“Abusos y atropellos”

Redacción

Por Redacción

Como delegado de ATE, de la Secretaría de Trabajo de General Roca, ante la inacción del gremio que integro y la falta de respuesta de la patronal me veo en la obligación de denunciar que los trabajadores de la Secretaría de Trabajo paradójicamente resultamos ser víctimas de los más graves abusos y atropellos en los derechos laborales. Nuestros altos jefes –casualmente representantes sindicales–, que deberían obrar en beneficio o protección de los derechos del trabajador, se han convertido en planificadores de sistemas de persecución a empleados que no son funcionales a sus fines personales. De tal manera, tanto la remuneración como los derechos básicos del trabajador (como el goce de licencias por vacaciones) son adjudicados a quienes éstos funcionarios desean y a modo de premio o castigo. De este modo, el incentivo a la mayor productividad, que integra gran parte del sueldo de los trabajadores de la Secretaría, lo cobran sólo aquellos a quienes en los registros se les consigna la asistencia perfecta, sorprendentemente lo cobran los funcionarios públicos que no registran asistencia, mientras que los agentes que no gozan de ningún privilegio para cobrar un sueldo completo deben concurrir al trabajo enfermos. Lo mismo sucede con el otorgamiento de licencias o vacaciones anuales: sólo se conceden como premio a quienes son afines, mientras que hay otros que las tienen que gestionar judicialmente por amparo. Por otra parte, los elementos de trabajo sólo se ponen a disposición de aquellos “elegidos” por el funcionamiento a cargo de la delegación, de tal forma que quien suscribe –quien reviste el cargo de notificador con antigüedad de 18 años en el empleo y con 52 años de edad– debe practicar diariamente las diligencias o notificaciones con una bicicleta sin condiciones de seguridad (que ni siquiera pertenece al inventario de la delegación), mientras que la movilidad destinada al organismo (camioneta Ford, nueva) le fue adjudicada a personal que ingresó con la nueva gestión de gobierno y la tiene para uso personal, habiendo quitado los logos e identificación del organismo. Por su parte, los procesos de sanción o sumarios sólo se utilizan para perseguir a quienes ninguna falta cometieron, mientras que a los funcionarios y sus colaboradores no se les investiga ni siquiera con proceso penal en curso. Todo tal como ocurre con la delegada de Trabajo de General Roca, Natalia Reynoso, de cuyo cúmulo de denuncias que se registran con motivo del irregular desempeño de sus funciones hasta la fecha no se conoce que el secretario de Trabajo hubiere dispuesto siquiera abrir una investigación de su conducta. Por su parte el sindicato ATE frente al reiterado reclamo de los trabajadores ninguna solución o medida aportó, y en estos días, próximos a elecciones, sólo se muestra preocupado por el pase a planta permanente de todo el personal ingresado al estado en la nueva gestión de gobierno, incluso de aquellos que tienen sumarios o sanciones y sin siquiera tener presente como requerimiento la idoneidad para el ingreso al empleo público. Mientras en la práctica veo día a día cómo el propio organismo laboral pisotea mis derechos como trabajador, tengo que oír en los medios de difusión que el actual gobernador al momento de referirse a la Secretaría de Trabajo expone como objetivo que “hay que defender a la parte más débil en la relación de empleo, que es el trabajador”. Expresiones que suenan incongruentes y poco ciertas a la luz de los acontecimientos. Celin Ernesto Guevara DNI 16.375.064 Roca

Celin Ernesto Guevara DNI 16.375.064 Roca


Como delegado de ATE, de la Secretaría de Trabajo de General Roca, ante la inacción del gremio que integro y la falta de respuesta de la patronal me veo en la obligación de denunciar que los trabajadores de la Secretaría de Trabajo paradójicamente resultamos ser víctimas de los más graves abusos y atropellos en los derechos laborales. Nuestros altos jefes –casualmente representantes sindicales–, que deberían obrar en beneficio o protección de los derechos del trabajador, se han convertido en planificadores de sistemas de persecución a empleados que no son funcionales a sus fines personales. De tal manera, tanto la remuneración como los derechos básicos del trabajador (como el goce de licencias por vacaciones) son adjudicados a quienes éstos funcionarios desean y a modo de premio o castigo. De este modo, el incentivo a la mayor productividad, que integra gran parte del sueldo de los trabajadores de la Secretaría, lo cobran sólo aquellos a quienes en los registros se les consigna la asistencia perfecta, sorprendentemente lo cobran los funcionarios públicos que no registran asistencia, mientras que los agentes que no gozan de ningún privilegio para cobrar un sueldo completo deben concurrir al trabajo enfermos. Lo mismo sucede con el otorgamiento de licencias o vacaciones anuales: sólo se conceden como premio a quienes son afines, mientras que hay otros que las tienen que gestionar judicialmente por amparo. Por otra parte, los elementos de trabajo sólo se ponen a disposición de aquellos “elegidos” por el funcionamiento a cargo de la delegación, de tal forma que quien suscribe –quien reviste el cargo de notificador con antigüedad de 18 años en el empleo y con 52 años de edad– debe practicar diariamente las diligencias o notificaciones con una bicicleta sin condiciones de seguridad (que ni siquiera pertenece al inventario de la delegación), mientras que la movilidad destinada al organismo (camioneta Ford, nueva) le fue adjudicada a personal que ingresó con la nueva gestión de gobierno y la tiene para uso personal, habiendo quitado los logos e identificación del organismo. Por su parte, los procesos de sanción o sumarios sólo se utilizan para perseguir a quienes ninguna falta cometieron, mientras que a los funcionarios y sus colaboradores no se les investiga ni siquiera con proceso penal en curso. Todo tal como ocurre con la delegada de Trabajo de General Roca, Natalia Reynoso, de cuyo cúmulo de denuncias que se registran con motivo del irregular desempeño de sus funciones hasta la fecha no se conoce que el secretario de Trabajo hubiere dispuesto siquiera abrir una investigación de su conducta. Por su parte el sindicato ATE frente al reiterado reclamo de los trabajadores ninguna solución o medida aportó, y en estos días, próximos a elecciones, sólo se muestra preocupado por el pase a planta permanente de todo el personal ingresado al estado en la nueva gestión de gobierno, incluso de aquellos que tienen sumarios o sanciones y sin siquiera tener presente como requerimiento la idoneidad para el ingreso al empleo público. Mientras en la práctica veo día a día cómo el propio organismo laboral pisotea mis derechos como trabajador, tengo que oír en los medios de difusión que el actual gobernador al momento de referirse a la Secretaría de Trabajo expone como objetivo que “hay que defender a la parte más débil en la relación de empleo, que es el trabajador”. Expresiones que suenan incongruentes y poco ciertas a la luz de los acontecimientos. Celin Ernesto Guevara DNI 16.375.064 Roca

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