Anclada en África
Aun cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logre que, por fin, la Justicia ghanesa deje salir la fragata “Libertad” del puerto de Tema en que está retenida desde hace tres semanas, sin que nuestros representantes se vean obligados a negociar antes con los odiados “fondos buitre”, el episodio grotesco protagonizado por la embarcación continuará perjudicándolo por mucho tiempo más. Tanto la detención del buque insignia de la Armada nacional como la reacción desmañada de la Cancillería, que en un momento dijo sentirse muy preocupada por los “derechos humanos” de los tripulantes, insinuando así que los ghaneses los habían secuestrado, y del Ministerio de Defensa han servido para llamar la atención a la torpeza que es una de las características más notables de los funcionarios del gobierno de Cristina. Si bien, como es su costumbre, la cúpula gubernamental ha procurado culpar a otros por lo sucedido, forzando la renuncia del jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz, además del secretario general y director de Organización y Doctrina de la institución, pocos dudan de que los responsables principales del desaguisado fenomenal que se ha producido se encuentren en la Cancillería y el ministerio de Defensa, ya que aprobaron la decisión de visitar Ghana luego de haber limitado durante años los viajes de la fragata a países de la Unasur por miedo a un eventual ataque por parte de acreedores despechados. Los esfuerzos del gobierno por movilizar a “la comunidad internacional” para que presionara a los ghaneses se han visto dificultados por la mala imagen de los kirchneristas. Mal que nos pese, en la actualidad el país no cuenta con muchos aliados. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el guatemalteco Gert Rosenthal, se ha afirmado reacio a encargarse del asunto porque, como explicó, no plantea una amenaza grave a la paz mundial, aunque dijo que sí le preocupa la presunta violación del derecho internacional según el que no pueden ser embargados los buques de guerra. De todos modos, el que el gobierno mismo haya entendido que la fragata “Libertad” correría peligro si atracara en puertos europeos –sobre todo en los de España y Portugal–, norteamericanos o asiáticos, razón por la que hasta hace apenas un mes las autoridades nacionales trazaban con sumo cuidado las rutas elegidas para los viajes de instrucción del buque escuela, sugiere que el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios nunca confiaron demasiado en el principio jurídico que se han puesto a reivindicar con tanta firmeza. Por razones comprensibles el gobierno ghanés, que está más interesado en la campaña previa a las elecciones generales fijadas para el 7 de diciembre que en la relación con la Argentina, no quiere tener problemas con el Poder Judicial. Tampoco le gustaría parecer dispuesto a ceder ante las presiones ajenas a menos que éstas se hagan muy fuertes, lo que aún no ha sido el caso ya que, a juzgar por los comentarios de los medios más influyentes del mundo, en el exterior la mayoría ha optado por tratar el asunto como un papelón provocado por un gobierno que últimamente se ha destacado por su excentricidad. Asimismo, la decisión de evacuar a 281 tripulantes en un vuelo de Air France –un avión de pasajeros argentino podría compartir la suerte de la fragata “Libertad”– hace pensar que el gobierno comprende que no habrá ninguna solución inmediata para este embrollo. Según se informa, quedarán a cargo del buque el capitán y una dotación mínima de 44 marineros que tendrán que protegerlo y encargarse de las tareas de mantenimiento, aunque el gobierno hubiera preferido dejar una tripulación mucho más reducida. Sea como fuere, parece inevitable que los costos tanto económicos como políticos de la imprevista detención del buque emblemático continúen subiendo, ya que, además de tener que abonar los gastos portuarios y los pagos a los abogados, el “fondo buitre” se las ha arreglado para reactivar las polémicas en torno al default de hace más de diez años del que la Argentina, a pesar del canje y años de crecimiento “a tasas chinas”, aún no ha salido por completo, lo que, huelga decirlo, no ayudará en absoluto a facilitar las negociaciones con otros acreedores, que no pueden calificarse de “buitres”, como los países del Club de París.
