¿Agencia o inmobiliaria del deporte?



Marcelo Antonio Angriman*

Suspicacias es la palabra que mejor define, los efectos que ha provocado en el mundo del deporte la firma del DNU 92/2019, con el cual el Gobierno Nacional puso fin a la Secretaría de Deportes.
Para ello creó una Agencia cuya pregonada razón de ser consistiría en “lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente”.


Así señala su texto, que el nuevo organismo se pone como objetivo “entender la orientación y la programación, promoción, coordinación, asistencia, ordenamiento y fiscalización de la actividad deportiva en todo el país en todas sus formas y en todas sus modalidades, con excepción de la actividad deportiva de carácter educativo”.


También se propone “intervenir en la elaboración de las normas que requiera la implementación de la legislación deportiva y buscar asesorar a los organismos públicos y privados en los aspectos relacionados con su aplicación”.


Es decir que paradójicamente, bajo una aparente degradación, a la nueva Agencia deportiva se le estarían concediendo mayores atribuciones.
Hasta allí, las interpretaciones más dóciles consideran que seguir el modelo español ADO de más de 30 años o el de la Provincia de Córdoba desde 1999, será una solución destinada a agilizar las prácticas deportivas disponiendo de un presupuesto propio, facilitando el cobro de becas y haciendo participar a las provincias de las decisiones. Una solución que podría sumar aportes y lograr recursos de empresas dispuestas a colaborar con el deporte federado.


Más allá del carácter benevolente que se le quiera otorgar al decreto, se duda y mucho del resto de su contenido.
El artículo clave es el 15º porque determina los recursos operativos que tendrá la Agencia.

El artículo 15º dice que serán posibles “las ventas, locaciones” de bienes y servicios de la agencia. Ello abre la posibilidad de enajenar varias instalaciones valiosas en el país.


En el mismo, se explica que serán posibles “las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes y servicios”.
Ello abre la posibilidad de enajenar las instalaciones del Cenard ubicado en el estratégico barrio de Núñez (11,5 hectáreas), los predios de Ezeiza donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol (582,26); el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría (38,33) y la pista nacional de remo del Tigre (124).


Es allí donde aparecen los grandes signos de interrogación. Si el gobierno no está dispuesto a desprenderse de estas valiosísimas tierras ¿cuál es el sentido de la inclusión de tal facultad?
¿Cómo se concilia tal atribución, sin entrar en contradicción, con otra parte del decreto que establece como finalidad de la Agencia “la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas”?
Lejos de ello, si la Agencia pasa a ser una suerte de inmobiliaria, en lugar de aportar al deporte lo liquidaría, al desprenderse de instalaciones insustituibles que han sido cuna de nuestros más encumbrados deportistas olímpicos.


Tengamos en cuenta que muchísimos jóvenes del interior han logrado mediante los planes de la secretaría de Deportes, formarse y representar a nuestro país, cuando sus posibilidades económicas se lo impedían.
Así el deporte durante décadas ha permitido la igualdad de oportunidades, como una suerte de universidad pública, que no cierra sus puertas a quien demuestra aptitudes y vocación de desarrollo.


Pues bien ¿a quién se le ocurriría vender la Facultad de Derecho, de Medicina o de Ingeniería por más atractiva que resulte la idea? Aunque la comparación parezca odiosa ¿qué es el deporte sino una de las maneras más sanas de contribuir a la educación no formal de nuestros jóvenes?
De allí que la arrebatada insinuación de vender tales predios y hasta los del Profesorado de Educación Física Enrique Romero Brest, desmentida informalmente por algunos funcionarios nacionales, han puesto en estado de alerta a la comunidad deportiva.


Otras miradas más políticas del problema especulan con que la creación de la Agencia tiene como fin encubierto desarticular el Instituto Nacional del Deporte y la actividad física, el Ente Nacional del Deporte (Enaded), el Observatorio Nacional del Deporte. la Confederación Argentina de Deportes (CAD), reservas kirchneristas, frente a un año de dura batalla electoral.
Para cerrar el análisis, no deja de ser un auténtico despropósito, que la Agencia de deportes haya sido creada por un Decreto de Necesidad y Urgencia.


¿Por qué no se esperó hasta que el Congreso inicie sus sesiones ordinarias, el viernes 1º de marzo, y debatir como corresponde un ‘programa de gestión a 20 años’, tal como reza el proyecto en sus considerandos?”. 
No se vislumbra con claridad cuál ha sido la necesidad y menos la urgencia para dictar un DNU que seguramente, cuando toque fibras sensibles, será objeto de planteo de inconstitucionalidades. Si bien algunas versiones sostienen que finalmente la norma saldrá por ley, lo único concreto por el momento es el DNU.


El deporte enseña que partir precipitadamente, no es buen consejero para las carreras de largo aliento. Es hora de que el Gobierno -luego de la buena experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud- regule su marcha y aclare sus ideas, antes que sea demasiado tarde.


*Abogado. Profesor nacional de Educación Física. Docente Universitario.


Temas

Deportes

Comentarios


¿Agencia o inmobiliaria del deporte?