los peruanos encuestados dice confiar en la Justicia institucional. Algo así, entonces, como dos tercios de la población del país andino no parecen creer en ella. Lo que es dramático. Pero lo cierto es que hay también un tercio de los peruanos que dice –y confirma– haber sido alguna vez víctima de un robo o de un hurto. Lo probable es que sean aún más, porque muchos prefieren no manifestar públicamente lo que les ha sucedido. Como es natural, por vergüenza o precaución simplemente prefieren callar. Por esto ahora algunos parecen haber recurrido a métodos que han sido tradicionales de la vieja justicia indígena andina, aquellos que a veces se usan también en Bolivia; esto es, apresar a los delincuentes y propinarles una soberana pateadura que puede hasta desfigurarlos. Las golpizas son, claro está, la “pena” que la gente aplica por “mano propia”. Sin apelación. Sin normas procesales garantistas. Sin dudar. Sin que exista presunción de inocencia. Con furia, casi siempre. Lo que es una peligrosísima actitud, hija –seguramente– de la desesperanza y de la desconfianza combinadas. Recientemente Cecilia García Rodríguez, una exmilitante fujimorista, ha puesto en marcha con conexiones vía electrónica o a través de las redes sociales un sistema que actúa totalmente al margen de la ley y al que aparentemente se han afiliado ya unas 60.000 personas. El mismo consiste en colgar en aquellos barrios en los que, por el motivo que sea, la policía no opera, carteles-advertencia bien visibles que dicen: “Vecinos organizados. Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te vamos a linchar. Nosotros NO llamamos a la policía”. Lo que, en efecto sucede. Los ladrones, si de pronto son atrapados, reciben una inolvidable golpiza por parte de grupos de vecinos organizados contra el delito que se abalanzan duramente –y al unísono– sobre ellos para molerlos, entre todos, a golpes. Y nadie denuncia nada ni testimonia sobre lo que, en cada caso individual, puede haber ocurrido. El silencio cómplice entre los “vigilantes” es parte del esquema represivo popular. Que puede equivocarse y, de pronto, golpear a uno o más inocentes. Pero esto es precisamente lo que sucede cuando el Estado fracasa en su deber esencial de controlar la delincuencia y cuando, por ello, la gente finalmente se harta de ser víctima de una situación que ciertamente no merece y en la que no quiere vivir por largo rato. No está bien. Para nada. Pero es, de alguna manera, casi comprensible. Aunque la energía debería priorizar la presión a las autoridades para que, dentro de la ley, sean ellas quienes –como debe ser– garanticen la seguridad personal de las personas y protejan sus propiedades del accionar de los delincuentes. Eso es vivir civilizadamente. Las reacciones populares antes descriptas son, en cambio, algo así como volver motu proprio a los tiempos primitivos. Peligrosísimas. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

Emilio J. Cárdenas (*)