Máxima tensión en la sede nacional del PJ, tras la intervención

José Luis Gioja ratificó que apelará la decisión de la jueza María Servini, antes de retirarse de la sede partidaria.

El aire en la sede nacional del Partido Justicialista se corta con un suspiro. La tensión fue creciendo con el paso de la tarde, luego de que la jueza María Romilda Servini determinara la intervención de la organización política, y designara para ello al sindicalista Luis Barrionuevo.

A esa situación, se suma que durante el cierre de este martes el juez federal de turno Marcelo Martínez Di Giorgi dio aval al allanamiento y desalojo del edificio, donde José Luis Gioja permaneció toda la jornada tras conocerse la noticia.

La medida judicial tiene como principal objetivo dar avance al fallo de Servini, para intervenir el partido y que el gremialista de gastronómicos asuma el nuevo puesto.

Gioja al hablar con periodistas declaró que “no” estaban atrincherados.

Agregó que recibió “la solidaridad de todos los justicialistas del país”, como también de “partidos políticos de Latinoamérica y del partido socialista argentino”.

En declaraciones que realizó minutos antes de retirarse de la sede del PJ, entre los forcejeos de efectivos de la Policía de la Ciudad con periodistas, Gioja sostuvo que el hecho de hablar frente a un cordón policial “es una afrenta a la democracia” y “una bofetada a la libertad de prensa, que debe ser pilar de la democracia argentina”.

Ratificó, además, que durante las primeras horas del miércoles apelarán la resolución judicial.

La medida se generó en un pedido iniciado el viernes último por los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones Peronistas: Carlos Acuña, Guillermo Rojas y Horacio Valdéz, para que la justicia declare “el estado de acefalía” del partido.

Los peticionantes estimaron que “ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito” de conducir el partido y representar a los afiliados.

Tras la medida, las reacciones de los diversos sectores del peronismo fueron de rechazo y denunciaron que se trata de una “maniobra política orquestada por el gobierno nacional”.


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