Apartaron al juez Liporace y los Maggio vuelven al centro de escena

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Luego de reiteradas críticas al magistrado, la Cámara en lo Penal Económico le quitó ayer al juez Carlos Liporace la investigación del caso de las «narcovalijas» por presunta parcialidad en la pesquisa, y dejó abierta la posibilidad de que caigan las faltas de mérito que beneficiaron a los Maggio, dueños de Southern Winds, la empresa por la cual se enviaron casi 60 kilos de cocaína a España.

Los superiores de Liporace se quejaron por sus demoradas actuaciones y aseguraron que ya se le habían vencido todos los plazos procesales cuando finalmente firmó las faltas de mérito para los directivos de SW Juan y Cristian Maggio y Enrique

Montero. El juez jamás avanzó en dirección del secretario de Transporte Ricardo Jaime, el pagador de los subsidios mensuales para SW.

Incluso, le endilgaron a Liporace haber dilatado esas resoluciones con el fin de «destacar supuestas demoras» de la Cámara que, en realidad, «no se ajustan a la realidad», y «polemizar indebidamente».

Liporace parece «más preocupado por manifestarse públicamente y cuestionar al órgano revisor que por profundizar la investigación con el objeto de lograr el esclarecimiento total de los hechos y la individualización de todos los partícipes», dijo la resolución. Así, la Cámara ordenó que hoy se sortee el caso entre los otros siete jueces del fuero para ver quién se hará cargo. Y el magistrado elegido deberá resolver inmediatamente el pedido de recusación contra la fiscal Gabriela Ruiz Morales, indicaron las fuentes del caso.

Conciencia tranquila

Anoche, Liporace aseguró que tiene «la conciencia tranquila» con respecto a su actuación en la causa. Dijo además que espera que el próximo juez de la causa (que se determinará por un sorteo) «continúe la investigación. Rehusó además contestar las causas de su desplazamiento.

El 7 de abril, empleados de SW acusaron a la funcionaria de tener un presunto interés personal en la pesquisa y reclamaron su apartamiento.

Un día después, Ruiz Morales acusó a Liporace de presunto prejuzgamiento, enemistad manifiesta y parcialidad, en una guerra ya declarada entre el juez y los investigadores del Ministerio Público.

Ahora, el escándalo por las «narcovalijas» volvió a tener un nuevo capítulo, cuando los camaristas Roberto Hornos y Marcos Grabivker -con el voto negativo de su par Carlos Pizzatelli- coincidieron en la acusación de la Fiscalía y sostuvieron que «ha quedado constituida una sospecha objetiva de afectación de la imparcialidad del magistrado que justifican su apartamiento».

Al defenderse de los cuestionamientos, Liporace dijo a la prensa que «duermo muy tranquilo con todo lo que he hecho. Yo no soy un personaje; lo importante es que la causa siga adelante, que se siga investigando y que se llegue a la verdad; que lo haga yo u otro juez es absolutamente indiferente».

La lista de jueces del fuero penal económico de la cual saldrá el futuro magistrado de la causa está compuesta por Bernardo Vidal Durand, Julio Cruciani, Julio Speroni, Horacio Artabe, Marcelo Aguinsky, Guillermo Tiscornia y Jorge Brugo.

El 16 de setiembre del año pasado, cuatro valijas que iban destinadas supuestamente a la embajada argentina en Madrid partieron en un vuelo de SW rumbo al aeropuerto de Barajas, en el que viajaba el propio vice de la compañía, Enrique Montero.

Al llegar al aeropuerto nadie retiró las maletas, que finalmente fueron incautadas por la Guardia Civil, y se descubrió que contenían 58,900 kilogramos de cocaína de máxima pureza.

Mientras en España se analiza el delito de narcotráfico, la Justicia argentina abrió un expediente por contrabando agravado, donde están procesados y detenidos varios empleados de SW: el gerente de ventas, Fernando Arriete; el encargado de relaciones públicas en Ezeiza, Walter Beltrame; el supervisor de vuelo, Claudio Baudino, y el jefe de base en el aeropuerto de Madrid, Ariel Tamburrini.

