Alternativas antipáticas



Con reflejos que son claramente mejores que aquellos de otros defensores del “modelo” económico del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado Carlos Kunkel reaccionó frente a los cacerolazos estruendosos de la semana pasada reconociendo que, si bien “hay un porcentaje importante” de argentinos “a tener en cuenta”, para aprovechar el malestar la oposición tendría que mostrar sus propuestas. Aunque todos coincidirían en que se trata de un planteo legítimo, sorprendería mucho que un político opositor procurara decirnos en detalle lo que haría si le tocara luchar contra la inseguridad ciudadana, la inflación y otros males. Como sus homólogos en todos los demás países democráticos, los dirigentes opositores locales prefieren concentrarse en denunciar los errores que a su juicio ha cometido el gobierno de turno, dando a entender que corregirlos no resultaría ser tan difícil como muchos suponen. Tal actitud puede considerarse realista, puesto que no les convendría en absoluto correr el riesgo de asustar a los votantes hablando de medidas antipáticas, pero no cabe duda de que ha contribuido mucho al desprestigio de la clase política no sólo aquí sino también en virtualmente todos los demás países del mundo. En la Argentina ya es tradicional que los políticos subestimen groseramente la gravedad de los problemas nacionales. Los oficialistas lo hacen porque, luego de transcurrir sus primeros meses en el poder, están más interesados en subrayar los méritos de su propia labor que en llamar la atención a sus deficiencias; los opositores porque quieren hacer pensar que, una vez en el gobierno, serían capaces de solucionarlos en un lapso relativamente breve. Asimismo, todos propenden a atribuir las lacras que denuncian al accionar de un gobierno determinado, sea el actual en el caso de los opositores, o el anterior en el de los oficialistas. Sin embargo, los problemas más evidentes de la Argentina –la existencia de enormes bolsones de pobreza, el desempeño llamativamente mediocre de casi todos los sectores económicos, el estado desastroso de la administración pública, la precariedad institucional, el gran déficit educativo– tienen raíces muy profundas, razón por la cual intentar atenuarlos requeriría un gran esfuerzo común. Por lo demás, como siempre sucede cuando una sociedad se ha acostumbrado a un orden socioeconómico deficiente, son tantos los intereses creados que peligrarían si un gobierno tratara de poner en marcha un programa destinado a permitirle al país recuperar el terreno perdido que es comprensible que muy pocos se afirmen dispuestos a hacerles frente. El fracaso de todos los “modelos” que se han ensayado a partir de la Segunda Guerra Mundial puede atribuirse a la resistencia de sus partidarios a abandonar el corporativismo clientelar. Los intentos torpes de los “neoliberales” de los distintos regímenes militares y del gobierno de Carlos Menem por “modernizar” la economía, para que se pareciera más a las de los países desarrollados, no brindaron los resultados previstos, mientras que los esfuerzos de los populistas peronistas y radicales por hacer funcionar mejor esquemas que a esta altura el grueso de la ciudadanía supone son naturales han tenido consecuencias igualmente decepcionantes. Pues bien, tal y como están las cosas, parecería que “el modelo” de Cristina compartirá el destino de los reivindicados por tantos gobiernos anteriores: la inflación tiende a acelerarse, la falta de competitividad se hace cada vez más notoria, escasean las inversiones productivas, la fuga de capitales continuará. Puede que hayan exagerado el exministro de Economía Roberto Lavagna al hablar de un “Rodrigazo en cuotas” y el premio Nobel Edmund Phelps, cuando advierte que si el gobierno sigue imprimiendo dinero al ritmo actual “tarde o temprano desembocará en una hiperinflación”, pero ya abundan motivos para sospechar que, una vez más, la economía nacional está acercándose a un punto de inflexión. Cuando lo alcance, el gobierno actual o su eventual sucesor no tendrá más opción que la de tomar medidas que serían, por decirlo de algún modo, políticamente costosas, pero, claro está, no nos dirán en qué consistirán hasta que sea dolorosamente evidente que ya se hayan agotado todas las alternativas “populares”.


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