Ante la necesidad de modificar la ley de Riesgos del Trabajo

Hace años que se intenta consensuar un nuevo proyecto

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

“El próximo envío de un nuevo proyecto de ley de Riesgos del Trabajo (LRT) al Congreso, para su debate y aprobación”, fue anunciado por Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la “Novena semana argentina de la salud y seguridad en el trabajo”, en la ciudad de Mendoza, el 23 de abril pasado. Recordó, además, que se intentó “durante muchos años –más de 6– conseguir el consenso alrededor de la misma” y que “esto fue muy difícil por distintas razones, pero ha llegado el momento porque se requiere seguridad jurídica para los trabajadores y los empleadores y prioridad en las prevenciones. No puede ser que los trabajadores que van a ganarse la vida a sus empleos, terminen perdiéndola por las malas condiciones laborales”.

La necesidad de modificar integralmente la ley 24557 de Riesgos del Trabajo, sancionada en 1995, se observó en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) que declararon inconstitucionales varios de sus artículos. Entre ellos, los que prohibieron al trabajador accidentado o sus familiares recurrir a la Justicia o la obligación de aceptar los valores indemnizatorios tarifados por el sistema en rentas mensuales y no en un pago único. También se fijaron los derechos de los accidentados o sus familiares a percibir reparaciones de acuerdo con las normas del Código Civil, pasando a constituir lo abonado por las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) pagos a cuenta de lo que finalmente dictaminaran los tribunales.

Esta situación planteó la posibilidad de que las víctimas o sus familiares ejercieran la “doble vía” para cobrar las indemnizaciones especiales estipuladas por la ley y recurrir, al mismo tiempo, a la instancia del Código Civil, algo no contemplado cuando se aprobó la norma vigente.

La Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART) planteó que podría pasar por un sistema tarifado, de pago cierto e inmediato, actualizable periódicamente con índices creíbles y cobertura médica integral, de buena calidad y de por vida, que sea más conveniente que las acciones judiciales invocando el derecho civil.

Cuando sindicalistas y empresarios intentaban acordar la nueva norma, a fines de agosto del 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) subrayó la necesidad de una ley que defendiera a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Aclaró que eso no significaba “desconocer los derechos de los trabajadores, sino sentarnos a una mesa representantes de entidades empresarias, sindicatos y ART para definir que los seguros no pueden constituir una apropiación de los derechos de los trabajadores a cobrar indemnizaciones ni tampoco ser un negocio para los que aseguran”. Y advirtió que si fuera necesario “intervendrá el Estado”.

Por entonces, Tomada dijo que, a la brevedad, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “multiplicaría por 3” los montos indemnizatorios mediante un decreto.

Legisladores del peronismo federal propusieron, en octubre del 2010, que el Estado nacional se hiciera cargo de las diferencias que surgieran entre los importes de las prestaciones establecidas en la LRT, a cargo de las ART. Otro tanto para las sumas que, según resoluciones judiciales firmes, deberían abonarse a los trabajadores en concepto de reparaciones civiles por los daños y los perjuicios sufridos, incluidos los gastos judiciales, honorarios, costos y costas que debieran erogar los empleadores si el proyecto de ley de marras avanzara en el Congreso.

Tomada reconoció, en junio último, que se avanzó para consensuar una nueva LRT, por la que podrían crearse comisiones mixtas y resarcirían accidentes “in itinere” (aquellos que ocurren cuando los trabajadores salen de sus casas hacia los lugares donde se desempeñan o regresan de los mismos), que llegaron a representar el 11% de las coberturas.

También se trató la conformación de “mutuas” como las españolas, o sea asociaciones con un mínimo de 50 empresarios, que comprenden a 50.000 trabajadores y proporcionan coberturas (el año pasado hasta nueve millones de euros, por supuesto en España). Cuando seguía estancada la discusión por la reforma de marras, en septiembre último el gobierno preparaba la reglamentación de las mutuas o los autoseguros, como alternativas a las ART y que integrarían empresas y gremios por ramas de actividades, en el marco de los respectivos convenios colectivos.

Funcionarios de la cartera laboral mantuvieron “consultas informales con el sector judicial” para cumplir con la doctrina de la CSJ, que estableció para los accidentados las posibilidades de recurrir a los tribunales de no estar conformes con las indemnizaciones de las ART y declaró la inconstitucionalidad del artículo de la LRT que fijó topes para las mismas.

Las ART y las empresas consideraron, a su vez, que la “doble vía” hacía peligrar la viabilidad del sistema e impedía a los empleadores calcular los costos futuros de ocupar trabajadores.

Dejando de lado la opción de los empleadores que se autoaseguran, las ART argumentaron que ellas eran empresas privadas, responsables de los pagos de las indemnizaciones y los servicios médicos en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Empresarios y sindicalistas consideraron que el proyecto de ley de marras era prioritario para solucionar la litigiosidad que enfrentaba el sistema y hasta “positivos” los cambios previstos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para contener la cantidad de juicios derivada de la “doble vía”, pero pidieron ser convocados por quienes preparaban la redacción definitiva antes del envío al Congreso.

CFK decretó al 2011 como “Año del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores” y reconoció a los distintos actores del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) que venían analizando prevenciones y controles, promociones de la salud y calidades de los ambientes laborales. El SRT multiplicó las capacitaciones para que los involucrados conocieran sus derechos y obligaciones y pudieran hacerlos valer y apoyó la “Declaración de adhesión a la estrategia argentina de salud y seguridad en el trabajo 2011-2015”.

La posibilidad de impulsar por consenso el proyecto de ley que estaría por enviarse al Parlamento fue negada por Héctor Recalde, diputado nacional oficialista, asesor de la CGT y docente universitario. “No hay nada de eso, nadie me consultó –sostuvo el 6 de septiembre pasado–. Sí hubo reuniones, pero no se llegó a ningún acuerdo”. Recalde elaboró un proyecto que aprobó un congreso de la central obrera en 1974.

La ley actual está “aniquilada”, opinó Horacio Meguira, abogado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quien la definió como “un seguro civil de los grupos empresariales, con el que éstos se cubren ante las posibilidades de litigios”.

CFK dijo el 25 de noviembre del 2011 que el proyecto oficial de ART “debe formar parte de un diálogo serio y profundo entre los sectores”, en lo que se interpretó como la inclusión del llamado “Pacto social”, hasta ahora no concretado.

“No nos conformamos con haber reducido el desempleo y aplicar políticas que fomenten el trabajo formal, sino que impulsamos, además, medidas que mejoren las condiciones del medioambiente laboral para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida”, afirmó Juan Horacio González Gaviola, titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Entre otras cosas, solicitó a las ART, hace un año, que abonaran en un solo pago y no en cuotas mensuales las indemnizaciones, haciéndose eco de un fallo de la CSJ. Sin embargo, este criterio chocó con el de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que no reconocía los reclamos de los jubilados y los obligaba a iniciar juicios que demoraban –demoran– años en resolverse. La superintendencia planteó que si bien los fallos judiciales sólo beneficiaban a quienes reclamaran, carecía de sentido que las ART no extendieran a todos los trabajadores damnificados los pagos de una sola vez, a fin de no alentar los procesos, con los consecuentes gastos y dilaciones.

A diferencia de los seguros obligatorios de las ART, que cubrían el año pasado a más de 800.000 empresas, se planteó que las compañías que se registraran ofrecieran seguros de responsabilidad civil de accidentes de trabajo a las empresas para cubrir hasta con un millón de pesos las eventuales indemnizaciones decididas por la Justicia ante reclamos superiores a las previstas por las ART.