Esta no es la primera vez que la Cámara hace notar su disconformidad con el modo en que se llevó adelante la pesquisa. En dos ocasiones anteriores había confirmado sus resoluciones pero le encomendó llevar adelante diligencias para apuntar hacia «arriba» la pesquisa. El juez no les hizo caso. (DyN y R.Central)

Por qué lo separaron

Esta es la lista de las sospechas que llevaron ayer a la Cámara en lo Penal Económico a separar al juez Carlos Liporace de la investigación por el contrabando de casi 60 kilogramos de cocaína a España.

• Se practicaron citaciones de testigos por medio de letrados de Southern Winds. «No pudo pasar desapercibida al juzgador la particular situación en que se coloca a quien debe declarar verazmente, bajo apercibimiento de incurrir en un delito, y recibe la citación del tribunal que lo convoca no por las vías pertinentes sino de manos de los abogados de personas a las cuales lo vincularían una relación de dependencia laboral y a quienes eventualmente podría llegar a comprometer», dijeron.

• «No se dispusieron los allanamientos» en torno a «todos los sospechosos con la inmediatez que hubiera permitido» acercar a la causa elementos de importancia, mientras que «llamativa y sintomáticamente» se omitieron los procedimientos a los domicilios de Juan y Cristian Maggio, directivos de SW.

• «La formación de actuaciones por separado» que pueden «ocasionar un perjuicio para el adecuado ejercicio de derecho de defensa en juicio».

• «La demora infundada, de más de un mes y medio» en hacer una medida de «significativa importancia: el exhorto internacional» a España para solicitar copias del sumario que se instruye así por la droga.

• Tras la recusación, Liporace siguió con el sumario sin resolver «'por razones elementales de delicadeza' -dijo- las situaciones procesales» de los imputados que, finalmente, terminó dictando el 22 de abril. «Se transgredieron los plazos» para dictar esas medidas que, a la fecha de la recusación, «ya estaban vencidos». Y se buscó «destacar supuestas demoras de esta Sala por lo demás no ajustadas a la realidad», sostuvo el tribunal.

• Las «innecesarias referencias» que hizo el juez a las críticas hechas por la Cámara «que parecen destinadas a polemizar, indebidamente, con las decisiones del órgano revisor». En ese sentido, las justificaciones del magistrado en torno a la falta de pericias a la máquina de rayos X de la empresa TAS.

• Los cuestionamientos públicos que hizo Liporace en público, luego de las resoluciones de la Sala B. Es que, según recordaron los jueces, Liporace había afirmado: «si son tan críticos no sé por qué no me quitaron ya la causa» o «menos mal que la investigación fue errática». (DyN)

Evitó la citación del «pagador» Jaime

El juez Liporace, pese a que a mediados de febrero -cuando el escándalo narcovalijas golpeaba al gobierno- llegó a insinuar que podría citar a declarar al polémico secretario Transporte, Ricardo Jaime; nunca lo hizo. Ese es el principal reclamo de la Cámara cuando lo acusó de no avanzar «hacia arriba», o sea, en dirección al gobierno de Kirchner

Y el juez nunca movió hacia allí, pese a las fuertes sospechas de que se utilizaron fondos públicos para financiar generosamente a una empresa privada presuntamente vinculada al narcotráfico, como es el caso de Southern Winds. Quien disponía los fondos y efectuaba los pagos a esa empresa, era Ricardo Jaime, un funcionario que también fue funcionario de Kirchner durante su gobernación en Santa Cruz.

Aún después de conocido el tráfico de estupefacientes, el Estado continuó financiando el combustible y al personal de SW durante seis meses. A mediados de febrero, presionado por el escándalo, el juez Liporace declaro: «No sé si tengo previsto llamar al secretario de Transporte (Ricardo Jaime), pero en la medida en que sea necesario, no voy a dudar en llamarlo».

Nunca lo llamó. Y así le fue. (R.Central)