¿Ahora vienen por la salud?

Por Pablo San Martín *

Después de que el 31 de diciembre fuera publicada una resolución en el Boletín Oficial que autorizaba un aumento del 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, a las pocas horas, por “expresa decisión” del presidente Alberto Fernández quedó anulada.

Entre gallos y medianoche, el mandatario decidió publicar una edición extra del Boletín Oficial para anunciarlo. La medida tomada por el presidente pasó desapercibida para la mayor parte de la población, pero impactó directamente en un sector abatido durante el 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.

La salud es un derecho que todos damos por adquirido y restamos atención a cuestiones meramente de gestión en un sector, que por más que cueste reconocerlo, es uno más de la economía argentina.

Después de un año económicamente duro en el que debió afrontar – y sigue afrontando- la pandemia del Covid-19, la negociación entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y las empresas de medicina prepaga parecía haber llegado a buen puerto.

Las prestadoras de servicio planeaban aumentar las cuotas a sus beneficiarios a partir de febrero y así poder recuperar -en parte- el holgado 35% de inflación que dejó el año del Covid.

Si tomamos como referencia los bienes y servicios que adquiere el consumidor final en el sector salud, nos encontramos con que ese valor monetario se calcula en aproximadamente 1.240 millones de pesos al tercer trimestre de 2020, que según datos del INDEC estaría repartido un 75% en el subsector privado y el resto en el subsector público.

La realidad es que el sistema de salud argentino es una enmarañada red de financiadores, usuarios, prestadores y servicios distribuidos en subsectores público, privado y de seguridad social.

Los dos últimos nuclean a aproximadamente el 73% de la población que se beneficia de las prestaciones de salud financiadas por las obras sociales (nacionales, provinciales o municipales, incluido el PAMI) y las empresas de medicina prepaga.

El problema está en que las autoridades no ven al sistema de salud como un todo, sino que crean rivalidades innecesarias cuando se debería trabajar con políticas de salud que los integren.

La modalidad de trabajo que impulsa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la consigna “vamos por todo” ahora posó la mirada en la salud.

Lejos de priorizar la unificación de planes o estrategias que permitan integrar a todos los subsectores, la idea es centralizar el sistema de salud bajo una cuestión meramente ideológica: “Tenemos que pensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”, afirmó.

Puertas adentro del Instituto Patria, se trabaja en un proyecto de reforma que declara de interés público a todos los recursos sanitarios del país, y éstos no solo incluyen los de las empresas de medicina privada, sino que además impacta directamente en los fondos de las obras sociales sindicales.
Ahora sí es “vamos por todo”.

* Médico especialista en Gestión en Salud y Gestión Empresaria.