Aun cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logre que, por fin, la Justicia ghanesa deje salir la fragata “Libertad” del puerto de Tema en que está retenida desde hace tres semanas, sin que nuestros representantes se vean obligados a negociar antes con los odiados “fondos buitre”, el episodio grotesco protagonizado por la embarcación continuará perjudicándolo por mucho tiempo más. Tanto la detención del buque insignia de la Armada nacional como la reacción desmañada de la Cancillería, que en un momento dijo sentirse muy preocupada por los “derechos humanos” de los tripulantes, insinuando así que los ghaneses los habían secuestrado, y del Ministerio de Defensa han servido para llamar la atención a la torpeza que es una de las características más notables de los funcionarios del gobierno de Cristina. Si bien, como es su costumbre, la cúpula gubernamental ha procurado culpar a otros por lo sucedido, forzando la renuncia del jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz, además del secretario general y director de Organización y Doctrina de la institución, pocos dudan de que los responsables principales del desaguisado fenomenal que se ha producido se encuentren en la Cancillería y el ministerio de Defensa, ya que aprobaron la decisión de visitar Ghana luego de haber limitado durante años los viajes de la fragata a países de la Unasur por miedo a un eventual ataque por parte de acreedores despechados. Los esfuerzos del gobierno por movilizar a “la comunidad internacional” para que presionara a los ghaneses se han visto dificultados por la mala imagen de los kirchneristas. Mal que nos pese, en la actualidad el país no cuenta con muchos aliados. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el guatemalteco Gert Rosenthal, se ha afirmado reacio a encargarse del asunto porque, como explicó, no plantea una amenaza grave a la paz mundial, aunque dijo que sí le preocupa la presunta violación del derecho internacional según el que no pueden ser embargados los buques de guerra. De todos modos, el que el gobierno mismo haya entendido que la fragata “Libertad” correría peligro si atracara en puertos europeos –sobre todo en los de España y Portugal–, norteamericanos o asiáticos, razón por la que hasta hace apenas un mes las autoridades nacionales trazaban con sumo cuidado las rutas elegidas para los viajes de instrucción del buque escuela, sugiere que el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios nunca confiaron demasiado en el principio jurídico que se han puesto a reivindicar con tanta firmeza. Por razones comprensibles el gobierno ghanés, que está más interesado en la campaña previa a las elecciones generales fijadas para el 7 de diciembre que en la relación con la Argentina, no quiere tener problemas con el Poder Judicial. Tampoco le gustaría parecer dispuesto a ceder ante las presiones ajenas a menos que éstas se hagan muy fuertes, lo que aún no ha sido el caso ya que, a juzgar por los comentarios de los medios más influyentes del mundo, en el exterior la mayoría ha optado por tratar el asunto como un papelón provocado por un gobierno que últimamente se ha destacado por su excentricidad. Asimismo, la decisión de evacuar a 281 tripulantes en un vuelo de Air France –un avión de pasajeros argentino podría compartir la suerte de la fragata “Libertad”– hace pensar que el gobierno comprende que no habrá ninguna solución inmediata para este embrollo. Según se informa, quedarán a cargo del buque el capitán y una dotación mínima de 44 marineros que tendrán que protegerlo y encargarse de las tareas de mantenimiento, aunque el gobierno hubiera preferido dejar una tripulación mucho más reducida. Sea como fuere, parece inevitable que los costos tanto económicos como políticos de la imprevista detención del buque emblemático continúen subiendo, ya que, además de tener que abonar los gastos portuarios y los pagos a los abogados, el “fondo buitre” se las ha arreglado para reactivar las polémicas en torno al default de hace más de diez años del que la Argentina, a pesar del canje y años de crecimiento “a tasas chinas”, aún no ha salido por completo, lo que, huelga decirlo, no ayudará en absoluto a facilitar las negociaciones con otros acreedores, que no pueden calificarse de “buitres”, como los países del Club de París.
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