Abrirán defensorías generales en cinco localidades de Río Negro

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RIO COLORADO(ARC).- Río Colorado contará en los próximos meses con una defensoría general, según se desprende de una resolución tomada por la Procuradoría General de Río Negro. Esta medida incluye además a las ciudades de Allen, Catriel, San Antonio Oeste y El Bolsón de acuerdo a la resolución 71/02.

El Concejo Deliberante de Río Colorado recibió la resolución, en la que se aclara que la implementación efectiva del funcionamiento de estas nuevas dependencias, incluyendo el respectivo llamado a concurso para la cobertura de los cargos, se hará gradualmente y en la medida de la pertinente previsión presupuestaria.

También se solicita al Superior Tribunal de Justicia que disponga e implemente a la mayor brevedad el llamado a concurso para la cobertura de cargos, requiriendo, si es necesario, un incremento presupuestario.

En los considerandos de la medida, se expresa que la situación social de la provincia requiere de una mayor asistencia hacia la población por parte del Poder Judicial y en particular del Ministerio Público. «Ello se traduce en la necesidad de incrementar la cantidad de defensorías generales, con preferente atención en materia civil, y distribuidas en las diversas localidades provinciales que actualmente no son asiento de organismos judiciales de primera o ulterior instancia, más allá de los juzgados de paz» dice un párrafo del escrito que lleva la firma del procurador Hugo Mántaras.

Más adelante, se explica que «la mayor distribución geográfica de la Justicia es un anhelo de la población, compartida por el suscripto, a contrario del denominado «principio de concentración» que sólo beneficia a las grandes ciudades que son asiento de organismos judiciales y a los abogados que allí se radican».

Finalmente expresa que el cumplimiento de los previsto por el artículo 219 de la Constitución Provincial, en punto a la visita regular a las ciudades, pueblos y parajes alejados por parte de los funcionarios del ministerio público «si bien se cumple, no alcanza a satisfacer la enorme demanda de asistencia jurídica por parte de los sectores más desposeídos y que es obligación del ministerio público atender».