Ser sami, o la experiencia indígena noruega
Noruega no es sólo jóvenes a la moda, ancianos en bicicleta y paisajes que podrían ser de la Patagonia. Entrecano, de pelo corto y mirada leve, el hombre estrecha la mano en una oficina de Buenos Aires y no parece todo lo que representa. Se llama Carl-Erik Moksness y en su pasaporte figura como ciudadano noruego pero es, antes que eso, un indígena sami. Los sami son el pueblo originario de Escandinavia. Su cultura se ha desarrollado desde hace más de 11.000 años. Al igual que otras comunidades, viven en paz con la naturaleza, visten como cualquier persona y moran en tiendas y cabañas de turba mientras dejan pastorear a sus renos. Fueron nómades. La caza y la pesca figuran como sus actividades de subsistencia, pero se han volcado también a la industria turística. Habitan la bella región de Laponia, tierra de lobos, auroras boreales y ríos helados que atraviesa el norte de Suecia, Noruega y Finlandia, toca un extremo de Rusia y llega a las puertas del Ártico. Durante mucho tiempo fueron un pueblo oprimido a tal punto que llegaron a estar en peligro de extinción en la primera mitad del siglo XX. Pero en la actualidad su posición con respecto a la sociedad nórdica es más fuerte que la de casi todos los pueblos indígenas del mundo. De un total de 100.000 samis, la mitad vive en Noruega. Y Moksness, este hombre, integra el parlamento desde el cual la comunidad discute y se expresa ante el Estado más desarrollado del planeta. Es un mediodía de mitad de año. Moksness llegó para participar del Encuentro Internacional de Diálogo Indígena, que reúne a representantes mapuches y de otros pueblos originarios. El caso sami podría transpolarse, aun desde tan lejos, al sur del país. Ocurre que Vaca Muerta, ese sueño de la independencia energética, contiene los mismos conflictos interculturales que los sami tuvieron que resolver décadas atrás. Un pleito universal que renace a medida que aumenta la explotación de recursos naturales: el desarrollo industrial avanzando sobre la tierra y el agua y sobre comunidades cuyo mapa conceptual no contiene la idea de propiedad privada. 1970, dice Moksness. Ese año Noruega se lanzó a construir una represa sobre el río Alta que implicaba inundar un pueblo sami. El proyecto fue rechazado con batalla: los sami se unieron con ambientalistas para presentar demandas y llevaron a cabo actos de desobediencia civil, como huelgas de hambre y encadenarse frente al sitio de construcción para impedir el paso de operarios. Sin embargo, en 1982 la Corte Suprema ordenó que la represa fuera construida. No fue una derrota total, sino el punto de partida para un cambio de paradigma. Aquellas protestas marcaron un quiebre en las relaciones del pueblo sami con el Estado. A partir de ese momento, la posición sami fue tenida en cuenta y diferentes puntos de vista sobre la propiedad y la explotación de la naturaleza comenzaron a convivir en Noruega, aun cuando la confrontación de ideas obligara a largos períodos de debate. De ese escenario surgió la llamada ley Finnmark (nombre de la región donde sucedieron los hechos), que sentó las bases para la defensa de los derechos indígenas. Por esa ley se transfirió el noventa y cinco por ciento de la región desde el Estado noruego a los habitantes sami, representados por una agencia que debe administrar el uso del agua y la tierra. Pero lo más notorio, cuenta Moksness, es que la ley creó una alternativa para administrar la naturaleza: lo localmente controlado, algo así como una tercera vía entre lo público y lo privado, inexistente en Latinoamérica. Hoy no existe en Noruega ningún emprendimiento gubernamental sobre territorio sami que no sea consultado con los representantes de su parlamento antes de comenzar. Muchas veces, dice el expositor, los funcionarios sami, luego de discutir con su pueblo, rechazan las peticiones estatales y el diálogo se reanuda. Así, una y