Revisión imposible
Aunque por fortuna los militares parecen haberse resignado a que sean juzgados en España o, lo que es más probable, en el país los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en el transcurso de la «guerra sucia» de los años setenta, es natural que algunos hayan insistido en que la revisión así supuesta debiera ser más «equilibrada e inteligente», para citar al Grupo de Brigadieres Retirados, tomando en cuenta las circunstancias en aquel entonces imperantes y los delitos que fueron perpetrados por los terroristas. Puede que esto suceda un día, pero no es demasiado probable que el gobierno del presidente Néstor Kirchner quisiera ver en el banquillo de los acusados de actuar en organizaciones terroristas, «sus mentores, sus apoyos, los que abrieron las cárceles», etc, actitud que sin duda alguna enfurecería a muchos que en la actualidad desempeñan papeles públicos destacados. No sólo es una cuestión de la diferencia evidente entre los crímenes cometidos por el Estado y por los que, sus pretensiones no obstante, eran individuos privados, sino también de que la convivencia democrática que ha hecho de la Argentina un país envidiablemente pacífico hubiera resultado inalcanzable sin la decisión tácita de achacar el baño de sangre que se produjo hace aproximadamente un cuarto de siglo casi exclusivamente a las fuerzas armadas, minimizando los aportes de otros.
Por supuesto que las responsabilidades reales por la catástrofe no eran tan limitadas como pretende la versión oficial vigente. Al negarse a hacer frente al terrorismo organizado, la clase política en su conjunto en efecto entregó el problema a los militares que, como era previsible, optaron por solucionarlo manu militari sin preocuparse por los detalles legales o humanitarios. En el mundo moderno, es fundamental que las fuerzas armadas estén bajo permanente control civil porque, de lo contrario, emplearán sin remordimiento los métodos tradicionales de su oficio. Sin embargo, antes del colapso del Proceso, en nuestro país y en el resto de América Latina era habitual tratar a las Fuerzas Armadas locales como una especie de partido político alternativo, costumbre que legitimó la violencia extrema no sólo del Estado existente sino también de los resueltos a reemplazarlo por otro de signo ideológico distinto pero, es innecesario decirlo, de brutalidad comparable o aún mayor.
En cuanto a los terroristas y sus mentores, ellos también se inspiraban en teorías una vez en boga que ya parecen tan anticuadas como las empleadas para justificar los regímenes castrenses. Sería justo que los presuntos culpables de crímenes compartieran el destino de sus equivalentes uniformados, pero puesto que la sociedad no tiene interés en revisar el pasado de manera sistemática no tienen motivos para temer que un día un juez extranjero pida su detención. La indiferencia de la mayoría puede imputarse en parte a la conciencia de que los que de una manera u otra militaron en la guerrilla, o sus descendientes, están en condiciones de organizar manifestaciones de apoyo ruidosas, y en parte a que en cierto momento amplios sectores ciudadanos simpatizaban con ellos sin por eso protestar contra los «excesos» del régimen del Proceso. Muchos militares se sienten chivos expiatorios, además de blancos de una ofensiva política tardía emprendida por «la izquierda» tanto nacional como internacional resuelta ya a vengarse, ya a aprovecharse de una oportunidad para abrirse más espacios políticos. Es el precio que tendrán que pagar por haberse apropiado, con la complicidad de muchos civiles -incluyendo al grueso de la clase política- del poder máximo que les permitiría disponer a su capricho de las vidas y los bienes de sus compatriotas. Claro, gracias a lo que sucedería después los jefes militares entenderían que nunca más deberían dejarse conmover por el canto de sirena de aquellos que, confrontados por una situación que les parecería inmanejable, suplicarían a las Fuerzas Armadas encargarse del gobierno del país, mientras que «los civiles» también han aprendido que, lejos de ser una «solución», confiar en que una dictadura militar sepa resolver los problemas políticos y económicos sería una manifestación de cobardía imperdonable que sólo serviría para transformar una crisis grave en una tragedia con muy pocos atenuantes.
Aunque por fortuna los militares parecen haberse resignado a que sean juzgados en España o, lo que es más probable, en el país los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en el transcurso de la "guerra sucia" de los años setenta, es natural que algunos hayan insistido en que la revisión así supuesta debiera ser más "equilibrada e inteligente", para citar al Grupo de Brigadieres Retirados, tomando en cuenta las circunstancias en aquel entonces imperantes y los delitos que fueron perpetrados por los terroristas. Puede que esto suceda un día, pero no es demasiado probable que el gobierno del presidente Néstor Kirchner quisiera ver en el banquillo de los acusados de actuar en organizaciones terroristas, "sus mentores, sus apoyos, los que abrieron las cárceles", etc, actitud que sin duda alguna enfurecería a muchos que en la actualidad desempeñan papeles públicos destacados. No sólo es una cuestión de la diferencia evidente entre los crímenes cometidos por el Estado y por los que, sus pretensiones no obstante, eran individuos privados, sino también de que la convivencia democrática que ha hecho de la Argentina un país envidiablemente pacífico hubiera resultado inalcanzable sin la decisión tácita de achacar el baño de sangre que se produjo hace aproximadamente un cuarto de siglo casi exclusivamente a las fuerzas armadas, minimizando los aportes de otros.
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