Archivaron definitivamente la causa contra el legislador Pablo Barreno

Estaba acusado por "violación del aislamiento obligatorio". Ahora, la parte acusadora afirmó que siempre quiso su archivo.

El Ministerio Público de Río Negro decidió archivar la denuncia contra el legislador Pablo Barreno por violación de aislamiento, planteando la “imposibilidad de proseguir” después que decisiones de jueces “hirieron de muerte” al mencionado legajo. 

En la resolución, los fiscales Juan Pedro Peralta y Maricel Viotti afirman sorprendentemente que su postura siempre fue el archivo y que “proseguir con la acción” implicaría “dar la razón” a la defensa que existe “una persecución política y/o gremial”. 

Esta causa tiene su origen en mayo del año pasado cuando Barreno, también secretario general de Sitrajur Viedma, intentó ingresar a los tribunales viedmenses para una inspección sanitaria. Esta situación fue denunciada por la entonces presidenta del STJ, Liliana Piccinini al Procurador General, Jorge Crespo. Se inició un expediente y su actividad principal se registró este año, empezando con una aceptación del juez Pedro Puntel de una imputación por la violación del aislamiento obligatorio. 

La misma después fue revocada por el juez de Juicio, Guillermo Bustamante, lo cual, derivó en la apelación del fiscal Jefe, Juan Pedro Peralta al Tribunal de Impugnación, pero este cuerpo desestimó ese recurso porque se consideró incompetente. Los fiscales fueron en “queja” y otro juez -Marcelo Chironi- rechazó también la pretensión de continuar con la imputación. 

Al final, el Ministerio Público concluyó con una resolución donde dice “mantener la convicción del desacertado criterio” de los magistrados pero entiende que “la solución es el archivo. No otras alternativas” mientras explica que los jueces no plantearon correcciones y no existe “vía recursiva” para continuar.  

Indica que insistir “sería un contrasentido” porque la Fiscalía siempre “ha querido archivar” este legajo. Agrega que no fue posible porque el imputado Barreno no acordó “por medio de un criterio de oportunidad” y “luego por la aceptación de la formulación de cargos y después por una decisión judicial a nuestro entender arbitraria a punto de no poder ser consentido”. 

“Proseguir -se agrega- cuando se propuso desde primer momento su archivo implicaría dar la razón, ahora con algún sentido, el argumento de la defensa que la actuación del Ministerio Publico” sería una “persecución política y/o gremial”. Concluye que “son inviables las supuestas alternativas” ya que las “decisiones judiciales” “hirieron de muerte el presente legajo”.  

El bloque del Frente de Todos festejó la decisión judicial ya que seguir “significaba un claro acto de persecución política y gremial que hubiera sentado un peligroso precedente”. Los legisladores, que conduce María Eugenia Martini, lamentaron “el tiempo y los recursos invertidos por el Poder Judicial para llevar adelante una causa que era desde su origen descabellada y sólo relevante para” Piccinini, que “personalmente se encargó, a través de la ostentación de su rol, de darle continuidad a un expediente que no podía tener otro destino que el archivo”. 


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