otra vez, hasta que ambas visiones arriban a puntos de acuerdo y el círculo del progreso cierra por algún lado. Sería maravilloso que las cosas funcionaran así, pero lamentablemente Noruega es la excepción en un mundo caótico, verticalista y de poderes concentrados. Argentina, claro está, se parece más a ese resto del mundo. Existe una ley, la 26160, que crea un marco para que en nuestro país las comunidades defiendan y discutan la posesión de sus territorios. Pero asistimos a menudo a su vulneración en estadios judiciales y gubernamentales. También vemos intervenidos por la política partidaria –lo que implica una manipulación de intereses– muchos de los organismos que deberían bregar por el diálogo entre indígenas y Estados regionales. Pero vale el ejemplo sami, sobre todo cuando siguen latentes los hechos de septiembre. ¿Recuerdan? Loma de la Lata, dos yacimientos de YPF paralizados por una ocupación mapuche. La situación se tensa. Las autoridades de la compañía estatal acusan de irresponsable a Elba Paynemil, la dirigente que lidera el reclamo junto a 30 familias. Está en riesgo el abastecimiento de gas en todo el país. Pero Paynemil y su gente dicen tener buenas razones para protestar. Reclaman que sean atendidas sus denuncias por contaminación y por un relevamiento que definiría con exactitud cuál es el alcance de sus tierras. El caso es todavía más complejo y los mapuches terminarán levantando la medida, después de presiones de todo tipo. Pero ¿hay diferencias con la experiencia boreal de los sami? ¿No se trata de un conflicto similar en forma y fondo? Sin dudas, salvo por ese diálogo entre partes que no termina hasta encontrar una salida. De eso justamente habla Moksness esta mañana, ante su auditorio, con una calma amistosa traída desde lejos. Y nos enseña que las grandes soluciones se basan en el diálogo y carecen de toda complejidad. (*) Periodista. Autor de “Patagonia perdida”
Opinión
Gonzalo Sánchez – @gonzalosanchez (Especial para “Río Negro”)
Noruega no es sólo jóvenes a la moda, ancianos en bicicleta y paisajes que podrían ser de la Patagonia. Entrecano, de pelo corto y mirada leve, el hombre estrecha la mano en una oficina de Buenos Aires y no parece todo lo que representa. Se llama Carl-Erik Moksness y en su pasaporte figura como ciudadano noruego pero es, antes que eso, un indígena sami. Los sami son el pueblo originario de Escandinavia. Su cultura se ha desarrollado desde hace más de 11.000 años. Al igual que otras comunidades, viven en paz con la naturaleza, visten como cualquier persona y moran en tiendas y cabañas de turba mientras dejan pastorear a sus renos. Fueron nómades. La caza y la pesca figuran como sus actividades de subsistencia, pero se han volcado también a la industria turística. Habitan la bella región de Laponia, tierra de lobos, auroras boreales y ríos helados que atraviesa el norte de Suecia, Noruega y Finlandia, toca un extremo de Rusia y llega a las puertas del Ártico. Durante mucho tiempo fueron un pueblo oprimido a tal punto que llegaron a estar en peligro de extinción en la primera mitad del siglo XX. Pero en la actualidad su posición con respecto a la sociedad nórdica es más fuerte que la de casi todos los pueblos indígenas del mundo. De un total de 100.000 samis, la mitad vive en Noruega. Y Moksness, este hombre, integra el parlamento desde el cual la comunidad discute y se expresa ante el Estado más desarrollado del planeta. Es un mediodía de mitad de año. Moksness llegó para participar del Encuentro Internacional de Diálogo Indígena, que reúne a representantes mapuches y de otros pueblos originarios. El caso sami podría transpolarse, aun desde tan lejos, al sur del país. Ocurre que Vaca Muerta, ese sueño de la independencia energética, contiene los mismos conflictos interculturales que los sami tuvieron que resolver décadas atrás. Un pleito universal que renace a medida que aumenta la explotación de recursos naturales: el desarrollo industrial avanzando sobre la tierra y el agua y sobre comunidades cuyo mapa conceptual no contiene la idea de propiedad privada. 