Acorralados por la corrupción

Redacción

Por Redacción

Como siempre sucede cuando se ordena la detención de un exfuncionario, muchos atribuyen a motivos políticos o personales la decisión del juez federal Claudio Bonadío de poner bajo arresto a Ricardo Jaime. Mientras que algunos suponen que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha llegado a la conclusión de que le convendría echar lastre sacrificando a un “emblemático” notorio, de tal modo asegurándonos que está resuelto a combatir la corrupción, otros aventuran que Bonadío se ha convencido de que el país está por dejar atrás una etapa signada por la hegemonía kirchnerista y que por lo tanto sería de su interés adaptarse cuanto antes al cambio de clima así supuesto, erigiéndose en defensor valiente de la legalidad y la igualdad ante la ley. En una sociedad tan enferma de politización como la nuestra, tales conjeturas son lógicas, pero si bien es legítimo preguntarse por qué Bonadío acaba de ordenar la detención de un personaje que desde hace casi diez años es considerado el más vulnerable de los muchos kirchneristas acusados de enriquecerse ilícitamente, las dudas acerca de sus motivos que se han planteado no ayudarán al exsecretario de Transporte ni al gobierno nacional. Al brindar la impresión de que, por fin, la Justicia ha comenzado a tomar en serio las denuncias para iniciar una ofensiva contra la corrupción sistémica que es inherente al “proyecto” kirchnerista, el regreso imprevisto de Jaime al centro del escenario político no podrá sino perjudicar al oficialismo en la campaña electoral que pronto entrará en su fase decisiva. Para los acostumbrados a minimizar la importancia de la corrupción que conforman el núcleo duro del electorado kirchnerista, el que sujetos vinculados con el oficialismo hayan disfrutado de impunidad es evidencia suficiente de que cuenta con el poder necesario para gobernar con eficiencia. Así las cosas, la orden de arresto librada contra Jaime será vista como un síntoma de debilidad, lo que podría tener un impacto muy fuerte en la actitud de aquellos sectores que habitualmente apoyan al caudillo peronista coyunturalmente más poderoso. Después de todo, en los países de tradiciones populistas, la ideología de los líderes “carismáticos” de turno es lo de menos; con tal que parezcan más fuertes que sus rivales, obtendrán el respaldo de quienes viven al borde de la indigencia. Jaime nunca fue un “infiltrado” en el kirchnerismo, un oportunista que se las ingenió para engañar a los demás integrantes del gobierno. Por el contrario, es una figura representativa que durante mucho tiempo estuvo estrechamente relacionado con el expresidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y muchos otros “pingüinos”. Puede que Cristina no lo haya querido, aunque sólo fuera por entender que, tarde o temprano, la voluntad de hacer gala de su buena fortuna que lo caracterizaba le ocasionaría muchos problemas ingratos, pero la antipatía personal que la presidenta podría sentir hacia Jaime no le serviría para mucho si, a base de información derivada de los diversos casos protagonizados por el personaje, la Justicia se pusiera a investigar exhaustivamente el sistema que fue creado por ciertos kirchneristas, entre ellos su marido fallecido, para apropiarse de fondos públicos. Ya se ha instalado la idea, reivindicada desde hace tiempo por la diputada Elisa Carrió, el periodista Jorge Lanata y otros, de que lo que está en marcha tiene forzosamente que culminar con la detención de todos los involucrados, sin excluir a Cristina. Esta realidad ominosa ha echado una sombra oscura sobre el horizonte político y, por lo tanto, el futuro del país. Por razones comprensibles, muchos opositores, comenzando con los “disidentes” peronistas, preferirían concentrarse en criticar otros aspectos de la gestión kirchnerista, como las arbitrariedades cometidas por los encargados de la política económica, pero les está resultando cada vez más difícil tratar la corrupción como si fuera un tema menor. En cuanto a Cristina y sus acompañantes, el temor a lo que podría sucederles si las instituciones funcionaran bien está detrás de sus esfuerzos por “profundizar el modelo”, reemplazar la Constitución nacional por otra a su medida y “democratizar” la Justicia, para que, debidamente reformada, cohonestara todo cuanto han hecho.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 17 de julio de 2013


