Andacollo: Piden a Gerez que investigue a funcionarios y empresarios mineros

Concejales de la localidad del norte neuquino presentaron una denuncia penal dirigida al fiscal general en la que solicitan que se abra un legajo para conocer si le cabe alguna responsabilidad a los representantes de Cormine y de la firma Trident que entró en concurso de acreedores.

Concejales de Andacollo, con el patrocinio de la defensoría popular Jaime de Nevares, presentaron una denuncia penal para que la fiscalía investigue las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios de Cormine y representantes de la empresa Trident Southern Explorations de Argentina SRL, que tenía la concesión del Proyecto Minero Andacollo, ubicado entre esta localidad y Huinganco.

La compañía extraía oro y plata de la mina de Andacollo, pero desde hace dos meses no pudo acreditar los salarios de sus trabajadores. Se presentó en concurso de acreedores. Esta semana RÍO NEGRO publicó que además operó sin pagar la garantía durante tres años y medio.

En la denuncia, que está dirigida al fiscal general, José Gerez, se plantea que Trident ha sido representada por su gerente general, Gustavo Salvatierra a quien indican «como responsable de los actos que consideramos deben investigarse, sin perjuicio de la responsabilidad de los titulares y personas físicas a cargo de la firma titular del derecho de usufructo.»

Los concejales señalan también que la investigación debe avanzar sobre Martín Yrigoyen, presidente de Cormine, y al director provincial de minería, Carlos Portilla.

«A estas horas es de público conocimiento la dramática situación por la que atraviesan nuestras comunidades, donde en principio las 240 familias cuyo ingreso depende directamente de la mina, han dejado de percibir sus haberes desde el mes de Marzo, esto es; se encuentran en cuarentena y sin salario. Pero no solo ello, el giro comercial de los pequeños emprendimientos locales está prácticamente paralizado, justamente porque el consumo de estos trabajadores y sus familias, se encuentra sostenido sobre la base de préstamos y fiados en los negocios locales«, aseguran en la denuncia.

Y agregan: «Y por si ello fuera poco, la deuda se completa con aproximadamente 24 millones de pesos a pequeños empresarios locales que han prestado sus servicios sin recibir la debida contraprestación.»

Gerez está al tanto del conflicto ya que la fiscalía intervino a través de un proceso de mediación.

«La realidad de las cosas nos muestra elementos para considerar seriamente que podríamos encontrarnos frente a una criminalidad compleja en donde se entrelazan distintas figuras penales que van desde la administración infiel, pasando por la contaminación ambiental y la negociación incompatible con la función e incumplimiento de los deberes de los agentes públicos«, finalizaron los denunciantes.


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