Acción judicial para que Neuquén provea de ibuprofeno inhalable a pacientes covid

El escrito fue presentado ante los juzgados contencioso administrativo, y la exigencia apunta al Ministerio de Salud de la provincia.

Dos vecinos de la ciudad de Neuquén presentaron una acción preventiva de daños contra el Estado provincial, para que un juez ordene al Ministerio de Salud «que facilite y/o permita, sin limitaciones de ningún tipo, la utilización y/o aplicación del ibuprofeno inhalable» en los hospitales públicos, en los pacientes con covid-19 y que se encuentren en condiciones clínicas para su uso.

Si el juez hace lugar al planteo, el Ministerio «deberá abstenerse de restringir, limitar y/o desaconsejar el uso de dicho tratamiento, como viene haciéndolo hasta ahora».

El escrito pide además una intimación para que Salud «arbitre los medios necesarios para poner a disposición de los profesionales dependientes de ese organismo y que así lo requieran, todos los recursos con los que éste cuenta para -en los casos que sea prescripto- tener disponible en forma inmediata la medicación necesaria para la aplicación del tratamiento en cuestión».

La acción fue presentada por Juan Cruz Llorens Plantey y Marcela Olguín, con el patrocinio de los abogados Mariana Agüera y Máximo Castro Veliz. Le tocará resolverla a alguno de los jueces de Procesal Administrativo, José Pusterla o María Cecilia Gómez.

Castro Veliz dijo a Río Negro que los vecinos no son pacientes covid-19. «No lo son, todavía», aclaró, «por eso en la acción decimos que muy probablemente, y tal vez en forma inminente por las características de la enfermedad y la situación de contagios en la provincia, tengan que ser asistidos en el sistema público de salud».

El planteo judicial va en contra de la decisión de la provincia, de no recomendar el uso del ibuprofeno inhalatorio «hasta no contar con
evidencia sobre su eficacia y seguridad
proveniente de estudios clínicos bien diseñados con bajo riesgo de sesgo como los ensayos controlados aleatorizados».

El abogado aseguró que en las clínicas privadas se está aplicando, pero en salud pública «los profesionales tienen las manos atadas».

Estimó que en las próximas 48 o 72 horas habrá novedades en el juzgado sobre la presentación.


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