“La salida de la fruticultura”

A la opinión pública, al Estado rionegrino y a la Justicia, por la fruticultura Han sido muchos los años durante los cuales, en forma individual o desde el Movimiento de Mujeres en Lucha de General Roca, he participado de los difíciles momentos que les ha tocado vivir a los chacareros del Valle, no sólo en la lucha directa para suspender un remate sino aportando ideas para cambiar el triste destino que desde hace tiempo ha marcado a la producción frutícola. He disentido con muchos en los análisis que se hacen de la “crisis” de la fruticultura; hoy sólo quiero hacer llegar mi reclamo a quienes tienen el deber de gobernar y a los que tienen la obligación de impartir justicia, porque los chacareros tenemos “derechos”. Es por eso que exijo a los gobernantes políticas que respeten la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aseguran el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a la alimentación y a la protección contra el hambre mediante el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios. Además, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que consagran la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Debemos asumir y reconocer que los chacareros hemos luchado a lo largo de los años por el reconocimiento del derecho a un precio justo y a una vida digna y por una sociedad más equitativa y libre. El modelo agroexportador de libre mercado que sostiene el neoliberalismo, aún presente, transformó la producción en monopólica, dado que la cadena frutícola se concentró en una sola empresa transnacional. Las transformaciones económicas sufridas por el país en los últimos treinta años han cambiado parte del mapa productivo y la tierra se ha concentrado en pocas manos, llevando a la quiebra y expulsión de los pequeños y medianos productores agrarios y aumentando notablemente la pobreza en las zonas rurales. No es necesario analizar más la situación, sólo reclamo que se respeten mis derechos humanos por parte de Estado, que es el que debe garantizarlos, dado que Argentina ratificó en 1984 los dos pactos internacionales de derechos humanos y la reforma constitucional de 1994 les otorgó rango constitucional. El único que puede violar mis derechos y el de los chacareros de la provincia es el Estado rionegrino, y lo hizo por acción, generando actividades que van en contra de nuestros derechos, como la entrega del puerto de San Antonio, y por omisión, cuando los productores fueron avasallados por las grandes empresas. Es por esto que requiero la intervención del Poder Judicial a los fines de garantizar el cumplimiento de todos los derechos enunciados, así como la declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con la esperanza de que es posible vivir en un país más justo y equitativo espero que quienes tienen responsabilidad de Estado den las soluciones solicitadas. Norma Durante DNI 10.913.112 Roca

Norma Durante DNI 10.913.112 Roca