1970, dice Moksness. Ese año Noruega se lanzó a construir una represa sobre el río Alta que implicaba inundar un pueblo sami. El proyecto fue rechazado con batalla: los sami se unieron con ambientalistas para presentar demandas y llevaron a cabo actos de desobediencia civil, como huelgas de hambre y encadenarse frente al sitio de construcción para impedir el paso de operarios. Sin embargo, en 1982 la Corte Suprema ordenó que la represa fuera construida. No fue una derrota total, sino el punto de partida para un cambio de paradigma. Aquellas protestas marcaron un quiebre en las relaciones del pueblo sami con el Estado. A partir de ese momento, la posición sami fue tenida en cuenta y diferentes puntos de vista sobre la propiedad y la explotación de la naturaleza comenzaron a convivir en Noruega, aun cuando la confrontación de ideas obligara a largos períodos de debate. De ese escenario surgió la llamada ley Finnmark (nombre de la región donde sucedieron los hechos), que sentó las bases para la defensa de los derechos indígenas. Por esa ley se transfirió el noventa y cinco por ciento de la región desde el Estado noruego a los habitantes sami, representados por una agencia que debe administrar el uso del agua y la tierra. Pero lo más notorio, cuenta Moksness, es que la ley creó una alternativa para administrar la naturaleza: lo localmente controlado, algo así como una tercera vía entre lo público y lo privado, inexistente en Latinoamérica. Hoy no existe en Noruega ningún emprendimiento gubernamental sobre territorio sami que no sea consultado con los representantes de su parlamento antes de comenzar. Muchas veces, dice el expositor, los funcionarios sami, luego de discutir con su pueblo, rechazan las peticiones estatales y el diálogo se reanuda. Así, una y otra vez, hasta que ambas visiones arriban a puntos de acuerdo y el círculo del progreso cierra por algún lado. Sería maravilloso que las cosas funcionaran así, pero lamentablemente Noruega es la excepción en un mundo caótico, verticalista y de poderes concentrados. Argentina, claro está, se parece más a ese resto del mundo. Existe una ley, la 26160, que crea un marco para que en nuestro país las comunidades defiendan y discutan la posesión de sus territorios. Pero asistimos a menudo a su vulneración en estadios judiciales y gubernamentales. También vemos intervenidos por la política partidaria –lo que implica una manipulación de intereses– muchos de los organismos que deberían bregar por el diálogo entre indígenas y Estados regionales. Pero vale el ejemplo sami, sobre todo cuando siguen latentes los hechos de septiembre. ¿Recuerdan? Loma de la Lata, dos yacimientos de YPF paralizados por una ocupación mapuche. La situación se tensa. Las autoridades de la compañía estatal acusan de irresponsable a Elba Paynemil, la dirigente que lidera el reclamo junto a 30 familias. Está en riesgo el abastecimiento de gas en todo el país. Pero Paynemil y su gente dicen tener buenas razones para protestar. Reclaman que sean atendidas sus denuncias por contaminación y por un relevamiento que definiría con exactitud cuál es el alcance de sus tierras. El caso es todavía más complejo y los mapuches terminarán levantando la medida, después de presiones de todo tipo. Pero ¿hay diferencias con la experiencia boreal de los sami? ¿No se trata de un conflicto similar en forma y fondo? Sin dudas, salvo por ese diálogo entre partes que no termina hasta encontrar una salida. De eso justamente habla Moksness esta mañana, ante su auditorio, con una calma amistosa traída desde lejos. Y nos enseña que las grandes soluciones se basan en el diálogo y carecen de toda complejidad. (*) Periodista. Autor de “Patagonia perdida”
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