Abogados ambientalistas insisten en que hay «un lado B en Vaca Muerta»
Radicaron la denuncia el jueves pasado en la fiscalía. Apuntan contra la responsabilidad penal de la empresa de acopio de materiales peligrosos, pero también contra las firmas productoras y los funcionarios públicos.
La empresa Comarsa está bajo una investigación de la fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén. Foto: Florencia Salto.
Ayer el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid dispuso una serie de allanamientos en Neuquén y Añelo por contaminación ambiental. Las diligencias se deprendieron de una denuncia realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas el jueves pasado. Rafael Colombo, miembro de la organización, afirmó que si el funcionario judicial tomó la decisión de llevar a cabo los procedimientos 48 horas hábiles después de presentar la exposición, «habla de la calidad jurídico técnica» de la presentación: «Estaba debidamente fundamentada».
El letrado sostuvo en medios radiales que en la denuncia se solicita que se investigue «la posible responsabilidad penal de la empresa Comarsa, por contaminación». Pero también apunto contra las firmas productoras de petroleo y contra los funcionarios públicos, «por haberlo avalado».
La denuncia fue radicada en la unidad de Delitos Ambientales el jueves pasado, según afirmó Colombo. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid fue quien dispuso los allanamientos en la planta de acopio de residuos de la empresa señalada en el Parque industrial de Neuquén y Añelo.
El abogado indicó que aún no tuvieron noticias sobre los resultados de las diligencias judiciales. Destacó el rápido accionar de la fiscalía y remarcó que si Breide Obeid ordenó los procedimientos 48 horas hábiles después de que realizaran la exposición en la Justicia, es por su «calidad jurídico técnica». «Si el fiscal determinó que estaban dadas las condiciones para allanar las plantes es porque encontró que nuestra presentación estaba debidamente fundamenta», recalcó.
Colombo señaló que en la denuncia expusieron «el lado B de Vaca Muerta». «Existe un millonario negocio con el acopio indiscriminado y sin nigún tipo de tratamiento de estos residuos petroleros, que son recortes de perforación que tienen materiales radiactivos y metales pesados que son depositados y acumulados en plantas de diferentes empresas que se dedican a este tipo de actividades», enfatizó el letrado.
Remarcó que es el gobierno neuquino el que le proporciona tierras fiscales a las firmas. «Esto se realiza en hectáreas de predios públicos cedidos por el mismo Estado, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de impermeabilización y sin ninguna medida de seguridad», subrayó.
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas estiman que allí se alojan «400 mil metros cúbicos hasta el día de la fecha, distribuidos en el caso puntualmente de la empresa Comarca, entre la planta del Parque Industrial de Neuquén y Añelo». Explicaron que ello se traduce en 7.000 toneladas de residuos petroleros tóxicos y en un «pasivo ambiental» que se puede cuantificar en 5.000 millones de pesos.
«Nuestro razonamiento es muy sencillo. Si existe un discurso por parte del Estado en todos sus niveles en relación de que la ciudadanía debe separar y reciclar los residuos que producen, estas empresas deberían hacer lo mismo, con el agravante de que es un tipo especial de residuos, residuos peligrosos, que tienen que ver con el impacto de la atmósfera y la salud en general», señaló Colombo. Agregó que «si no se llevan a cabo como corresponde», las firmas que se dedican al acopio de estos materiales «tienen responsabilidad civiles y penales».
El abogado explicó que la Ley de Residuos Peligrosos, ademas de tener tipos penales para aquellos casos en que se genera contaminación ambiental, «también establece disposiciones específicas en cabeza de los generadores, transportistas y empresas que hacen tratamiento y disposición final de los residuos». Por eso, afirmó que no sólo le compete responsabilidad a las empresas que acumulan tales residuos, sino además a las compañías que los producen. Entre ellas, Colombo nombró a YPF y Chevron.
Enfatizó que a los funcionarios públicos también les compete rendir cuentas ante la Justicia, pues sostuvo que «es el Estado quien debe encargarse de fiscalizar y monitorear» que las empresas hagan el tratamiento que corresponde. «Lo que nosotros identificamos es que hay un montaje de una gran ingeniería político legal para generar las condiciones para que puedan hacer lo que quieran, sin ningún tipo de monitorización», aseveró Colombo.
El letrado adelantó que la asociación planea constituirse como querella en la investigación, para «avanzar más activamente» y solicitar determinadas medidas probatorias que consideran «urgente». Señaló que están esperando que la fiscalía les comunique los resultados de los allanamientos de ayer.
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