Como siempre sucede cuando se ordena la detención de un exfuncionario, muchos atribuyen a motivos políticos o personales la decisión del juez federal Claudio Bonadío de poner bajo arresto a Ricardo Jaime. Mientras que algunos suponen que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha llegado a la conclusión de que le convendría echar lastre sacrificando a un “emblemático” notorio, de tal modo asegurándonos que está resuelto a combatir la corrupción, otros aventuran que Bonadío se ha convencido de que el país está por dejar atrás una etapa signada por la hegemonía kirchnerista y que por lo tanto sería de su interés adaptarse cuanto antes al cambio de clima así supuesto, erigiéndose en defensor valiente de la legalidad y la igualdad ante la ley. En una sociedad tan enferma de politización como la nuestra, tales conjeturas son lógicas, pero si bien es legítimo preguntarse por qué Bonadío acaba de ordenar la detención de un personaje que desde hace casi diez años es considerado el más vulnerable de los muchos kirchneristas acusados de enriquecerse ilícitamente, las dudas acerca de sus motivos que se han planteado no ayudarán al exsecretario de Transporte ni al gobierno nacional. Al brindar la impresión de que, por fin, la Justicia ha comenzado a tomar en serio las denuncias para iniciar una ofensiva contra la corrupción sistémica que es inherente al “proyecto” kirchnerista, el regreso imprevisto de Jaime al centro del escenario político no podrá sino perjudicar al oficialismo en la campaña electoral que pronto entrará en su fase decisiva. Para los acostumbrados a minimizar la importancia de la corrupción que conforman el núcleo duro del electorado kirchnerista, el que sujetos vinculados con el oficialismo hayan disfrutado de impunidad es evidencia suficiente de que cuenta con el poder necesario para gobernar con eficiencia. Así las cosas, la orden de arresto librada contra Jaime será vista como un síntoma de debilidad, lo que podría tener un impacto muy fuerte en la actitud de aquellos sectores que habitualmente apoyan al caudillo peronista coyunturalmente más poderoso. Después de todo, en los países de tradiciones populistas, la ideología de los líderes “carismáticos” de turno es lo de menos; con tal que parezcan más fuertes que sus rivales, obtendrán el respaldo de quienes viven al borde de la indigencia. Jaime nunca fue un “infiltrado” en el kirchnerismo, un oportunista que se las ingenió para engañar a los demás integrantes del gobierno. Por el contrario, es una figura representativa que durante mucho tiempo estuvo estrechamente relacionado con el expresidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y muchos otros “pingüinos”. Puede que Cristina no lo haya querido, aunque sólo fuera por entender que, tarde o temprano, la voluntad de hacer gala de su buena fortuna que lo caracterizaba le ocasionaría muchos problemas ingratos, pero la antipatía personal que la presidenta podría sentir hacia Jaime no le serviría para mucho si, a base de información derivada de los diversos casos protagonizados por el personaje, la Justicia se pusiera a investigar exhaustivamente el sistema que fue creado por ciertos kirchneristas, entre ellos su marido fallecido, para apropiarse de fondos públicos. Ya se ha instalado la idea, reivindicada desde hace tiempo por la diputada Elisa Carrió, el periodista Jorge Lanata y otros, de que lo que está en marcha tiene forzosamente que culminar con la detención de todos los involucrados, sin excluir a Cristina. Esta realidad ominosa ha echado una sombra oscura sobre el horizonte político y, por lo tanto, el futuro del país. Por razones comprensibles, muchos opositores, comenzando con los “disidentes” peronistas, preferirían concentrarse en criticar otros aspectos de la gestión kirchnerista, como las arbitrariedades cometidas por los encargados de la política económica, pero les está resultando cada vez más difícil tratar la corrupción como si fuera un tema menor. En cuanto a Cristina y sus acompañantes, el temor a lo que podría sucederles si las instituciones funcionaran bien está detrás de sus esfuerzos por “profundizar el modelo”, reemplazar la Constitución nacional por otra a su medida y “democratizar” la Justicia, para que, debidamente reformada, cohonestara todo cuanto han hecho.

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